El indulto a Álvaro García Ortiz sigue sobre la mesa del Gobierno un año después de su condena por revelar secretos. El Tribunal Constitucional no abordará el recurso de amparo del exfiscal general hasta que se hayan celebrado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El Tribunal Supremo condenó el 20 de noviembre de 2025 al entonces fiscal general del Estado por revelar secretos al empresario Alberto González Amador. Era la primera vez que el alto tribunal condenaba a un jefe del Ministerio Público. El fallo le impuso dos años de inhabilitación para el cargo y 7.200 euros de multa, además de una indemnización de 10.000 euros al empresario. La sentencia completa, con los argumentos, se conoció el 9 de diciembre.
Las claves de una condena que cumple un año
El fallo contó con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Su publicación precipitó la dimisión de García Ortiz, que en su carta de renuncia subrayó su «profundo respeto a las resoluciones judiciales». Desde entonces ha defendido su inocencia en declaraciones públicas y en sus recursos, igual que el Gobierno y una parte de los grupos parlamentarios. La norma entra en vigor al margen de este caso: nada de ello suspende la pena.
El último capítulo se cerró hace dos semanas, cuando el Supremo rechazó la impugnación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los honorarios del abogado de González Amador, que consideraban «excesivos», y confirmó que García Ortiz pague 39.000 euros en costas.
El amparo espera fecha tras el 29-N
La Abogacía del Estado, que defendió a García Ortiz en el juicio, presentó en abril un recurso de amparo (el mecanismo para reclamar ante el Constitucional la protección de derechos fundamentales) para anular la condena. Alegó vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva, además de la libertad de expresión y el derecho a no declarar contra uno mismo.
En su escrito sostuvo que actuó con «una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía». A su juicio, el Supremo hizo una «valoración irracional y arbitraria de los indicios» y basó la autoría «en meras inferencias abiertas», omitiendo el testimonio de periodistas que declararon que el fiscal general no era su fuente.
Un año después, ninguna de las dos vías está resuelta: el amparo no tiene fecha y el indulto no tiene decisión.
La Fiscalía, que pidió la absolución durante el juicio, también reclamó la nulidad por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación, y a la legalidad penal. Los recursos siguen a la espera de que el órgano de garantías fije fecha para estudiar su admisión a trámite.
El indulto: el Supremo ya informó en contra
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes inició en enero los trámites de un eventual indulto, a petición de dos particulares. El Supremo, como tribunal sentenciador, ya informó desfavorablemente al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública: «Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público».
La concesión corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno que aprueba decretos y proyectos de ley), y debe acordarse por real decreto publicado en el BOE, según el procedimiento del indulto. El titular de Justicia, Félix Bolaños, confirmó el mes pasado que el expediente está sobre su mesa y que «han terminado todos los trámites perceptivos»; el viernes añadió que «no está descartada ni una decisión ni otra».
Por qué sigue ejerciendo como fiscal
El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que se pierde la condición de fiscal con una «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos». En enero, la Fiscalía, ahora dirigida por Teresa Peramato, autorizó su continuidad en la carrera fiscal al entender que la inhabilitación solo le incapacitaba para el puesto que ocupaba, y lo destinó a la Sección de lo Social del Supremo.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (condena) y Tribunal Constitucional (recurso de amparo).
- Fase procesal: Sentencia dictada el 20 de noviembre de 2025; amparo pendiente de admisión a trámite.
- Implicados: Álvaro García Ortiz, condenado; Alberto González Amador, parte agraviada.
- Delito y penas: Revelación de secretos; dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización.
- Próximos pasos: El Constitucional estudiará la admisión después del 29-N; el indulto espera la propuesta del ministro de Justicia.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Supremo condenó a García Ortiz el 20-N de 2025 y el Constitucional no verá su amparo hasta después del 29-N.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, el empresario Alberto González Amador y el ministro Félix Bolaños.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El expediente de indulto espera la propuesta del ministro de Justicia al Consejo de Ministros, sin fecha fijada.
