La Audiencia Nacional ultima el cierre judicial del atentado de ETA de Legutiano, que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel.
Un juicio que cierra 18 años de instrucción
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto celebrar este mes de noviembre el juicio contra los que fueran jefes militares de ETA Jurdan Martitegi y Aitzol Iriondo. El primero comparece señalado por la acusación como presunto autor material del atentado; el segundo, como el hombre que habría facilitado la logística para colocar la furgoneta bomba.
La vista oral llega tras una instrucción que se ha prolongado casi dos décadas y que ahora encara su tramo final. La Audiencia Nacional, órgano competente en materia de terrorismo en España, juzga los hechos con pleno respeto a la presunción de inocencia: los acusados son inocentes hasta que exista sentencia firme. La acusación sostiene que ambos integraban la dirección militar de la organización cuando se preparó el ataque.
La noche que golpeó Legutiano
En la madrugada del 14 de mayo de 2008, Legutiano, un municipio alavés de apenas 2.000 habitantes, dormía en calma. Una furgoneta cargada con hasta 200 kilos de explosivos estalló junto a la casa cuartel de la Guardia Civil. La deflagración rompió el silencio y segó la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel, que apenas llevaba dos meses destinado en esa unidad.
El agente dejó una mujer y un hijo pequeño. El atentado no solo destruyó parte de la casa cuartel: golpeó a una localidad entera y, con ella, a toda la institución. Juan Manuel Piñuel se convirtió en uno de los nombres que la Guardia Civil mantiene vivos en su memoria institucional.
La Audiencia Nacional ha instruido y juzgado durante décadas los atentados de ETA, garantizando que ningún crimen de la banda quedara sin respuesta judicial.
La casa cuartel, objetivo permanente de ETA
El ataque de Legutiano se inscribe en la larga lista de agresiones de ETA contra las casas cuartel, objetivos que la banda eligió durante años para golpear a la institución y sembrar el miedo entre los agentes y sus familias. La Guardia Civil respondió a esa presión con un trabajo constante de protección, investigación y desarticulación de comandos, a menudo en condiciones de riesgo extremo.
La memoria de las víctimas del terrorismo ocupa un lugar central en la política del Ministerio del Interior. Los homenajes, las condecoraciones y los actos de reconocimiento a los guardias civiles caídos buscan que el sacrificio de quienes defendieron la legalidad no caiga en el olvido. El reconocimiento institucional se ha consolidado además como una seña de identidad compartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El contexto institucional
El juicio que afronta la Audiencia Nacional se enmarca en la fase final de la respuesta judicial al terrorismo de ETA, organización que anunció el fin de su actividad armada en 2011 y cuya disolución se comunicó en 2018. Según los datos del Ministerio del Interior, la banda causó 829 víctimas mortales a lo largo de su historia, una cifra que resume la dimensión del desafío que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia tuvieron que afrontar durante décadas.
La Audiencia Nacional ha sido pieza clave de esa respuesta: centenares de setencias y una cooperación constante con las fuerzas policiales y con socios internacionales como Europol e Interpol han permitido que los responsables comparezcan ante la Justicia. El cierre de casos como el de Legutiano confirma que la persecución del terrorismo no entiende de plazos para el Estado de derecho.
Queda por conocer el desarrollo completo de la vista oral y el contenido de una eventual sentencia. Lo que ya está claro es que, 18 años después, el nombre de Juan Manuel Piñuel vuelve al centro de una decisión judicial que busca cerrar, definitivamente, una de las heridas más profundas del terrorismo en el País Vasco.
