El dosier interno del PP contra Pérez Llorca abre nuevas vías de investigación y desnuda la guerra civil de los populares valencianos.
No es un informe cualquiera. Lo encargó un investigador privado y ha ido pasando de mano en mano dentro del partido hasta convertirse en el papel más incómodo que ha aterrizado en Génova en años. La dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo ha aparcado la designación de Juan Francisco Pérez Llorca como cartel electoral del PP valenciano, y eso, en un partido que gobierna la Generalitat Valenciana, es mucho más que un aviso.
Qué acredita el dosier y qué no resiste el menor examen
El grueso del documento se concentra en Finestrat, el municipio de la Marina Baixa donde Pérez Llorca fue concejal de Urbanismo y alcalde entre 2007 y 2025. El dosier acredita una veintena de propiedades del president y de su familia, y las cruza con su etapa municipal. La sociedad Rancallosa I SL, de la que es accionista, adquirió cuatro parcelas rústicas entre 2013 y 2020, justo los años en los que él gestionaba el urbanismo del ayuntamiento.
Ahí aparece el decreto de consulta pública del Plan General Estructural (PGE) de Finestrat, firmado el 5 de noviembre de 2025, unas semanas antes de tomar posesión como president de la Generalitat, el jefe del ejecutivo autonómico. El plan sigue bloqueado y la oposición municipal socialista habla de una tramitación opaca. Al no estar aprobado, ningún propietario ha consolidado derechos, pero si alguna de esas parcelas acabara pasando de rústica a urbanizable, el conflicto de interés sería difícil de explicar. El dosier añade otro episodio: la adjudicación de las obras de reurbanización de la avenida de Benidorm, firmada por él cuando las sociedades familiares tenían terrenos colindantes.
Hay más capítulos. El documento alude a supuestos seguimientos a David Serra, el exdiputado autonómico del PP condenado en el caso Gürtel cuyo despacho fue adjudicatario de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat, en encuentros con Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat y hombre del círculo próximo al president. Serra reconoció que se había visto con Ivorra en la taberna La Raspa. Los empresarios que supuestamente participaron en esos encuentros siguen sin nombre.
El dosier mezcla paja y grano. La parte más burda es la que atribuye “patrimonio extranjero opaco” a David Serra y a su mujer, la vicepresidenta segunda de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), Magdalena González La Red. La prueba es un importe de 447,47 euros soportado en el extranjero por una de sus mercantiles y sujeto a la deducción por doble imposición internacional. De ahí el informe salta, “a título indicativo”, a posibles fondos en Andorra, Luxemburgo, Países Bajos o Reino Unido. Nada acreditado. El contencioso con el empresario hispano-ruso Konstantin Viktorovich Sokolov Medvedev por el hotel Allon Mediterrània de la Vila Joiosa ocupa un solo párrafo, con un aviso del propio autor contra el sensacionalismo.
Entre manos populares, un informe sin pruebas firmes ha hecho más daño que cualquier resolución judicial.
Una candidatura con vía de agua y un partido que no se fía de nadie
Ya no es solo un problema interno. El PSPV-PSOE ha anunciado que llevará el informe ante la Fiscalía Anticorrupción, y hay entidades vinculadas a la extrema derecha que pugnan por conseguir una copia para plantarla en un juzgado. Algunas fuentes del partido aseguran, además, que existe un segundo dosier sobre Pérez Llorca que ya ha aterrizado en la calle Génova. La guerra no es solo valenciana: es una crisis que Feijóo no puede desactivar desde Madrid.
En el PP valenciano nadie se fía de nadie. El entorno del jefe del Consell apunta a una supuesta entente entre Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y el expresident Francisco Camps. Ambos niegan haber instigado el dosier.
Las quejas se extienden al eurodiputado Esteban González Pons y a los diputados Fernando de Rosa y Macarena Montesinos, muy próxima al expresident Carlos Mazón, a quienes el entorno del president acusa de erosionar su imagen ante la dirección nacional.
El Escenario Valenciano
En Valencia, el dosier ha caído como una losa sobre el Consell (el gobierno autonómico), que navegaba con cierta calma. Pérez Llorca ha aprobado un presupuesto con el apoyo de Vox y ha rebajado algo la tensión social que dejó la gestión de la DANA, la riada de octubre y noviembre de 2024, pero no ha logrado lo mismo dentro de su propio partido. La oposición, con el PSPV y Compromís, ya tiene material nuevo para las Corts. El expresident Carlos Mazón, hoy diputado autonómico, sigue inmerso en el proceso judicial por la catástrofe. El pacto con Vox aguanta, por ahora.
La dimensión nacional es inevitable. El informe pasa de puntillas por los contratos de emergencia de la DANA adjudicados bajo la batuta de Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras, a quien atribuye casi 60 millones de euros entregados desde la empresa pública de aguas EPSAR a “empresas vinculadas a la órbita PP” cuando era su director gerente. No aporta pruebas y se escuda en una fórmula ambigua sobre la “corresponsabilidad institucional” del president. Como buena parte de la reconstrucción se paga con fondos del Gobierno central y de Bruselas, cualquier sombra sobre esas adjudicaciones acaba antes o después en el Congreso. Tampoco es la primera vez que una guerra interna valenciana salpica los tribunales: el caso Gürtel ya marcó una época en el partido.
Queda por ver si el president ataja el problema con explicaciones o deja que crezca. El calendario aprieta: el PGE de Finestrat sigue bloqueado, la Fiscalía Anticorrupción tiene sobre la mesa una petición socialista y las próximas elecciones autonómicas no pueden celebrarse más tarde de 2027. En política valenciana, los dosieres no se archivan: se acumulan.
Ficha del Caso
- El caso: Un dosier encargado a un investigador privado circula por el PP valenciano y cruza el patrimonio inmobiliario de Pérez Llorca en Finestrat con su etapa como alcalde y concejal de Urbanismo.
- Datos importantes: Rancallosa I SL compró cuatro parcelas rústicas entre 2013 y 2020; el decreto del PGE de Finestrat se firmó el 5 de noviembre de 2025; el informe cifra en casi 60 millones los contratos de EPSAR a empresas afines.
- Resumen: El documento ha frenado la designación del president como candidato, ha abierto la puerta de la Fiscalía Anticorrupción y ha agravado la guerra interna del PP con Génova como árbitro.
