El PSOE promete este domingo impuestos a los fondos de vivienda y una prestación para cuidar hijos menores de 8 años.
El anuncio lo hizo el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un mitin en Alcorcón (Madrid) ante unas 5.500 personas, a dos semanas exactas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La nueva prestación retribuirá el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas a padres y madres con hijos por debajo de los 8 años.
En vivienda, el líder socialista prometió «más impuestos» a los grandes fondos propietarios de pisos vacíos, de inmuebles destinados al alquiler turístico o de viviendas a precios «inasequibles para la clase media y trabajadora». El anuncio no precisó tipo, base ni umbral: la concreción queda pendiente del texto definitivo del programa electoral.
En Galicia, la propuesta aterriza en un mercado con reglas propias. La comunidad suma 313 concellos y cerca de 2,7 millones de habitantes, y arrastra un problema que se parece poco al de Madrid o Barcelona: pesa menos la presión especulativa sobre el suelo que la combinación de un parque envejecido, una de las tasas de vivienda vacía más altas de España, y un litoral con enorme presión turística estacional.
Los datos del IGE (o Instituto Galego de Estatística, la fuente oficial de estadística de la comunidad) permiten leer un territorio de contrastes: frente a la tensión del alquiler en Vigo, A Coruña o Santiago de Compostela, buena parte del interior acumula inmuebles sin uso. En la costa, la vivienda de uso turístico se concentra en municipios que multiplican su población en verano, y ahí un impuesto a los grandes tenedores toca poco: el propietario tipo no es un fondo, es una familia con dos pisos. El mapa estadístico gallego lo dibuja con claridad.
Un impuesto sobre los grandes fondos puede recaudar poco en Galicia: aquí el problema no es la especulación con el suelo, sino el stock vacío y el envejecimiento.
Hay una distancia entre el titular y la letra pequeña que conviene no perder de vista. Lo anunciado no es un permiso de ocho años para cuidar hijos, sino cuatro semanas retribuidas para quienes ya tienen un hijo menor de 8: la edad delimita a quién se dirige la prestación, no su duración. El paquete se completa con la «unión de amistad» para reconocer derechos a personas sin vínculo familiar ni de pareja y con el blindaje constitucional de las pensiones y del aborto.
Qué cambia en el mapa gallego: vivienda, turismo y cuidados
Las tres fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) afrontan el asunto desde posiciones distintas. El PSdeG (la federación gallega del PSOE) es el canal natural para trasladar la propuesta al territorio. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) ha situado la vivienda en el centro de su agenda parlamentaria, con insistencia en el alquiler turístico. Y el PPdeG, que gobierna la Xunta con mayorías absolutas desde 2009, tiene en la vivienda una de sus líneas de gestión y uno de sus flancos de confrontación con el Gobierno central.
El reparto competencial añade una capa que en Madrid se pasa por alto. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela) conserva las competencias de vivienda y de servicios sociales, de modo que cualquier prestación estatal nueva aterrizaría sobre una red ya existente: los servicios sociales municipales y la Consellería competente en la materia. Quién paga esas cuatro semanas y con cargo a qué presupuesto sigue sin respuesta. Aquí se publican las disposiciones que fijan ese reparto.
La vivienda funciona ya como eje del tramo final de campaña en toda España. El PP nacional, que dirige Alberto Núñez Feijóo —presidente de la Xunta entre 2009 y 2022—, ha situado la política de suelo y alquiler entre sus principales argumentos de oposición. La lectura gallega invita a la prudencia: un impuesto pensado para fondos institucionales recauda poco allí donde el stock vacío pertenece a miles de pequeños propietarios. Aquí el censo manda.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta, primero con Feijóo y ahora con Alfonso Rueda, y su Parlamento tiene una geometría poco habitual: el BNG es la primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa el tercer lugar. Ese reparto convierte cualquier medida estatal de calado en un ensayo a escala autonómica. La política nace en Madrid y se examina en Galicia, justo al revés de lo que ha ocurrido tantas veces con el modelo gallego.
La dimensión nacional es evidente. El PP de Feijóo se juega el 29 de noviembre parte de su relato sobre vivienda, y Galicia le ofrece un contraejemplo útil: aquí el parque vacío está en manos de miles de pequeños propietarios, no de fondos institucionales, y la Lei 8/2012 de vivenda de Galicia lleva más de una década sin resolver el problema del suelo sin uso. Si el impuesto recauda poco en Galicia, el PP podrá sostener que la medida es cosmética; si funciona, el PSOE tendrá un argumento exportable. La incógnita se despejará despacio: las elecciones autonómicas no están previstas hasta 2028 y, hasta entonces, todo pasará por el filtro del Parlamento y del Consello de Goberno.
Ficha del Caso
- El caso: El PSOE incluye en su programa electoral impuestos a los grandes fondos propietarios de vivienda y una prestación de cuatro semanas para cuidar hijos menores de 8 años.
- Datos importantes: Anuncio en Alcorcón el 15 de noviembre; elecciones generales el 29 de noviembre; 100% de la base reguladora durante cuatro semanas; Galicia suma 313 concellos y cerca de 2,7 millones de habitantes.
- Resumen: La medida llega a un mercado gallego marcado por la vivienda vacía y el alquiler turístico más que por la presión de los grandes fondos, y abre un pulso competencial entre el Estado y la Xunta.
