EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Por Andalucía ha anunciado una PNL en el Parlamento andaluz para que la Junta reclame formalmente el traspaso del Cercanías, una competencia que Moreno cifra en 6.000 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que exige al Ministerio de Transportes condiciones previas y una comisión mixta que sigue sin convocarse.
- ¿Qué impacto tiene? El Estatuto andaluz permite asumir la red desde 2007 y el PP ya votó a favor de reclamarla en 2023; el precedente catalán de Rodalies marca el ritmo y el agravio territorial, el relato.
El traspaso del Cercanías andaluz vuelve al pulso entre la Junta y Moncloa: Juanma Moreno reclama cerrar una competencia que él mismo cifra en 6.000 millones de euros.
Qué hay detrás de los 6.000 millones y por qué la comisión sigue sin convocarse
La palanca la ha movido la oposición. Por Andalucía ha anunciado esta semana una proposición no de ley (PNL, un instrumento parlamentario que fija la posición de la Cámara sin valor normativo directo) para que la Junta asuma las competencias del sistema ferroviario ante el Parlamento andaluz. Su portavoz, Antonio Maíllo, acusó al Ejecutivo de Moreno de dedicarse a ‘echar las culpas a otros’ mientras es incapaz de asumir más autogobierno en una materia que la propia Cámara reclamó.
La idea no es nueva. Hace tres años el Parlamento andaluz aprobó pedir las competencias sobre los trenes de Cercanías y desde entonces no se ha avanzado. El origen está en el debate sobre el estado de la comunidad de finales de 2023, pocas semanas después de que Pedro Sánchez pactara con ERC el traspaso de Rodalies. Moreno calificó aquel acuerdo como un agravio para Andalucía. En aquella sesión, Por Andalucía y Adelante presentaron resoluciones para solicitar la red prevista en el Estatuto; el PSOE se abstuvo y el PP, que entonces gobernaba con mayoría absoluta y 58 diputados, votó a favor.
La reclamación tiene base normativa. El artículo 63.3 del Estatuto andaluz, reformado en 2007, recoge la posibilidad de gestionar la red que discurra íntegramente por la comunidad. Según análisis posteriores, el texto andaluz tiene incluso más margen que el catalán, porque quedó fuera de los recursos ante el Tribunal Constitucional. El primer paso es siempre el mismo: una comisión mixta de transferencias que puede convocar el Ministerio o el Gobierno autonómico.
Aquí aparece el dato incómodo. Fuentes de Política Territorial citadas por Vozpópuli aseguran que en estos casi tres años el Ministerio no ha recibido ninguna solicitud formal de la Junta. Sin petición no hay comisión bilateral, y sin comisión no hay calendario. De momento, papel.
El PP sí ha movido ficha. En octubre de 2024 reclamó al Gobierno que iniciara el procedimiento, con tres condiciones previas: la puesta a punto de la red, un marco de financiación estable y una aportación adicional para las infraestructuras. La respuesta llegó en el Congreso en noviembre de 2024: el Ejecutivo se declaró dispuesto a seguir con Andalucía el mismo procedimiento que con Cataluña, pero recordó que corresponde a la comunidad solicitarlo formalmente. El reloj corre desde entonces.
Seis mil millones sin desglose público y tres años sin solicitud formal: el traspaso del Cercanías andaluz es una competencia reclamada en el hemiciclo pero nunca activada por escrito.
El espejo catalán: Rodalies avanza mientras Andalucía espera
Cataluña ha tomado la delantera. Su comisión mixta con el Gobierno se reunió para empezar por un tramo de la R1 entre Barcelona y Girona y definir los estatutos de la sociedad mixta que gestionará esas infraestructuras cuando dejen de depender de Adif. La Generalitat trabaja además con Transportes en el traspaso de la R1 en el Maresme, pendiente del Consejo de Ministros y de las comisiones bilateral y de Asuntos Económicos y Fiscales. Adif seguirá controlando la circulación.
El proceso no es un gesto político: exige un diagnóstico compartido de la red, un nuevo modelo de gestión y la asunción de inversiones por parte de la comunidad, con transferencias económicas aparejadas. Nadie lo discute. Y ahí entra el argumento que sostiene el PP: si el marco vale para Cataluña, vale para Andalucía, y el agravio no es retórico sino presupuestario.
Moreno ha exigido además una revisión íntegra del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, ocurridos en la línea de alta velocidad, de titularidad estatal y ajena a Cercanías. La distinción importa: mezclar ambos debates fue durante meses la manera más rápida de no decidir nada.
La PNL fija plazos concretos. Da tres meses al Consejo de Gobierno para presentar un calendario de negociación con el Estado que identifique los servicios traspasables y reparta funciones entre administraciones. Exige que el traspaso incluya medios humanos, materiales y financieros suficientes, calculados según el coste efectivo, informes semestrales al Parlamento y un programa de inversiones plurianual para las infraestructuras estatales. A eso se suma un Plan Andaluz de Servicios Ferroviarios que priorice las zonas rurales, garantice el carácter público del servicio y avance en la integración tarifaria.
El Eje del Poder Popular
La lectura interna en Génova es nítida. El PP no tiene un problema con la descentralización ferroviaria; lo tiene con la bilateralidad selectiva. La doctrina que comparten los barones es la de la igualdad entre territorios: si la Generalitat negocia sociedad mixta, estatutos y calendario, la Junta no puede quedarse en la sala de espera. Moreno ha hecho de ese agravio una bandera andalucista de perfil bajo, compatible con la gestión y con el discurso constitucionalista. En paralelo, el GPP conserva en el Senado su palanca para reclamar la comparecencia del ministro de Transportes y sostener el marco de financiación como asunto de Estado, no como moneda de cambio con los socios del Gobierno.
El aterrizaje territorial es doble. Los núcleos de Cercanías de las áreas metropolitanas andaluzas mueven a diario a miles de viajeros que dependen de una red cuyo mantenimiento corresponde al Estado, y cualquier transferencia sin inversión comprometida sería un mal negocio para la Junta. Ese es el terreno donde el Ejecutivo de Moreno se siente cómodo: pedir la competencia con dinero, no la competencia a secas. Ahora bien, el reto estratégico existe: la Junta no ha formalizado la petición y esa pausa es el flanco que la izquierda andalucista explota con esta PNL.
El riesgo inmediato es de relato, no de gestión. Un voto en contra o una abstención dejaría al PP explicando por qué rechaza lo que votó en 2023, así que la salida natural pasa por respaldar la iniciativa y añadir el condicionante financiero. Génova ya ha recorrido ese camino otras veces: en la reforma estatutaria de 2006-2007, Andalucía se fijó como objetivo alcanzar el techo competencial catalán; dos décadas después, esa aspiración sigue pendiente de una firma. El próximo hito será el debate parlamentario de la PNL y, después, la hipotética convocatoria de la comisión mixta. Hasta que esa reunión se convoque, los 6.000 millones seguirán siendo una cifra sin desglose.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Igualdad entre territorios frente a la bilateralidad selectiva con Cataluña: si hay comisión mixta para Rodalies, la habrá para el Cercanías andaluz.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía), con Alberto Núñez Feijóo y el GPP del Senado como respaldo del marco de financiación.
- Próximo hito: Debate de la PNL en el Parlamento andaluz y eventual convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta, aún sin fecha.
