EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, exige a la alcaldesa de Pedrola retirar el recurso contencioso-administrativo contra la fábrica de baterías de Figueruelas.
- ¿Quién está detrás? El PP aragonés frente al Ayuntamiento de Pedrola, gobernado por el PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? Una espada de Damocles judicial sobre la mayor inversión industrial de la comunidad y sobre los ingresos por IBI de dos municipios de la Ribera Alta del Ebro.
Jorge Azcón exige a la alcaldesa de Pedrola retirar el recurso contra la fábrica de baterías de Figueruelas. Lo dijo este domingo, desde el propio municipio y con el gesto de quien señala una contradicción antes que un error técnico.
No habló solo como líder del partido. Azcón preside también el Ejecutivo autonómico que declaró de interés general la gigafactoría, y compareció flanqueado por la candidata al Congreso Rocío Dívar y por el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, en un formato más de campaña que de anuncio institucional.
Un recurso judicial, 750.000 euros perdidos y 800.000 reclamados
El objeto de la disputa es un recurso contencioso-administrativo, la vía judicial para impugnar actos de las administraciones, que en un proyecto de esta envergadura se sustancia ante el TSJ de Aragón (el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad). El líder popular lo llamó «auténtico despropósito» y reclamó a Manuela Berges, alcaldesa y número dos del PSOE aragonés, una explicación pública.
La explicación que exige tiene cifras y nombres propios. Según su relato, el Ayuntamiento de Pedrola pide ahora al Gobierno de Aragón 800.000 euros para infraestructuras después de haber dejado pasar una subvención extraordinaria de 750.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza a la que, sostiene, el consistorio tenía derecho.
«: nadie sabe cuándo se levanta ni qué deja detrás.
Azcón añadió que las alegaciones del Ayuntamiento al PIGA (el Plan de Interés General de Aragón, el instrumento con el que el Ejecutivo autonómico declara que una inversión es de interés general y le da cobertura urbanística) se centraban en en cuestiones urbanísticas y en las conexiones eléctricas, sin rastro de las inversiones que ahora exige. Las cifras no mienten, vino a decir: se discutió el cómo y hoy se discute el cuánto.
El mensaje tenía un segundo destinatario. «Es la continuación de la política del muro impuesta por Sánchez e instalada en Aragón desde la llegada de Pilar Alegría: decir no a todo lo que beneficia a nuestra comunidad por intereses partidistas», afirmó, antes de hablar de «estrechez y miopía política» en el PSOE.
Empleo, IBI y 896 millones: el otro lado del recurso
El argumento económico ocupa el centro de la réplica. Tanto Pedrola como Figueruelas se beneficiarán de la actividad de la planta y de las industrias auxiliares que atraiga, no solo por el empleo directo sino por los ingresos municipales que mueve una gran factoría a través del IBI (el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el principal tributo propio de los ayuntamientos).
En esa ecuación entran los proyectos que Dívar puso sobre la mesa: la gigafactoría vinculada a Stellantis y CTL, el proyecto tecnológico DAT Alierta y el Centro Logístico Agroalimentario del Grupo Costa en Villamayor, con una inversión anunciada de 896 millones de euros y una previsión de 5.300 empleos.
La candidata al Congreso insistió en «apoyar a nuestro tejido productivo, no de abandonarlo ni ponerlo en riesgo» y en la necesidad de recortar la brecha de productividad con Europa. Celma cerró el círculo: captar inversión industrial es, dijo, «la mejor herramienta para generar empleo, crear oportunidades y asentar población en nuestro territorio».
Del otro lado, de momento, silencio. No consta pronunciamiento público del Ayuntamiento de Pedrola ni del PSOE aragonés sobre estas acusaciones, ni una versión municipal del motivo del recurso. El relato, por ahora, es de una sola voz.
El Pulso Territorial
Aragón lleva tres años con un Gobierno del PP sin mayoría absoluta: 28 escaños de 67 en las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad), lo que obliga a Azcón a negociar cada iniciativa y a medir cada gesto. La fábrica de baterías se ha convertido en el test político de esa geometría: permite al Ejecutivo exhibir gestión industrial y a la oposición socialista marcar perfil desde un ayuntamiento de la Ribera Alta del Ebro.
No es la primera vez que un proyecto aragonés declarado de interés general acaba en los juzgados. El PIGA de Platea, el complejo de ocio y nieve proyectado en Villanueva de Gállego, se aprobó en 2007 y nunca llegó a construirse. La diferencia es el calendario: las elecciones autonómicas están previstas para 2027 y el recurso puede resolverse antes o después de esa cita, con lecturas muy distintas en cada caso.
Lo que viene ahora es papeleo y presión. El recurso sigue su curso y nadie ha cuantificado cuánto puede retrasar la puesta en marcha de la planta ni si habrá medidas cautelares; el PP aragonés ha convertido la retirada del escrito en condición política y el PSOE aún no ha elegido el marco de su respuesta. En un territorio donde la industria se celebra con himnos y se pierde con expedientes, ese pulso tiene nombre propio. El tablero está montado.
Ficha Autonómica
- El caso: El PP aragonés exige al Ayuntamiento de Pedrola retirar el recurso contra la gigafactoría de Figueruelas y lo acusa de boicotear la inversión por intereses partidistas.
- Datos importantes: 800.000 euros reclamados al Gobierno de Aragón, una subvención de 750.000 euros de la Diputación de Zaragoza no solicitada, y un ecosistema industrial con 896 millones anunciados y 5.300 empleos previstos en Villamayor.
- Resumen: El recurso sigue vivo y sin respuesta socialista; el PP lo convierte en arma política antes de las autonómicas de 2027.
