El Govern prepara una ley de pymes en Cataluña para que las pequeñas empresas pasen a medianas y las medianas, a grandes. El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha fijado dos objetivos cuantificables: 2.000 exportadoras habituales más y 3.500 empresas más con filiales en el exterior.
El anuncio llegó durante el foro BCN Desperta!, celebrado en Casa Seat, y Sàmper lo resumió en una frase: ‘Queremos que las empresas crezcan’. Detrás del titular late una reclamación que la patronal Pimec arrastra desde hace años y que el departamento de Empresa y Trabajo asume ahora como norma propia.
El diagnóstico: 5,5 empleados por empresa frente a los 12,2 de Alemania
El argumento del conseller es comparativo. Alemania o Reino Unido ‘no tienen mejores empresas que las catalanas, sino más grandes’, sostuvo. Los promedios le dan margen de sobra: la compañía media alemana emplea a 12,2 personas y la catalana se queda en 5,5 trabajadores.
Esa brecha no es estética. Condiciona la capacidad de invertir, de abrir mercados y de aguantar un ejercicio malo. Sàmper recurrió a la lógica del riesgo repartido: las firmas con filiales fuera reparten el golpe entre varios países. ‘Si tienen problemas en España, pero tienen fábricas fuera, su capacidad de resistencia es más alta’.
En paralelo, el conseller puso en valor el comercio exterior catalán: la comunidad encadena tres cursos por encima de los 100.000 millones de euros exportados, alrededor de un tercio del PIB catalán, y lo ha hecho con la guerra en Oriente Medio y la peste porcina como lastre.
Una economía con miles de empresas diminutas no es una economía diversificada: es una economía frágil con muchas puertas.
Pimec lo pedía desde hace años: quién paga el salto de tamaño
La norma exigirá músculo presupuestario y ahí entra Acció, la agencia pública de competitividad. Nació en 1985 con una sola oficina en Tokio y hoy suma 38 delegaciones repartidas por el mundo, según la información institucional que la Generalitat publica en su portal. Es la herramienta con la que el Govern quiere acompañar en en el exterior a las pymes: Canadá, Australia, Filipinas, México, Japón o India, aprovechando el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el país asiático.
Estados Unidos sigue en la lista de mercados prioritarios. ‘Un mercado que seguirá siendo importantísimo’, apuntó Sàmper, pese a los vaivenes de la Casa Blanca. Lo que no dio el conseller es el calendario ni la dotación económica de la ley. De momento, es un anuncio.
El enfoque es estructural. El Govern no promete ayudas directas: promete cambiar el esqueleto del tejido productivo. Un discurso que Pimec comparte y que, en clave política, permite al departamento de Empresa reivindicar una política industrial propia con nombre y apellidos catalanes.
El Pacte Nacional per a la Indústria y el 25% del PIB: la letra pequeña que falta
Sàmper defendió que la industria genera más resiliencia, mejores sueldos y menos rotación, y que es el sector que mejor distribuye la riqueza. De ahí la meta de que en 2030 el 25% del PIB catalán proceda de la actividad industrial, con el Pacte Nacional per a la Indústria —dotado con 5.000 millones de euros— como paraguas. La cifra es ambiciosa para un territorio que lleva años lejos de esa cota.
Lo que observamos es que el anuncio llega con dos debilidades. La primera es competencial: el comercio exterior y la política comercial son materia estatal, y las delegaciones de Acció en el extranjero han sido históricamente uno de los focos de fricción entre la Generalitat y Moncloa por la acción exterior. La segunda es presupuestaria. Sin partida confirmada, una ley de crecimiento empresarial corre el riesgo de quedarse en un marco declarativo. El papel lo aguanta todo.
El recorrido parlamentario tampoco será un trámite. El proyecto deberá pasar primero por el Consell Executiu y después por el Parlament, donde el Govern necesita acuerdos para sacar adelante cualquier norma con impacto en el tejido productivo. Otras comunidades llevan años con programas específicos de apoyo a la mediana empresa y agencias propias de atracción de inversión. Cataluña llega a esa casilla con el envoltorio de una ley y con Pimec vigilando cada paso.
El siguiente hito está por escribir: ni fecha de aprobación en el Consell Executiu, ni texto articulado, ni consignación en los próximos presupuestos de la Generalitat. Hasta entonces, la ley de pymes en Cataluña es una intención con dos cifras redondas colgadas del titular.
