La admisión a trámite por la Mesa de la Comisión de Educación de las Cortes Generales ha llegado al Tribunal Supremo. La Mesa está dominada por PSOE y Sumar, de una enmienda introducida en el proyecto de reforma de la Ley de Educación, para abrir la nacionalidad y el derecho a voto a todos los descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 por cualquier motivo y no solo por razones de persecución política, supone un desafío a la legalidad que ya el Tribunal Constitucional ha ido tumbando durante los últimos 15 años en múltiples sentencias.
A pesar de esto y contra el informe de los letrados de la Cámara la enmienda firmada por Sumar fue presentada sin que exista «el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda», según el dictamen jurídico y la Mesa, con mayoría del PSOE y Sumar, la aceptó, porque el informe de los letrados de la Cámara no es vinculante.
Para evitar que la política pase por encima de la legalidad y los autos judiciales la asociación Hazte Oír ha pedido al Tribunal Supremo resolver las medidas cautelares y proteger los registros del censo ante la maniobra para sortear el freno judicial a la Ley de Nietos.
Hazte Oír presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un escrito de ampliación de hechos y aportación documental, dentro de su recurso 2/1091/2026. Ese documento incorpora la enmienda número 63 de Sumar y el voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central para advertir del intento de dar rango de ley, mediante una reforma educativa, a la presunción de exilio que la asociación cuestiona. Hazte Oír solicita al Supremo que se resuelvan las medidas cautelares pendientes y se conserven íntegramente los documentos y registros de las altas en el censo electoral exterior, identificando las realizadas con los criterios impugnados. El objetivo es garantizar que puedan revisarse esos censos y que una eventual sentencia favorable pueda ejecutarse.
La vía penal en el Supremo
En la vía penal, Hazte Oír también ha presentado la cuarta ampliación de su querella por presunta prevaricación administrativa contra Sofía Puente, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 35, en las diligencias 2051/2026. La asociación aporta la enmienda de Sumar como nuevo indicio de que la Instrucción de 25 de octubre de 2022 introdujo una presunción de exilio que no estaba prevista en la ley. Y solicita admitir la querella y requerir al Congreso certificación del texto de la enmienda, del acuerdo de admisión y del informe de los letrados. También pide trasladar estos nuevos hechos a la Fiscalía para que los valore antes de informar sobre la admisión.
Además, Hazte Oír ha formulado una petición formal ante la Mesa del Congreso y la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, en ejercicio del derecho de petición y respaldada por 34.573 adhesiones. Solicita dejar sin efecto la admisión de la enmienda y excluirla de la votación anunciada para el 14 de octubre, por carecer de conexión con un proyecto sobre horas lectivas y ratios escolares. También pide que la Mesa del Congreso proponga al Pleno asumir la deliberación y votación final del proyecto, para que una reforma con efectos sobre el censo electoral no se apruebe únicamente en comisión.
También los partidos políticos han movido ficha y ya el PP ha anunciado que recurrirá la decisión de PSOE y Sumar de tramitar la ‘enmienda pirata’ que blinda la Ley de Nietos. Sin embargo, fue Vox quien primero registró un escrito para pedir que la enmienda de Sumar no se admitiera a trámite y la calificó de «enmienda intrusa», es decir, ajena al texto que la acoge.
