PSOE y Sumar han permitido que continúe la tramitación de la enmienda nº 63 sobre la Ley de Nietos, introducida en un proyecto de ley educativo, pese a las advertencias de los servicios jurídicos del Congreso sobre su falta de conexión con el texto. La asociación Hazte Oír ha dado la voz de alarma porque considera que esta maniobra busca dar cobertura legal a la instrucción de Sofía Puente y sortear la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo. Sería la penúltima maniobra del Gobierno para tratar de sacar adelante una ley que el Supremo ha paralizado mediante un auto.
«Utilizar una ley educativa para intentar neutralizar una decisión del Supremo es un atropello institucional. Sánchez y sus socios están dispuestos a retorcer el procedimiento parlamentario para salvar un sistema de nacionalizaciones cuyos efectos electorales están bajo control judicial», señala Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.
La asociación envió durante la mañana del miércoles un requerimiento a miembros de la Mesa y a diputados de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, incluidos portavoces y portavoces adjuntos. El escrito, acompañado de 34.573 firmas ciudadanas, exponía las objeciones de los letrados e informaba de las posibles responsabilidades derivadas de permitir su tramitación.
Hazte Oír no descarta emprender acciones legales y estudiará las vías a su alcance para exigir las responsabilidades legales que, en su caso, correspondan. «El Congreso no puede convertirse en una vía de escape para Sánchez cada vez que un tribunal pone límites a sus planes», añade Arsuaga.
La asociación mantiene activa la campaña «Exige al Congreso que frene el plan de Sánchez para reactivar su fraude electoral», que exige rechazar la enmienda en la siguiente votación. Hazte Oír llama a intensificar la presión ciudadana para impedir su aprobación: «La limpieza de las elecciones se defiende ahora. Esperar a que esta maniobra se consume sería una irresponsabilidad».
