Nogueras reivindica los réditos de la presión de Junts sobre Sánchez y, en la misma operación, descarta que su partido vaya a sostener una reelección del presidente.
La candidata de Junts per Catalunya para el 29-N gestiona la campaña con las dotes que, según su propio relato, ha perfeccionado en las clases de boxeo: prudencia al hablar para esquivar embestidas y golpe certero cuando el adversario baja la guardia. La metáfora sirve para explicar su papel en esta legislatura. En Madrid negocia y presiona; en Cataluña se presenta como la dirigente que no confunde negociar con ceder.
En las declaraciones recogidas por El País, la dirigente deja una frase que funciona a la vez como balance y como advertencia: ‘no me presento para poner o quitar presidentes españoles’. La sentencia tiene doble filo. De un lado, presume de que el grupo de Junts en Madrid ha rentabilizado su posición de bisagra. Del otro, desactiva cualquier expectativa sobre el apoyo de su partido a una hipotética reelección de Sánchez cuando la legislatura afronte su recta final.
Conviene recordar la aritmética. Siete diputados de Junts han bastado para inclinar más de una votación en el Congreso desde 2023, cuando la investidura exigió el concurso de todos los socios. Esa dependencia ha obligado a Ferraz a una gestión fina: cesiones puntuales, negociación permanente y un canal abierto con Waterloo que nunca se ha roto del todo. Con ese equilibrio, el Ejecutivo ha sacado adelante el grueso de su agenda social y buena parte de sus compromisos de investidura.
La respuesta socialista a la frase de Nogueras ha sido la de siempre: mirar el expediente. El Grupo Parlamentario Socialista sostiene que esta legislatura ha producido más derechos y más protección colectiva que cualquiera de las últimas décadas, y que gobernar en minoría exige precisamente eso, negociar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido esa lectura cada vez que la oposición ha intentado convertir la relación con Junts en un juicio a la legitimidad del Gobierno.
Junts ha aprendido a cobrar la presión sin firmar la factura: rentabiliza cada concesión en Madrid y deja que Ferraz pague el coste de sostener la legislatura.
Por qué el 29-N reordena la conversación en Ferraz
La cita catalana del 29 de noviembre cambia el marco. Lo que en Madrid es una negociación presupuestaria permanente, en Cataluña se convierte en competición electoral pura, y ahí Nogueras necesita marcar perfil propio. Su empeño en repetir que Carles Puigdemont es el mejor líder posible no disipa los rumores que la sitúan al frente de la lista de relevos si, una vez haya regresado a Cataluña, el expresident decide dar un paso al lado.
Ese dato importa en Moncloa más de lo que parece. El PSOE tiene un gobierno autonómico en la Generalitat, el de Salvador Illa, que afronta su propia ecuación presupuestaria y que necesita una relación funcional con el resto de grupos catalanes. Cada movimiento de Junts en Madrid tiene su traducción en el Parlament, y cada gesto en Barcelona condiciona la estabilidad de la Cámara Baja. La política territorial y la política nacional han dejado de ser compartimentos estancos; ahora son vasos comunicantes.
En el terreno municipal el patrón se repite. El socialismo catalán gobierna grandes ciudades y sostiene que su gestión se mide en servicios, no en relatos de confrontación. Frente a eso, la candidata de Junts ofrece presión como programa: arrancar al Estado lo que considera propio y presentarse ante su electorado como el partido que no se rinde. Son dos formas distintas de entender la utilidad política, y solo una de ellas necesita permanentemente un adversario en Madrid para existir.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la lectura es serena, aunque no exenta de cálculo. La dirección federal asume que el portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, seguirá gestionando una mayoría que se recompone ley a ley, con ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Junts en geometrías distintas según el texto. La coalición con Sumar funciona como eje vertebrador de esa mayoría, y el precio de mantenerla unida es exactamente el que Nogueras dice cobrar: negociación constante. No hay novedad estratégica, por tanto, sino confirmación de un modelo que la dirección socialista reivindica como el único posible en un Parlamento sin mayorías absolutas.
El aterrizaje territorial de este pulso es doble. En Cataluña, Illa necesita que el debate del 29-N no convierta cada acuerdo en Madrid en un boomerang contra la Generalitat; en Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, los presidentes socialistas observan con atención que el coste político de la negociación no se traslade a sus cuentas. García-Page ha sido el más explícito a la hora de pedir que la relación con los independentistas no se convierta en el único relato del partido. Ferraz escucha, modula y sigue negociando.
La lectura a medio plazo no invita al optimismo fácil ni al derrotismo. La oposición carga contra la dependencia de Junts, pero no ha explicado todavía con qué aritmética alternativa sostendría una moción de censura en este Congreso. En 2019, el PSOE comprobó el coste de no cerrar acuerdos a tiempo: dos elecciones generales en siete meses y un país bloqueado. Aquella lección sigue operando en la memoria de la Ejecutiva Federal y explica por qué Moncloa prefiere encajar golpes retóricos antes que romper un canal que mantiene abierta la legislatura social.
Queda por ver si el gesto de Nogueras es una posición de fondo o un movimiento de campaña con fecha de caducidad. Lo primero que hay que observar es la noche del 29-N y la aritmética que salga de las urnas catalanas; lo segundo, la primera votación relevante que llegue al Pleno del Congreso tras los comicios. Ahí se sabrá si el veto anunciado era doctrina o simplemente boxeo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Gobernar en minoría es negociar; el PSOE reivindica el expediente social de la legislatura frente al ruido de la presión ajena.
- Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC).
- Próximo hito: Las elecciones catalanas del 29-N y la primera votación relevante en el Pleno del Congreso después de los comicios.
