Marco Rubio eligió la convención anual de la Federalist Society para arremeter contra las instituciones globales sin anestesia. Lo hizo con una frase de hace dos mil años.
Recuperó el viernes la respuesta que dio Pompeyo a quienes le oponían los estatutos de su ciudad mientras avanzaban sus legiones: «Dejad de citar leyes a hombres con espadas». La sala rió. El secretario de Estado admitió, medio en broma, que la cita no era políticamente correcta, según la transcripción oficial que difundió el Departamento de Estado.
El fondo del discurso fue más allá del chiste. Acusó al Tribunal Penal Internacional y a su corte de burócratas globales de haberse erigido en «juez, jurado y verdugo del orden internacional» sin rendir cuentas ante nadie. La corte reclama hoy la potestad de investigar, procesar y encarcelar a estadounidenses bajo normas que el país nunca aprobó, sostuvo. Es la formulación más nítida de una doctrina que hasta ahora se intuía más de lo que se decía.
La elección del escenario tampoco fue inocente. Era su primer discurso relevante en casa desde que el Partido Republicano encajó pérdidas severas en las elecciones de mitad de mandato de este mes, y la sala le recibió en pie. El foro jurídico de primer nivel alimentó además las especulaciones sobre una candidatura presidencial en 2028, según recogió The Hill. Nadie en la sala pareció incómodo.
Las sanciones que ya están en marcha contra el tribunal de La Haya
El discurso no llega en el vacío. En octubre, la administración de Donald Trump impuso sanciones de amplio alcance contra la corte como parte de una campaña que, según la Casa Blanca, busca desmantelarla. El país firmó el tratado que creó el tribunal, el Estatuto de Roma, pero nunca lo ratificó: queda así fuera del club que forman Israel, Rusia y China. La ejecución es el punto débil de una corte sin policía propia que depende de los Estados miembros para detener a quien imputa.
En Bruselas el discurso se leyó como una advertencia directa, según fuentes diplomáticas consultadas por este medio. Los Veintisiete son Estados parte del Estatuto de Roma y España lo ratificó en 2000: su ley de cooperación con la corte, aprobada tres años después, obliga a los jueces españoles a colaborar en la detención de los imputados. La incomodidad es evidente. Madrid comparte con Washington la OTAN y buena parte de su agenda exterior, pero su ordenamiento le ata a un tribunal al que la primera potencia acaba de sancionar.
Washington no necesita el permiso de Bruselas ni de La Haya para decidir a quién juzga. Nunca lo ha necesitado.
La Lógica de Washington
La primera clave está en la protección de los uniformados, no en la retórica. El precedente que mejor explica el tono del discurso no es europeo: es Ronald Reagan ignorando en 1986 el fallo de la Corte Internacional de Justicia que condenó el apoyo estadounidense a la contra nicaragüense. La lógica se repitió en 2002, cuando George W. Bush retiró la firma del Estatuto de Roma.
Ese mismo año, el Congreso aprobó la ley que faculta al presidente a emplear todos los medios necesarios para liberar a cualquier estadounidense en manos de la corte. Con ese marco, las sanciones de octubre no son un arrebato: son la ejecución de una política con cuatro décadas de rodaje.
Detrás hay una coalición más ancha de lo que sugiere el tono del discurso. El Partido Republicano convirtió la soberanía legal en artículo de fe en los años noventa, pero el escepticismo hacia el tribunal atraviesa también a parte del Partido Demócrata: el Estatuto de Roma se firmó en el último tramo de la era Clinton y jamás se llevó al Senado, donde el filibusterismo (la regla que exige 60 votos para cerrar un debate) lo habría dejado en agua de borrajas. La doctrina America First dio a ese fondo bipartidista un marco de política exterior y un enemigo con nombre: la burocracia internacional.
Para España el impacto es, por ahora, legal y reputacional antes que comercial. Las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos rondan los 18.000 millones de euros anuales, y grupos como Iberdrola o Santander operan allí con sociedades plenamente sujetas a la ley estadounidense. El mercado no es el problema. El riesgo es que una investigación de la corte en un tercer país acabe exigiendo a una filial española datos o testigos ante un tribunal que Washington considera ilegítimo. Ahí, la ley de cooperación de 2003 y las sanciones de octubre apuntan en direcciones opuestas.
El siguiente hito tiene sede y ventana. La Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma se reúne en La Haya a comienzos de diciembre, y allí se medirá el aislamiento real de de la corte: si los europeos cierran filas o si cada capital negocia su excepción por su cuenta, como ha ocurrido en otras rondas de sanciones. En paralelo queda la política interior. La ovación del viernes y el foro elegido alimentan la lectura de que Marco Rubio construye un perfil propio para 2028, y ese calendario condiciona cada palabra que pronuncie hasta entonces.
Lo cierto es que Washington ha dejado de discutir la legalidad del orden internacional para discutir quién tiene la fuerza de hacerla cumplir. Y en esa conversación, la ley siempre llega después de la espada.
Ficha del Caso
- El caso: Rubio convirtió su primer gran discurso tras las elecciones de mitad de mandato en un alegato contra el Tribunal Penal Internacional y las instituciones globales, con Pompeyo como precedente retórico.
- Datos clave: Convención nacional de abogados de la Federalist Society, en Washington, noviembre de 2026; sanciones de EE. UU. al tribunal en octubre; EE. UU. firmó el Estatuto de Roma en 2000 y nunca lo ratificó.
- Para España: Estado parte del Estatuto desde 2000 y con ley de cooperación desde 2003, Madrid queda entre su obligación jurídica con La Haya y su alianza estratégica con Washington.
