La patronal extrahotelera de Las Palmas señala al PSOE por convertir la residencialización turística en arma electoral. Fernando Estany, presidente de los Extrahoteleros y vicepresidente de la FEHT (la federación hostelera de la provincia de Las Palmas), sostiene que los partidos que defienden que las camas turísticas puedan ser viviendas «solo buscan subir en votos».
El sector cerró filas esta semana en torno a él, tras un arranque de año en el que su propuesta interna no pasó del 30% de apoyos. Las patronales turísticas de las islas han presentado un escrito conjunto contra la proposición del PSOE para liberalizar los usos de los apartamentos, mientras el Gobierno de Canarias ultima su propio decreto. Dos maneras de mirar el mismo problema.
El decreto que ya camina y la propuesta que lo desordena
Quienes demuestren haber residido en sus apartamentos antes del 1 de enero de 2017 podrán quedarse. La fecha marca la frontera entre comprar a ciegas y comprar avisado. A partir de ahí, las unidades dadas de alta como vivienda vacacional antes del 13 de diciembre de 2025 podrán comercializarse por libre si cubren los gastos comunes del complejo; quien no lo haga perderá la signatura (la licencia que permite ofertar en las plataformas de reserva).
La propuesta socialista va en otra dirección: permitiría retirar cualquier unidad del circuito turístico en cualquier momento. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria citado por la patronal cifra en 88.000 empleos el riesgo para el sector. Estany rebaja las cifras sobre los afectados: no son 70.000 personas, asegura, sino 17.000. En un municipio como San Bartolomé de Tirajana, ese volumen basta para decidir quién gobierna.
El decreto da tres meses para que los explotadores negocien con cada propietario su entrada en la unidad de operación. Sin acuerdo, la unidad sale del complejo por libre. Para quien no firme, no venda por su cuenta y tampoco pueda acogerse a la residencia anterior a 2017 se abre un régimen sancionador de hasta el 10%, repetible mes a mes hasta corregir la situación. El texto reconoce además una reserva de uso del propietario de hasta seis meses.
En Canarias ya nadie discute si hay que ordenar las camas turísticas; la pelea es quién asume el coste político de hacerlo.
Las reacciones no se han hecho esperar. Coalición Canaria, socio de gobierno, mantiene la duda y prepara en el municipio una ordenanza provisional que plantearía la residencialización por etapas. Estany anuncia tribunales si sale adelante. En el lado contrario, reconoce la «valentía» de la consejera de Turismo, Jéssica de León, por tramitar el decreto pese al desgaste político.
Nueve años de normas y una pregunta sin cerrar
El origen es anterior. Todo el frente turístico del sur de Gran Canaria se diseñó con el Conde de la Vega Grande como referencia: lo que quedaba por debajo de la carretera GC-500 se declaró suelo turístico en el Plan General de 1996. La Ley de Modernización y Renovación de 2013 obligó a inscribir el uso turístico en la escritura de compraventa, y la ley de 2017 consolidó a quienes ya vivían allí.
Según el sector, muchos compradores extranjeros no recibieron información completa y los ayuntamientos no hicieron respetar la norma. El uso turístico, insisten, nunca fue reversible. Estany rechaza el uso mixto: el residente quiere descanso, el turista viene de vacaciones y ambas lógicas chocan en la misma piscina. Su comparación es explícita: estos complejos son para Canarias lo que la industria para el País Vasco.
Hay, sin embargo, una lectura social que el sector reconoce a medias. La emergencia habitacional empuja a miles de familias a buscar techo. Frente a quienes comparan estos casos con los desahucios que llenan titulares nacionales, Estany responde que nadie anterior a 2017 saldrá de su casa. Las cifras no mienten.
El Pulso Territorial
El Ejecutivo canario es una coalición desde 2023: Coalición Canaria ocupa la Presidencia y el PP gestiona áreas sensibles, entre ellas Turismo. Esa arquitectura explica parte del ruido. El decreto nace del Gobierno, pero depende de ayuntamientos, gobernados por fuerzas distintas, y del Parlamento de Canarias (la cámara autonómica, con 70 escaños), con las elecciones de 2027 ya en el horizonte.
La comparación con otras comunidades turísticas ilumina el caso. En Baleares el debate gira en torno al techo de plazas; aquí, en qué hacer con las camas que ya existen sobre suelo urbano consolidado. El turismo aporta en torno a un tercio del PIB canario, según las cuentas del Instituto Nacional de Estadística. Cualquier cambio de reglas mueve a la vez vivienda e industria.
Lo que viene depende de dos calendarios. El administrativo: tres meses de negociación unidad por unidad una vez aprobado el decreto, con sanciones y litigios por delante. El electoral: con las municipales y autonómicas de 2027 cerca, cada formación mide el coste de cada promesa. La patronal ya ha advertido de que acudirá a los tribunales si las ordenanzas abren la puerta a la residencialización por etapas.
Ficha Autonómica
- El caso: El sector extrahotelero de Las Palmas rechaza que los apartamentos turísticos se conviertan en viviendas y acusa al PSOE de buscar votos con la residencialización, mientras el Gobierno canario tramita su propio decreto.
- Datos importantes: El texto consolida a quienes residían en sus apartamentos antes del 1 de enero de 2017 y permite comercializar por libre si se cubren los gastos comunes. La patronal cifra en 88.000 los empleos en riesgo y en 17.000 las personas afectadas en San Bartolomé de Tirajana.
- Resumen: El decreto sigue en tramitación y abrirá tres meses de negociación por complejo. Coalición Canaria estudia una ordenanza por etapas en San Bartolomé de Tirajana y la patronal amenaza con los tribunales.
