Vox exige control migratorio en Ceuta después de que la Policía Nacional haya iniciado con blindados el desalojo del asentamiento del Trampolín. Más de 30 furgones policiales y tres vehículos blindados han tomado la playa a primera hora de este domingo, en una operación por fases que la Jefatura Superior de Policía de Ceuta calcula sobre más de 3.500 ocupantes.
Qué exige Vox y con qué argumentos
La reacción del partido que preside Santiago Abascal no es nueva. Vox reclama desde 2021 el control de la inmigración irregular y sostiene que asentamientos como el de la playa del Trampolín son la consecuencia previsible de la falta de control de fronteras. La dirección nacional defiende en cada crisis migratoria la misma secuencia: vigilancia efectiva del perímetro, expulsión de quienes se encuentran en situación irregular y medios suficientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El asentamiento se había convertido en uno de los principales focos de tensión de la crisis migratoria desatada el pasado 31 de julio. El agua de la zona ha sido declarada contaminada por E. coli mientras los ocupantes la seguían utilizando para bañarse y lavar utensilios, y el tramo más próximo a la planta desalinizadora está considerado una instalación estratégica. El partido subraya que el desalojo se ejecuta por fases porque no existe capacidad para trasladar de una sola vez a todos los ocupantes.
Benítez es la baza que Vox utiliza para sostener que la salida es viable. Allí se desmontó un asentamiento de algo más de 300 personas y la inmensa mayoría optó por regresar voluntariamente a Marruecos. La diferencia de escala es, no obstante, notable: el asentamiento de El Trampolín multiplica esa cifra por diez.
El operativo, la reacción del Gobierno y la letra pequeña del calendario
El Ministerio del Interior ha movilizado unidades de intervención llegadas de distintos puntos de España, además de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción y agentes de Información. Los tres blindados —dos vehículos blindados medios sobre ruedas y un vehículo de alta movilidad táctica— están adscritos a las Unidades de Intervención Policial. La operación arrancó en torno a las 7:30 horas y ha incluido el cierre de accesos para evitar fugas hacia el monte.
El desalojo del Trampolín cierra la imagen más incómoda de la crisis migratoria, pero no resuelve la pregunta que Vox repite desde 2021.
Ángel Víctor Torres, ministro al frente del mando único en Ceuta, había fijado el 15 de octubre como fecha límite para dejar la playa desalojada. La Policía ha decidido empezar antes, pero la falta de plazas de acogida obliga a ejecutar el operativo por fases. Los trasladados serán conducidos en autobuses hasta el CATE —el Centro de Atención Temporal de Extranjeros—, donde se practicará el triaje a quienes así lo deseen, y podrán optar por regresar a Marruecos por la frontera.
La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio para proteger la desalinizadora mediante la limpieza del asentamiento y el posterior perimetrado de la zona, con el objetivo de impedir que vuelvan a instalarse tiendas. Los alrededores de la desalinizadora de Benítez ya están vallados desde el desalojo del pasado martes.
La lectura estratégica: el pulso migratorio que Vox juega contra el Gobierno y contra el PP
Vox lleva cinco años situando la política migratoria en el centro de su agenda. Desde mayo de 2021, cuando la relajación del control fronterizo por parte de Marruecos derivó en una llegada masiva a la ciudad autónoma, el partido ha convertido la inmigración en uno de sus ejes de confrontación con el Gobierno y, por la derecha, con el PP. El pulso que hemos venido describiendo entre ambas formaciones se juega también en cada operativo como el de este domingo.
El dato que subraya la oposición es la magnitud del desafío. En Benítez fueron algo más de 300 personas; en El Trampolín, más de 3.500. El propio ministro había prometido el desalojo total para el 15 de octubre, y el arranque anticipado no evita que la operación se ejecute por fases ni despeja qué ocurrirá con quienes sean trasladados. Sin un control efectivo de la frontera, la playa volverá a llenarse de tiendas: es la tesis que el partido repite desde 2021.
Por delante queda completar el desalojo antes del 15 de octubre y blindar el perímetro de la desalinizadora, la misma fórmula que ya se aplicó en Benítez. La presión política, en paralelo, seguirá en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Parlamentario VOX mantiene su exigencia de un plan de control de fronteras y de expulsión de quienes se encuentran en situación irregular. Es la misma reclamación de 2021, con un escenario distinto y 3.500 personas sobre la arena.
