La reforma fiscal de Colombia cumple 100 días con una factura del 2,2% del PIB que también tocará a las filiales españolas. Se llama Ley de Rescate Fiscal y su firma lleva un nombre propio: Abelardo de la Espriella.
Qué contiene la Ley de Rescate Fiscal que cumple 100 días
El presidente colombiano llegó al poder con la promesa de ordenar unas cuentas desbordadas y, a los cien días, su apuesta reparte el esfuerzo entre consumidores, trabajadores y empresas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo articuló en cinco ejes: rescate fiscal, social, salud, inversión y Estado. Traducido: devolver el IVA a 19 millones de colombianos de bajos ingresos y dedicar 30 billones de pesos a sanidad en cuatro años.
Detrás de la prisa hay una cifra. El déficit fiscal cerrará 2026 en el 7,2% del PIB y, sin corrección, el del Gobierno Nacional Central podría superar el 9% en 2027, según la advertencia de José Ignacio López, presidente de Anif. El ajuste se estima en unos 45 billones de pesos. Y el calendario aprieta: la iniciativa se radicó con mensaje de urgencia y al Congreso le quedan las últimas semanas ordinarias del año.
Ahí empieza la pelea. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, sostiene que el reparto real no es 70% austeridad y 30% impuestos: de un paquete de 43 billones, unos 31 saldrían de parafiscales, cotizaciones e impuestos al consumo, y solo 12 de recorte efectivo del Estado. Un impuesto nuevo no cuesta lo mismo que un gasto suprimido, y ese matiz decide quién paga el rescate.
Por qué la reforma acaba golpeando a las filiales españolas
El articulado mueve cuatro palancas que llegan de lleno a las multinacionales. La exoneración de parafiscales —las contribuciones patronales obligatorias al Sena y al ICBF, equivalentes a formación e infancia— cambia de condiciones y suma obligaciones sobre la nómina. La sobretasa extractiva al petróleo y la minería dejaría de calcularse por el precio internacional para depender de la rentabilidad.
Y hay dos más. El aporte a salud de los asalariados sube del 4% al 8% cuando el salario supera dos mínimos, y aparece el Préstamo Valiente, un impuesto temporal al patrimonio de las grandes empresas con un potencial estimado de 13,6 billones de pesos. En paralelo se discute una rebaja del impuesto de sociedades del 35% al 31% que Junco propone retirar: costaría 4 billones en 2027 y 12 anuales desde 2028.
El texto mueve parafiscales, aportes a salud y patrimonio de grandes empresas: la carga se desplaza del Estado a la nómina.
¿A quién señala esto? A grupos con décadas de presencia en el país. Repsol opera en exploración y producción, justo el flanco que mira la sobretasa. Telefónica, a través de Movistar, y las filiales de Santander y BBVA emplean a miles de personas: cualquier recargo sobre la nómina les pasa factura directa. Y el IVA del 19% a las compras internacionales de menos de 200 dólares redibuja el comercio electrónico donde compiten plataformas como Temu y Shein.
España figura históricamente entre los principales inversores europeos en Colombia, con presencia en energía, telecomunicaciones, banca y seguros. Ese capital tiene vocación de permanencia y mira el coste de la nómina y la fiscalidad del patrimonio con lupa. Las decisiones no se toman en Madrid un trimestre cualquiera; se toman con la vista puesta en la próxima década.
Trece reformas en dos décadas: el precedente que ya conoce la inversión española
Conviene recordar que Colombia no improvisa en esta materia. Según el recuento de La República, desde comienzos de siglo ha aprobado 13 reformas tributarias bajo cinco administraciones, un cambio cada dos años de media. Abrió Andrés Pastrana con el impuesto a las transacciones financieras, el 2×1.000 que hoy es 4×1.000. Los dos gobiernos de Álvaro Uribe sumaron cuatro reformas; los de Juan Manuel Santos, otras cuatro, incluida la que llevó el IVA general del 16% al 19%.
La secuencia siguió con Iván Duque, que introdujo la devolución del IVA a hogares vulnerables y los días sin IVA, y con Gustavo Petro, cuya reforma de 2022, pilotada por José Antonio Ocampo, tocó los dividendos y fijó una tributación mínima para las personas jurídicas. La frecuencia no es un detalle menor: es la variable que más pesa en una decisión de inversión extranjera.
Ahí está la clave del precedente. Cada una de esas reformas se presentó como la definitiva y ninguna cerró la necesidad de la siguiente. Para las filiales españolas el problema no es solo el tipo; es la certidumbre, ese activo invisible que permite firmar un plan de inversión a siete años. El proyecto de De la Espriella promete corregir el 7,2% de déficit, y la pregunta es si lo hará con gasto permanente recortado o con obligaciones nuevas que también pueden volverse permanentes.
Queda un flanco técnico. Junco advirtió de una zona gris en la renta de las personas naturales: la nueva tabla arrancaría en 4,24 millones de pesos mientras el umbral para declarar se queda en 5,01. También criticó que la devolución del IVA dependa de la factura electrónica, barrera real en plazas de mercado, y propuso dos niveles de reintegro.
Los próximos pasos son concretos. El Congreso debe decidir en las semanas que restan de periodo ordinario si el ajuste se sostiene con esta mezcla o se recompone. El diseño final de la sobretasa extractiva y del impuesto al patrimonio marcará cuánto de la factura recae sobre Repsol o sobre una filial con años de implantación. Y desde 2028, el IVA a los alimentos hoy excluidos —café, chocolate, sal, azúcar, pastas, aceites— medirá la temperatura del consumo. España se juega ahí una posición construida durante décadas.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Gobierno de Abelardo de la Espriella cumple 100 días con la Ley de Rescate Fiscal, un paquete que busca recaudar cerca del 2,2% del PIB gravando consumo, nómina y patrimonio empresarial.
- Datos importantes: Déficit previsto del 7,2% del PIB en 2026; ajuste de unos 45 billones de pesos; IVA del 19% a compras internacionales de menos de 200 dólares; 13 reformas tributarias en dos décadas.
- Resumen: Las filiales de grupos españoles en energía, banca, telecomunicaciones y seguros afrontan mayores costes laborales y patrimoniales en un mercado clave para la inversión española en la región.
