Tres juzgados de Huelva investigan a los alcaldes del PP de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana por presuntos amaños en festejos taurinos.
Tres querellas y un mismo patrón: pliegos «a medida»
Las diligencias previas se abrieron entre febrero y abril en los juzgados de Instrucción de Huelva, Moguer y Aracena, y las tres parten de las querellas presentadas por Emilivia Espectáculos S.L., una empresa dedicada a la organización y gestión de espectáculos taurinos. Los procedimientos siguen en fase de instrucción, no existe todavía ninguna condena y todos los investigados son inocentes hasta que se resuelva lo contrario.
En Beas, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. El juez apunta a un posible delito de prevaricación administrativa y ha reclamado al Ayuntamiento el expediente de los festejos taurinos de agosto de 2025, la documentación del pago de 145.200 euros a Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. y el historial de adjudicaciones desde 2016. La acusación sostiene que los pliegos se vienen diseñando desde hace más de diez años para que solo resulte adjudicataria esa mercantil.
En Palos de la Frontera, la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer admitió la querella el 22 de abril. Según el escrito de la querellante, los festejos de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de forma ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, cuando se inauguró la plaza municipal: 36 licitaciones y una única adjudicataria en 18 años. Figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero Artero; el exalcalde y hoy senador del PP Carmelo Romero Hernández, y el concejal Ricardo Bogado Gómez.
En Cortegana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aracena investiga un supuesto delito de apropiación indebida. El objeto es una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en la adjudicación de los festejos de septiembre de 2023 y que, según la querella, el Ayuntamiento retuvo durante más de dos años pese a las reiteradas peticiones de devolución. La acusación atribuye esa retención a una supuesta represalia por los conflictos contractuales previos.
El rastro administrativo de las tres causas conduce al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que anuló varios pliegos y procedimientos por irregularidades. En el caso de Beas, una resolución de 26 de septiembre de 2025 apreció un «flagrante incumplimiento» de la Ley de Contratos del Sector Público y dio traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, el organismo que activa los mecanismos de control de la administración autonómica ante indicios graves.
Toda contratación municipal se paga con dinero público, y por eso el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía ya anuló varios pliegos antes de que llegaran los jueces.
Niegan los amaños y un senador aforado retrasa su declaración
Los investigados rechazan las acusaciones. El alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, tilda la querella de «disparate» y asegura que el Ayuntamiento remitió hace ocho meses el expediente que pidió el juzgado, sin recibir nuevas comunicaciones desde entonces. Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los responsables de Ruedos del Sur, defiende que las adjudicaciones salen de licitaciones públicas, que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que estos se han anulado en una veintena de ocasiones. Las alcaldesas de Cortegana y Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto.
El caso de Palos de la Frontera tiene una derivada procesal relevante. La jueza citó a declarar el pasado 1 de julio a los tres investigados, pero la comparecencia se suspendió después de que Carmelo Romero alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado. Su situación tendrá que resolverse ante el órgano judicial competente, mientras el resto de citaciones sigue pendiente de fecha.
En Beas, el auto judicial pide interrogar al alcalde, a seis funcionarios que integran la mesa de contratación y a dos responsables de Ruedos del Sur, aunque el señalamiento queda aplazado hasta que se practiquen las diligencias anteriores. En Cortegana, las declaraciones ya se celebraron el pasado 14 de septiembre. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción paralizó su investigación administrativa a la espera del pronunciamiento de los juzgados, tal y como recoge la querella.
La Lectura Andaluza
Andalucía concentra buena parte de la temporada taurina española y, con ella, un volumen considerable de contratación pública municipal. Que tres juzgados de Huelva estén instruyendo causas por presuntos amaños en Beas, Palos de la Frontera y Cortegana dice mucho de cómo se cruzan la fiesta, el dinero público y la política local en los municipios pequeños. En ayuntamientos de esta escala, un contrato de 145.200 euros no es una cifra menor: condiciona el presupuesto de un área entera.
Para el ciudadano, lo relevante no es el color político de quien firma, sino que cada euro se adjudique con las mismas reglas para todos. La secuencia que describe la querella muestra que los filtros existen: el TARCJA anuló pliegos y la Oficina Antifraude andaluza llegó a asumir el expediente de Beas antes de que el caso tomara la vía penal. Ese es el circuito de control que la Junta tiene activado, y su funcionamiento es la mejor garantía para la hostelería, los empresarios y los vecinos que viven de las fiestas.
La pelota está ahora en los juzgados. Las citaciones pendientes en Huelva, Moguer y Aracena fijarán el calendario de los próximos meses, y la condición de aforado del senador Carmelo Romero determinará ante qué instancia declara. Mientras tanto, la lección es sencilla y vale para toda Andalucía: la transparencia en la contratación no es un trámite, es lo que separa la fiesta de la sospecha.
