La financiación de la UE a Ucrania vuelve a tropezar con la condicionalidad. Bruselas ha rechazado la petición de Kiev de acelerar el desembolso con el que pretende tapar un hueco de defensa de 27.000 millones de dólares, y lo ha hecho con una advertencia sobre una enmienda que debilitaría el escrutinio anticorrupción.
La información la publica el Financial Times y la recoge RT. Según ese relato, los responsables comunitarios han encendido las alarmas ante una disposición que los legisladores ucranianos han colgado de un proyecto de ley sobre fiscalidad de plataformas digitales. La enmienda limitaría a un solo año el escrutinio financiero reforzado sobre las personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) una vez que abandonan el cargo.
Kiev lleva semanas presionando para que Bruselas adelante parte del préstamo de 90.000 millones de euros reservado para 2027. La urgencia tiene fecha: en agosto, Zelensky trasladó a sus socios europeos que Ucrania no lograba cerrar el hueco de 27.000 millones de dólares en defensa. Ese desfase, según la versión que recoge el diario británico, sorprendió a los propios funcionarios europeos, que en privado dudan de que la cifra sea exacta y de que Kiev gaste con eficiencia.
En público, Bruselas nunca ha validado ese número. La portavoz de la Comisión, Paula Pinho, lo dijo esta misma semana con una claridad incómoda: ‘nunca habíamos dicho que hubiera un hueco financiero’. Sus palabras chocaban de frente con las de Zelensky, que un día antes había exigido a Occidente cubrir el déficit ‘porque les estamos defendiendo’.
El comunicado conjunto que la UE y Ucrania difundieron tras las conversaciones en Bruselas tiene su propia elocuencia por omisión: no menciona en ningún momento los 27.000 millones. Se limita a señalar que las partes han ‘identificado los medios para cubrir las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania para 2026’ y han ‘reconfirmado los pasos necesarios para garantizar su liberación puntual’.
Un hueco de 27.000 millones que una parte reclama y la otra no reconoce resume el nuevo pulso entre Kiev y Bruselas.
Los 34.000 millones de este año siguen atados a las reformas
El acceso a buena parte del dinero disponible este año —34.000 millones de euros— sigue condicionado a reformas que, en muchos casos, están atascadas. Entre ellas figuran las nuevas reglas fiscales para las plataformas digitales y los cambios en el tratamiento del IVA aplicado a las importaciones de bajo valor. Bruselas no lo esconde: la financiación va por delante, pero el cumplimiento va detrás.
La condicionalidad no es nueva. El precedente más cercano es el rescate griego de 2010, cuando la troika ató cada tramo de ayuda a recortes verificables. Desde 2022, Bruselas ha aplicado esa misma lógica a Ucrania, convencida de que el dinero sin contrapartidas se diluye. El problema es que un método pensado para una reconstrucción ordenada se topa ahora con una urgencia militar que no admite calendarios administrativos.
De ahí el pulso. Kiev quiere rapidez porque enfrente tiene una guerra; Bruselas quiere garantías porque ha visto demasiados escándalos. Y en medio, una cifra que se ha convertido en campo de batalla de una discusión mayor: a quién corresponde pagar la factura y con qué controles.
La enmienda que podría blindar a los antiguos altos cargos
En una carta que cita el Financial Times, los comisarios Valdis Dombrovskis y Marta Kos trasladaron su preocupación por una provisión que los diputados ucranianos habían adjuntado a un proyecto de ley ajeno. La enmienda haría obligatorio el escrutinio financiero reforzado de las personas políticamente expuestas solo durante un año después de dejar el cargo. Para los comisarios, ‘evitar cualquier debilitamiento del marco ucraniano sobre las PEP’ es ‘esencial’.
El temor tiene fundamento. Ucrania arrastra una serie de escándalos de corrupción, y el mayor apunta al operador nuclear estatal Energoatom, donde se investiga un presunto esquema de comisiones ilegales de 100 millones de dólares supuestamente liderado por Timur Mindich, antiguo socio de negocios de Zelensky. Un alto diplomático europeo lo resumió con dureza: ‘No puedes meter en la UE a un país de 40 millones de habitantes que está en el puesto 104 de la lista mundial de corrupción’.
Equilibrio de Poder
La lectura que hacemos desde aquí tiene tres capas. La primera es transatlántica: la administración Trump ha dejado claro que Europa debe cargar con el grueso del sostén a Ucrania, y la Comisión Europea responde apretando las clavijas a Kiev en lugar de a Washington.
La segunda es rusa. Moscú observa con interés cualquier fisura entre Kiev y sus financiadores, porque cada retraso en el desembolso alimenta el relato del Kremlin sobre una Ucrania sostenida con alfileres. La tercera es europea, y quizá la más incómoda: una Unión que promete apoyo indefinido mientras exige reformas que su socio no acaba de aprobar.
Para España, este forcejeo tiene dos derivadas. La primera es presupuestaria: cada euro que Bruselas condiciona o retrasa pesa sobre sobre el Marco Financiero Plurianual, y España es contribuyente neto en una Unión que ya negocia cómo reparte el coste del apoyo a Kiev. La segunda es estratégica: una Ucrania financieramente inestable debilita la posición de Europa entera, y ese pulso se libra tanto en el Donbás como en el Mediterráneo y el Sahel.
La lectura a cinco años es incómoda. Si la condicionalidad se mantiene, Ucrania tendrá que elegir entre acelerar reformas dolorosas en plena guerra o admitir que no puede pagar su defensa sola. Si Bruselas cede, erosiona el principio que ha sostenido toda su arquitectura de ayuda y legitima la sospecha de que el dinero se pierde por el camino. Ninguna de las dos salidas es gratis.
El siguiente hito lo marca el calendario financiero. El desembolso vinculado al préstamo de 90.000 millones de euros para 2027 obligará a la Comisión a pronunciarse sobre el estado real de las reformas, incluidas las que tocan la fiscalidad digital y el IVA de los envíos de bajo valor. Hasta entonces, los 27.000 millones seguirán sin confirmación oficial.
