El Tribunal Supremo afronta una cascada de jubilaciones con fecha ya marcada en el calendario, y cada salida abre una vacante que reabre la pugna entre el bloque conservador y el progresista por el control del Alto Tribunal. No es un simple relevo de nombres: están en juego presidencias de sala, mayorías internas y un equilibrio de fuerzas que se arrastra desde hace décadas. Ya hay una fecha consumada, la de la presidencia de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que quedó vacante con la jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva el 13 de julio de 2026.
La lista va de lo concreto a lo estructural: quién se va y cuándo; la regla de los tres quintos del Pleno del CGPJ que fija el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los puestos que cambian de color, con la presidencia de la Sala Tercera como pieza decisiva; el precedente de cuotas entre asociaciones consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001; y el factor que puede tumbarlo todo, un Consejo con el mandato caducado y unos nombramientos expuestos a impugnación, con la Ley Orgánica 4/2021 y las sentencias 128/2023 y 15/2024 del Constitucional como telón de fondo.
5El factor que puede tumbarlo todo: un CGPJ con el mandato caducado y el riesgo de que los nombramientos se impugnen
El diseño legal que salió del último bloqueo es lo que puede dinamitar cualquier acuerdo. La Ley Orgánica 4/2021, avalada por el Tribunal Constitucional (SSTC 128/2023 y 15/2024), recortó las competencias del CGPJ cuando sus vocales agotan el mandato: un Consejo «en funciones» no puede proponer el nombramiento del presidente del Supremo ni de los presidentes de sala y magistrados del alto tribunal. El resultado de casi seis años con el mandato caducado (de diciembre de 2018 hasta la renovación de 2024) fue un tapón de vacantes: solo en el Supremo llegó a haber 25 plazas sin cubrir, cerca del 30% de su plantilla. Si el pulso por las jubilaciones inminentes vuelve a enquistarse y el Consejo caduca otra vez, ese mecanismo no solo retrasaría las sustituciones: las congelaría de raíz.
Aun con el mandato vigente hasta 2029, los nombramientos del CGPJ quedan expuestos a los tribunales. La Sala Tercera del Supremo ya ha anulado por falta de motivación una designación discrecional del Consejo de Isabel Perelló —la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, aprobada en julio de 2025 y tumbada en mayo de 2026— y ha obligado a repetir el acuerdo. El aviso es doble: las plazas más sensibles, las presidencias de la Sala Penal y de lo Contencioso y las vacantes que dejarán quienes se jubilen, pueden acabar impugnadas, y el pleno, partido 10-10, exige 13 votos para sacarlas adelante. Con ese equilibrio, cada designación forzada es un recurso en potencia.
