La brecha digital de los mayores frente a la Administración electrónica puede comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. La cuestión no se resuelve con una única resolución, sino con la lectura conjunta de la normativa administrativa y de la doctrina constitucional sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
El derecho a elegir el canal de relación con la Administración
En su artículo 14, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a las personas físicas el derecho a elegir el canal de relación con la Administración. La regla general permite la vía electrónica o los medios no electrónicos legalmente previstos, salvo los supuestos de obligatoriedad. La digitalización no elimina el derecho de opción del ciudadano.
Por su parte, el artículo 12 impone a las administraciones prestar asistencia en el uso de medios electrónicos a quienes no estén obligados a emplearlos. La norma contempla que un funcionario habilitado realice válidamente la identificación o la firma electrónica del interesado, con su consentimiento expreso y constancia del mismo. La asistencia comprende la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes en los registros electrónicos y la obtención de copias auténticas. El artículo 13 añade el derecho a un trato respetuoso y deferente. El Real Decreto 203/2021 eleva la accesibilidad a principio del funcionamiento electrónico del sector público, con atención específica a las personas mayores y con discapacidad.
La dimensión real de la brecha digital de los mayores
Los datos del informe del ONTSI, publicado en octubre de 2026 con cifras de 2025, miden el problema. Solo el 21,2% de los españoles de 75 años o más utiliza la Administración electrónica, once puntos por debajo de la media europea. El 42,7% de ese grupo usa Internet al menos una vez por semana, frente al 95,4% de la población de 16 a 74 años. Únicamente el 10,5% posee competencias digitales básicas y el 3,7% alcanza un nivel avanzado. La distancia respecto de otros grupos de población es considerable y se acentúa en el manejo de certificados electrónicos. La última encuesta del INE, publicada el 11 de noviembre de 2026, sitúa en el 97,6% el uso de Internet entre los 16 y los 74 años, pero excluye a los mayores de 74, precisamente el colectivo más afectado.
La cita previa opera como barrera previa al propio procedimiento. El Defensor del Pueblo ha advertido de que su obtención exclusivamente telemática puede impedir el ejercicio de derechos y ha recomendado habilitar vías telefónicas y presenciales. El 30 de junio de 2026, la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a garantizar atención presencial accesible en los servicios públicos esenciales. La proposición no modifica la ley, pero acredita el alcance del conflicto.
La doctrina constitucional sobre el artículo 24.1 de la Constitución exige que los obstáculos formales no se conviertan en barreras materiales que impidan el acceso a la tutela.
El caso de un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida ilustra la fricción en la práctica. En 2026 se le abrió un expediente disciplinario por atender a personas sin cita previa, entre ellas mayores y desempleados de larga duración que no habían logrado obtenerla por Internet ni por los sistemas telefónicos automatizados. El Defensor del Pueblo pidió explicaciones al SEPE. El Ministerio de Trabajo negó que el procedimiento obedeciera únicamente a esa circunstancia y alegó otras concurrentes no reveladas.
La Doctrina del Tribunal
La cuestión doctrinal es si la brecha digital de los mayores puede integrar un supuesto de indefensión material. El artículo 24.1 de la Constitución garantiza la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión. La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre ese precepto exige que los requisitos procesales no se erijan en obstáculos insalvables al acceso. Trasladada al procedimiento administrativo, esa línea obliga a examinar si la vía electrónica exclusiva priva de acceso real al ciudadano que carece de medios o de competencias. La barrera no es solo técnica: afecta a la capacidad de comprender y completar un trámite con garantías.
El impacto jurisprudencial es acotado, pero relevante para los litigantes. La fuente consultada no identifica el número de resolución de una sentencia concreta, de modo que la referencia se ancla en la doctrina del artículo 24.1 de la Constitución y en la jurisprudencia relevante sobre acceso y defensa. Los colegios de abogados y los operadores que litigan frente a la Administración disponen de un argumento de nulidad cuando la falta de la asistencia del artículo 12 de la Ley 39/2015 genera una barrera material. La garantía no depende de un fallo aislado, sino de la aplicación constante de la norma.
La proyección pasa por la aplicación del Real Decreto 203/2021 y por la eventual consolidación de la atención presencial como garantía procedimental. No consta un plazo de recurso activo ni un pronunciamiento del Pleno pendiente. La modernización administrativa deberá acreditar que la accesibilidad no es una declaración de principios, sino una condición del procedimiento.
FICHA DEL CASO
- El caso: Análisis del impacto de la digitalización administrativa en el acceso de las personas mayores a los servicios públicos y en la tutela efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.
- Datos importantes: Ley 39/2015 (arts. 12, 13 y 14); Real Decreto 203/2021; número de sentencia no identificado en la fuente consultada. Fallo: N/A.
- Fecha de los juicios: No aplica vista oral. Referencias: informe ONTSI de octubre de 2026, encuesta INE de 11 de noviembre de 2026 y proposición no de ley de 30 de junio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. La fuente menciona un expediente disciplinario a un funcionario del SEPE en Mérida, sin identificación y sin resolución firme.
