Roberto Rivas, el bombero de A Coruña que en 2013 se negó a cortar la cadena de un desahucio, vuelve a la primera línea. Trece años después, sostiene que la burbuja inmobiliaria estallará y que la solución «estará en la calle».
El día en que un bombero dijo no a un desahucio
La historia comenzó en un portal del centro de A Coruña. Allí vivía Aurelia, de 85 años, y allí llevaban días de guardia los activistas de Stop Desahucios esperando a la comisión judicial. Al bombero al que le encargaron cortar la cadena que bloqueaba el acceso le pusieron un casco y un uniforme delante de sus principios. Se negó.
La negativa le costó una multa de 900 euros por «alterar el orden público». Fue la Policía Nacional la que lo denunció por tratar de provocar reacciones en la calle, algo que él siempre defendió como falso. El Ayuntamiento de A Coruña, su empleador, jamás lo sancionó. Rivas sigue siendo bombero en la ciudad y atiende a la prensa desde su casa en una aldea de Carballo, a más de 30 kilómetros.
Rivas no estaba solo aquel día. Formaba parte de Stop Desahucios, y lo repite: cualquiera de sus compañeros habría reaccionado igual, porque no separa su actuación personal de la profesional. De aquella controversia nació después la plataforma estatal Bomberos Contra los Desahucios, que redactó protocolos sobre qué hacer cuando el trabajo consiste en echar a alguien de su casa.
Hoy, el desalojo de Maricarmen le ha hecho revivir todo «con lástima». «Pasaron trece años de aquello y no solo estamos en las mismas, sino que parece que vamos hacia atrás», dice. Para él, el nuevo caso vuelve a ser un punto de inflexión.
Trece años después de aquel gesto, el diagnóstico del bombero es incómodo: no solo no se ha avanzado en vivienda, sino que el país camina hacia atrás.
Su receta no es nueva, pero la repite con insistencia: gravamen sobre las viviendas vacías, un registro público que obligue a cederlas al alquiler, impuestos crecientes a partir de la tercera propiedad,, y una mirada a los fondos buitre y a la Sareb. «Si los bienes inmuebles se dejan a la especulación y al capitalismo salvaje, se produce un desastre», afirma. También apunta a las propiedades de la Iglesia, «con todas esas casas rectorales abandonadas».
Sobre los decretos que el Gobierno llevó al Congreso y fueron tumbados, mantiene la misma desconfianza: «Ya tenía una sensación de que podía ser otra oportunidad perdida». Califica de «parches» las prórrogas de alquileres y las medidas antidesahucios, y defiende incluso una huelga general de inquilinos para forzar un cambio de reglas.
Del portal de A Coruña al debate nacional sobre la vivienda
El caso de Rivas interpela a dos administraciones a la vez. A la local, porque fue un ayuntamiento el que le pagó la nómina mientras él desobedecía una orden judicial. Y a la autonómica y estatal, porque en Galicia, como en el resto de España, la vivienda es el asunto que más cuesta bajar al detalle. Los bomberos son el último eslabón de una cadena que empieza en un juzgado y termina en la calle.
La plataforma que ayudó a crear insiste en una idea simple: el problema no es de un cuerpo concreto, sino de un sistema que convierte a funcionarios en ejecutores de desalojos. Rivas recuerda que desde 2013 hubo «cientos, miles de desahucios» y que ningún gran acuerdo político ha logrado frenarlos. La solución, dice, está en la calle y no en el escaño.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG, y su modelo ha funcionado más de una vez como escaparate de lo que después se propone para toda España. Con Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela), con el BNG de Ana Pontón como primera fuerza de la oposición y con el PSdeG en tercer lugar, el Parlamento de Galicia es el foro donde mejor se mide cuánto de laboratorio tiene la política autonómica.
La vivienda es hoy uno de esos terrenos. El problema gallego tiene un eje doble: la tensión del alquiler en las ciudades y un parque enorme de viviendas vacías en el rural, muchas heredadas y sin uso. La Xunta diseña sus planes autonómicos mientras el Ayuntamiento de A Coruña gestiona el día a día de casos como el de Rivas. Dos administraciones, dos velocidades, un mismo problema sin resolver.
La lectura nacional es inevitable. Cada vez que Galicia afronta un asunto de calado social —la sanidad, la fiscalidad o ahora la vivienda—, lo que allí se decide se observa desde Madrid como un ensayo de lo que el PP podría aplicar en el conjunto del país. Y al revés: movimientos como el de los bomberos llevan años exportando fórmulas al resto de España.
Queda por ver si el asunto vuelve con fuerza al próximo pleno del Parlamento de Galicia y si los grupos logran acuerdos más allá de la bronca política. La incógnita es la de siempre: si la solución llegará desde el escaño o, como sostiene Rivas, desde la calle. Mientras tanto, los desahucios siguen sumando casos y el debate, sumando discursos.
Ficha del Caso
- El caso: Roberto Rivas, bombero de A Coruña, se negó en 2013 a cortar la cadena de un desahucio y fue multado. Trece años después, alerta de que la burbuja de la vivienda estallará.
- Datos importantes: multa de 900 euros; denuncia de la Policía Nacional; el Ayuntamiento de A Coruña nunca lo sancionó; impulsó la plataforma estatal Bomberos Contra los Desahucios.
- Resumen: su testimonio reabre el debate sobre vivienda y desahucios en Galicia, un asunto que conecta con la política nacional y con el papel de las administraciones local y autonómica.
