La LOSU regula desde 2023 la gobernanza, el profesorado, los derechos del estudiantado y la financiación de las universidades españolas.
Qué es la LOSU y qué norma sustituye
La LOSU es la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de marzo de 2023 y en vigor desde el 12 de abril de 2023, veinte días después de su publicación. Sustituye a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades —modificada en 2007—, que había ordenado el sistema durante dos décadas. El texto consolidado del BOE incorpora además la corrección de erratas publicada el 12 de abril de 2023. La ley se estructura en títulos que ordenan las funciones del sistema universitario y su autonomía, la creación y reconocimiento de universidades, la comunidad universitaria, la actividad docente e investigadora y el régimen económico y financiero.
El preámbulo de la norma justifica la reforma con datos: el estudiantado universitario se ha duplicado en cuatro décadas y supera los 1,5 millones de estudiantes, mientras el gasto público en educación universitaria cayó en la segunda década del siglo el doble que el gasto educativo general. El mismo texto señala la precarización del profesorado asociado, interino, sustituto o visitante, el envejecimiento de las plantillas y las bajas tasas de reposición, según el texto consolidado publicado por el BOE. A eso se suma que solo el 3% del personal docente e investigador tiene nacionalidad distinta de la española, frente a cerca del 15% de residentes nacidos fuera del país.
Qué cambia para el profesorado, el estudiantado y el gobierno de las universidades
En gobernanza, la LOSU cambia el sistema de elección del rector o rectora, que pasa a ser elegido por el claustro universitario, y fija un mandato de seis años no reelegible. La norma reserva al consejo de gobierno las funciones ejecutivas de gestión y mantiene en el consejo social la supervisión económica y la relación de la universidad con su entorno. Las universidades públicas deben adaptar sus estatutos a ese modelo.
Para el profesorado, la ley crea figuras permanentes —profesorado ayudante doctor, permanente laboral y distinguido— y fija el objetivo de que la temporalidad no supere el 8% de la plantilla en 2030. También ordena la dedicación docente y refuerza la evaluación de la actividad investigadora a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), el organismo que acredita al profesorado para la contratación y la promoción en las universidades públicas.
En el ámbito del estudiantado, la LOSU refuerza los derechos de participación del estudiantado en los órganos de gobierno, la atención a la diversidad y la igualdad, y vincula las políticas de becas y ayudas al estudio con la garantía de acceso. Los títulos fijan además que la actividad docente se planifique con criterios públicos de evaluación.
La LOSU fija un horizonte de financiación pública del 1% del PIB para 2030 y una temporalidad máxima del 8% de la plantilla docente e investigadora.
El Marco Educativo
El marco normativo de referencia es la Ley Orgánica 2/2023, estatal y de carácter básico. El artículo 149.1.30 de la Constitución atribuye al Estado las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación, mientras las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución en materia universitaria: son ellas las que aprueban las leyes autonómicas de universidades, financian los campus y concretan las retribuciones del profesorado. De ahí que el despliegue de la LOSU dependa tanto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como de los gobiernos autonómicos.
Entre las partes implicadas, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) actúa como interlocutor de los campus ante el Ministerio, mientras los sindicatos docentes y los consejos sociales participan en la negociación de las condiciones laborales y en la supervisión económica de cada universidad. La ANECA mantiene la acreditación del profesorado y los organismos autonómicos de evaluación asumen los tramos de investigación.
La proyección de la norma es escalonada. Los dos objetivos con fecha cerrada —el 1% del PIB de financiación pública y el 8% de temporalidad— apuntan a 2030, y su cumplimiento depende de los presupuestos de cada año y de las comunidades autónomas. Aún cuando la ley está en vigor desde 2023, parte de su contenido remite a desarrollo reglamentario y a las leyes autonómicas, por lo que el mapa universitario seguirá cambiando en los próximos cursos. El seguimiento de su aplicación corresponde al Ministerio y a la Conferencia General de Política Universitaria.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La LOSU (Ley Orgánica 2/2023) es la norma que rige la gobernanza, el profesorado, el estudiantado y la financiación de las universidades españolas desde abril de 2023.
- Por qué importa: Cambia la elección del rector, crea nuevas figuras docentes y fija objetivos con horizonte 2030: el 1% del PIB en financiación pública y el 8% de temporalidad.
- A quién le importa: A los más de 1,5 millones de estudiantes universitarios, al personal docente e investigador y a las comunidades autónomas, que desarrollan y financian la norma.
