EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A inquilinos y propietarios de la ciudad de Madrid con dudas sobre un contrato de alquiler, una derrama de la comunidad, una compraventa o un procedimiento de desahucio.
- ¿Cuándo ocurre? La prórroga del convenio estará vigente hasta el 12 de febrero de 2031 y la atención ya se presta en cinco juntas municipales de distrito.
- ¿Qué cambia hoy? El vecino sigue sin pagar nada: el Ayuntamiento asume 1,13 millones de euros en cuatro años y el ICAM pone a los abogados.
El asesoramiento de vivienda gratuito en Madrid seguirá en pie hasta el 12 de febrero de 2031. El Ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía de Madrid han renovado un convenio que acumula 22.406 atenciones desde febrero de 2023 y que encara su prórroga con más demanda que nunca.
El alquiler se lleva casi siete de cada diez consultas
Las cifras del propio servicio no dejan dudas sobre qué preocupa en Madrid. En lo que va de 2026 se registraron 4.191 consultas sobre alquiler, frente a 1.177 de comunidades de propietarios, 231 de compraventa y 151 vinculadas a ocupación y desahucios. Casi siete de cada diez expedientes abiertos este año tienen que ver con un contrato de arrendamiento.
La serie anual confirma la tendencia: 4.036 personas atendidas en 2023, 6.397 en todo 2025 y 6.110 solo hasta noviembre de 2026. Un crecimiento del 51,4% en tres ejercicios que no se explica únicamente por la subida de precios, sino por una mayor conciencia de que el inquilino tiene derechos que se pueden reclamar.
El SAV presta asesoramiento jurídico con abogados especializados en alquiler, comunidades, compraventa, ocupación, desahucios y ayudas a la rehabilitación. No es una oficina de mediación ni fija precios: responde dudas concretas de vecinos que, en muchos casos, llegan con un requerimiento en la mano y sin abogado de confianza. Ahí se juega mucho más que una consulta.
Cinco oficinas y ningún punto fijo en los distritos donde más aprieta el alquiler
La red actual tiene cinco puntos de atención en las juntas municipales de distrito. Usera, con 1.507 personas atendidas en 2026, es la que más carga soporta, seguida de Chamartín (1.492), Ciudad Lineal (1.180), Moratalaz (1.057) y Centro (874), incorporada en 2024.
El mapa tiene una anomalía que conviene señalar: no hay oficina permanente en Carabanchel, Puente de Vallecas, Villaverde, Latina, Tetuán ni San Blas, algunos de los distritos con menor renta media de la capital y mayor peso del alquiler sobre el salario. Cualquier vecino puede acudir a otra sede, pero el desplazamiento corre de su cuenta.
Un abogado gratis no abarata el alquiler, pero evita que la factura de la desinformación la pague el inquilino con menos margen.
Un convenio de 1,13 millones que no toca el precio del alquiler
Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS Madrid, y Gregorio García Torres, director general del ICAM, rubricaron el texto. La Junta de Gobierno había autorizado la prórroga el pasado 5 de noviembre con un gasto plurianual de 1,13 millones de euros: unos 282.500 euros por ejercicio, en torno a 46 euros por consulta al ritmo actual de atención.
González sostiene que los datos confirman que es un servicio necesario y que ha venido para quedarse. La lectura encaja, aunque conviene ponerla en contexto: en Madrid ya hubo otro intento de ordenar el alquiler por la vía del acompañamiento, el Plan Alquila de 2008, que nació como bolsa de pisos vacíos y acabó convertido en ventanilla de gestión. El SAV opera en otra liga. No capta vivienda ni fija precios: defiende derechos.
Ese es su mérito y también su techo. No contiene una subida de rentas, por mucha calidad jurídica que acumule. Lo que sí hace es cambiar el resultado de una negociación concreta: una revisión mal aplicada, una derrama sin acuerdo, un desahucio con defectos de forma. Ahí el servicio gana pleitos antes de que lleguen a existir.
El siguiente examen llegará con el cierre del ejercicio. Si el ritmo de 2026 se mantiene, el SAV terminará el año por encima de las 7.000 atenciones, cerca de un 10% más que en 2025. Con ese volumen, la ampliación razonable no es tanto sumar abogados como abrir sedes en el sur y el este de la capital, donde el alquiler pesa más y las oficinas quedan a dos transbordos de casa. Ese debate no está en el convenio, y es el que de verdad importa.
