El Tribunal Supremo afronta una cascada de jubilaciones con fecha ya marcada en el calendario, y cada salida abre una vacante que reabre la pugna entre el bloque conservador y el progresista por el control del Alto Tribunal. No es un simple relevo de nombres: están en juego presidencias de sala, mayorías internas y un equilibrio de fuerzas que se arrastra desde hace décadas. Ya hay una fecha consumada, la de la presidencia de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que quedó vacante con la jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva el 13 de julio de 2026.
La lista va de lo concreto a lo estructural: quién se va y cuándo; la regla de los tres quintos del Pleno del CGPJ que fija el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los puestos que cambian de color, con la presidencia de la Sala Tercera como pieza decisiva; el precedente de cuotas entre asociaciones consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001; y el factor que puede tumbarlo todo, un Consejo con el mandato caducado y unos nombramientos expuestos a impugnación, con la Ley Orgánica 4/2021 y las sentencias 128/2023 y 15/2024 del Constitucional como telón de fondo.
4El precedente que todos miran: cómo se repartieron las anteriores vacantes entre las asociaciones
El mapa de las vacantes del Supremo se ha decidido durante décadas por cuotas entre los dos grandes bloques. El sistema, consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001, reservaba a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y a la progresista Jueces y Jueces para la Democracia (JJpD) un reparto proporcional de los nombramientos discrecionales. Ya en 2004 el entonces vocal Alfons López Tena lo bautizó como la lottizzazione a la italiana: ni rodillo ni mérito, sino cupo para cada grupo. Los números lo respaldan. En un mandato de la pasada década, el 60,5% de los nombramientos recayó en afiliados a la APM o a JJpD, pese a que ambas sumaban apenas el 35,75% de los jueces en activo. El precedente se rompió a golpe de mayoría en 2002, cuando los conservadores impusieron sus cuatro candidatos a las cuatro vacantes del Supremo, y se recompuso en 2005 con un pacto a tres quintos para cubrir la Sala de lo Civil.
El espejo más inmediato es el primer gran acuerdo del CGPJ renovado, en enero de 2025. Los dos bloques pactaron por unanimidad 36 nombramientos, 21 de ellos de magistrados del Supremo, tras casi cinco años de bloqueo. La foto de aquel reparto es la que ahora todos releen: 13 vocales de la APM, cinco de JJpD, uno de la Francisco de Vitoria y el resto jueces no asociados o juristas de prestigio. El desequilibrio estaba en el detalle. De los diez candidatos propuestos por el sector conservador, nueve pertenecían a la APM. Los progresistas presentaron once, pero solo cinco eran de su asociación de referencia. Un año después el balance se repite: la APM logró 51 de las 134 designaciones (el 38%), casi el doble que las otras tres asociaciones juntas, frente a 25 de JJpD (19%), ocho de Francisco de Vitoria (6%) y 35 de jueces no asociados.
