El Tribunal Supremo afronta una cascada de jubilaciones con fecha ya marcada en el calendario, y cada salida abre una vacante que reabre la pugna entre el bloque conservador y el progresista por el control del Alto Tribunal. No es un simple relevo de nombres: están en juego presidencias de sala, mayorías internas y un equilibrio de fuerzas que se arrastra desde hace décadas. Ya hay una fecha consumada, la de la presidencia de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que quedó vacante con la jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva el 13 de julio de 2026.
La lista va de lo concreto a lo estructural: quién se va y cuándo; la regla de los tres quintos del Pleno del CGPJ que fija el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los puestos que cambian de color, con la presidencia de la Sala Tercera como pieza decisiva; el precedente de cuotas entre asociaciones consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001; y el factor que puede tumbarlo todo, un Consejo con el mandato caducado y unos nombramientos expuestos a impugnación, con la Ley Orgánica 4/2021 y las sentencias 128/2023 y 15/2024 del Constitucional como telón de fondo.
2La regla que obliga a pactar: los tres quintos del pleno y quién negocia en la sombra por cada bloque
El nudo de todo el conflicto es una regla de mayoría. El artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige tres quintos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial para proponer el nombramiento de los presidentes de Sala y de los magistrados del Tribunal Supremo. Esa mayoría cualificada se computa sobre la totalidad de los 21 miembros del órgano —veinte vocales más la presidenta, Isabel Perelló—, lo que se traduce en un mínimo de 13 votos. El problema es aritmético: el Consejo está partido por la mitad, con diez vocales de sensibilidad progresista y diez conservadores, de modo que ningún bloque alcanza los 13 por sí solo. El pacto, por tanto, no es una opción política sino una obligación legal, y cuando no llega las plazas quedan desiertas. La del magistrado Miguel Colmenero en la Sala de lo Penal, jubilado forzosamente en abril de 2023, se sacó a concurso en julio de 2025 y sigue sin cubrir; a ella se han sumado ya las de Andrés Palomo y Ángel Hurtado, en junio, y la de Juan Ramón Berdugo, en septiembre.
Como el acuerdo es imprescindible, la negociación real se ha desplazado a equipos reducidos que tantean fuera del Pleno. Por el sector progresista, el negociador de referencia ha sido el vocal José María Fernández Seijo, que pilotó buena parte de los más de cien nombramientos de la cúpula judicial del primer año de mandato y que llegó a presentar su dimisión en octubre de 2025 tras perder el bloque la Comisión Permanente; en el reparto de nombres cerrado en mayo de 2026 figuran junto a él la vocal Esther Erice y Ricardo Bodas. En el bloque conservador, la palanca decisiva es la Comisión de Calificación, en manos de los vocales propuestos por el PP, que filtra las candidaturas —de los 14 juristas iniciales para la plaza de Colmenero apenas descartó dos— y que mantiene el veto a la catedrática Silvina Bacigalupo. En medio, la presidenta Perelló se ha alineado en varias votaciones con los conservadores y conserva el voto de calidad en caso de empate.
