La Audiencia Nacional juzgará este mes a dos exjefes militares de ETA por el atentado de Legutiano, que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel. El juicio llega 18 años después de la explosión de una furgoneta cargada con hasta 200 kilos de explosivos en la madrugada del 14 de mayo de 2008, según la información publicada sobre el estado de la causa.
Legutiano tenía entonces en torno a 2.000 habitantes. El ataque se produjo en la madrugada del 14 de mayo de 2008, cuando el vehículo, con hasta 200 kilos de explosivos, estalló contra la casa cuartel de la Guardia Civil. El estallido rompió el silencio del municipio.
Estos inmuebles combinan dependencias oficiales del instituto armado con viviendas de los agentes y de sus familias. En ellos residen los guardias destinados en la zona.
El atentado que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel
Juan Manuel Piñuel llevaba apenas dos meses destinado en la casa cuartel de Legutiano cuando se produjo la explosión. Tenía mujer y un hijo pequeño. Su muerte es la única que recoge el relato de la causa al que remite la información publicada.
La reconstrucción del ataque se apoya en la furgoneta y en la carga explosiva empleadas. La información consultada no incluye un recuento oficial de heridos, un dato que en este tipo de sucesos suelen facilitar los servicios de emergencia, ni detalla el estado en que quedó el inmueble.
La causa atribuye el ataque a la banda terrorista ETA y se centra en un único fallecido, el guardia civil Juan Manuel Piñuel.
Han pasado 18 años.
Los dos acusados y su condición procesal
El enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para los delitos de terrorismo. La información publicada no precisa la composición del tribunal ni la sala que asumirá la vista.
Al banquillo se sentarán los que fueron jefes militares de la banda: Jurdan Martitegi y Aitzol Iriondo. El primero comparece como presunto autor material (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena). Al segundo se le sitúa como el hombre que habría facilitado la comisión del ataque.
En términos penales, el autor material es quien ejecuta el hecho, mientras que la facilitación de medios se valora como una forma de participación distinta. La información publicada no concreta el alcance de la aportación atribuida a Iriondo ni el contenido exacto de la acusación dirigida contra cada uno.
Ambos llegan al juicio oral (la fase del proceso penal en la que se celebra la vista con las partes) sin condena firme por estos hechos. Ninguno ha sido declarado culpable por un tribunal en una resolución definitiva.
Qué falta por confirmar antes de la vista
El relato publicado no precisa el día concreto de la vista dentro de este mes de noviembre, ni las pruebas que se practicarán en el plenario. Tampoco aclara si la fiscalía, y las acusaciones particulares sostienen la misma calificación para los dos procesados.
La información publicada tampoco explica por qué el procedimiento ha tardado 18 años en llegar a juicio. Esa cronología procesal no aparece en los datos disponibles, que se limitan a situar la vista oral en las semanas que restan de noviembre. El juicio aún no se ha celebrado.
Tampoco consta si los dos procesados se encuentran en prisión provisional (la medida cautelar de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa) ni si afrontan otras causas abiertas.
La Audiencia Nacional afronta así el último tramo de una causa abierta en 2008. Cualquier fallo que se dicte podrá ser recurrido, de modo que la condición de condenado no será definitiva hasta que la resolución sea firme. La presunción de inocencia se mantiene hasta entonces.
