EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso aceptó ayer tramitar la enmienda de Sumar que blinda el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, pese al informe en contra de los letrados de la Cámara Baja.
- ¿Quién está detrás? El PP, que ha anunciado recurso contra la decisión y acusa a PSOE y Sumar de despreciar el criterio de los servicios jurídicos parlamentarios; y el diputado de Sumar Enrique Santiago, autor de la enmienda.
- ¿Qué impacto tiene? Blinda por vía parlamentaria una medida suspendida de forma cautelar por el Tribunal Supremo y abre un pulso institucional entre los populares y la mayoría que sostiene al Gobierno en la Mesa.
El PP recurrirá la decisión de PSOE y Sumar de tramitar la ‘enmienda pirata’ que blinda la ley de nietos. La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso avaló la admisión a trámite de la enmienda del grupo plurinacional, una modificación que los letrados de la Cámara Baja consideraban ajena al texto legislativo al que se adhiere.
Un informe que la Mesa decide ignorar
El dictamen de los servicios jurídicos parlamentarios, no vinculante, dejaba la decisión en manos de la Mesa. En él se constata que el tenor literal de la enmienda —presentada sin adjuntar justificación alguna— ‘resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar’. Los letrados incidían en que no existe ‘el mínimo punto de conexión material’ entre la propuesta y el proyecto al que se incorpora, un texto sobre educación.
El informe recordaba que, aunque el Reglamento del Congreso no limita el contenido de las enmiendas, la doctrina del Tribunal Constitucional, sí exige que sean congruentes con el objeto y la finalidad de la iniciativa. De no respetarse esa homogeneidad, advertían los letrados, podría apreciarse una vulneración del artículo 23 de la Constitución, el de la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
Fue Vox quien primero registró un escrito para pedir que la enmienda de Sumar no se admitiera a trámite por considerarla, en el argot parlamentario, una enmienda intrusa, es decir, ajena al texto que la acoge. La tesis fue respaldada por los servicios jurídicos de la Cámara Baja, pero el carácter no vinculante del informe dejó la última palabra a una Mesa de la Comisión donde PSOE y Sumar suman mayoría frente al representante del Grupo Parlamentario Popular.
Del Supremo al recurso anunciado por Génova
La maniobra tiene un precedente inmediato en los tribunales. El Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar el derecho de sufragio de los beneficiarios de la norma —salvo para quienes acrediten ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura—, y el diputado de Sumar Enrique Santiago trató de neutralizar esa decisión por vía legislativa, colgando la modificación de un proyecto de ley sobre educación.
Para el PP, el aval de PSOE y Sumar es ‘la aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, estaba al margen de la ley’. Fuentes de Génova añaden que la votación confirma su tesis: que la instrucción del Ministerio de Justicia abrió un supuesto que la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática no contemplaba, hasta el punto de disparar las peticiones de nacionalidad muy por encima de las registradas tras la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Tramitar una enmienda ajena al texto que la acoge es la vía para esquivar en el Congreso lo que el Supremo acaba de frenar.
El argumento popular no se queda en la forma. Génova sostiene que se han recibido muchísimas más solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática que con la norma de 2007, y que ese salto demuestra que la instrucción de Justicia desbordó el mandato legal. Ese es el terreno sobre el que el partido quiere construir el recurso.
El Eje del Poder Popular
La decisión de la Mesa deja al PP en una posición incómoda y, a la vez, reconocible: la de quien no puede frenar por aritmética lo que sí puede impugnar por vía institucional. Génova ya ha confirmado el recurso y reclama amparo en el criterio de los letrados, un argumento que desplaza el foco desde el fondo del asunto —el derecho de voto de los nacionalizados— hacia la forma en que se está tramitando la norma.
En clave territorial, el choque toca a las comunidades con mayor volumen de descendientes de emigrantes españoles, varias gobernadas por el PP. Los barones autonómicos llevan meses reclamando criterios homogéneos en la aplicación de la disposición adicional, y el episodio refuerza su tesis de que la norma se ha gestionado con manga ancha. Alberto Núñez Feijóo ha hecho del rigor jurídico uno de los ejes de su oposición, y este expediente encaja en ese relato.
El flanco con Vox queda, de paso, ordenado: los de Santiago Abascal registraron el primer escrito contra la enmienda y el PP coincide en el diagnóstico, aunque mantenga su propia vía de recurso. El precedente más incómodo sigue siendo el del Supremo: su cautelar no ha sido revocada y el texto que ahora se tramita solo la esquivaría por la puerta parlamentaria.
El siguiente paso llega en ponencia, donde la enmienda se debatirá como el resto de las registradas a este proyecto de ley. Si logra apoyo suficiente, se incorporará al informe que se elevará a la Comisión de Educación; si no, Sumar aún podrá defenderla en comisión o en el Pleno. El PP, mientras, guarda su bala.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Rigor jurídico frente a la chapuza legislativa; el PP como garante de que las leyes no se retuercen para esquivar al Supremo.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) y el Grupo Parlamentario Popular en la Mesa de la Comisión de Educación.
- Próximo hito: El debate en ponencia de la enmienda y el recurso anunciado por Génova contra su tramitación.
