EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La alcaldesa de València, María José Catalá, ha exigido a la Delegación del Gobierno que garantice los actos del 9 d’Octubre pese a la acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de València (PP) y la Delegación del Gobierno (PSOE) cruzan competencias; Compromís pide negociar y la acampada, con más de 1.200 personas, alerta de una amenaza ultra.
- ¿Qué impacto tiene? El pulso pone a prueba la convivencia entre la fiesta institucional y la reivindicación social en el día grande de la Comunitat Valenciana.
María José Catalá reta a la Delegación del Gobierno a garantizar el 9 d’Octubre pese a la acampada por la vivienda. La alcaldesa de València exige que los actos del próximo viernes se celebren «con normalidad y seguridad», mientras la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, defiende la protesta y apela al diálogo.
La acampada que ocupa desde el sábado la plaza del Ayuntamiento de València no tiene intención de levantar las tiendas. Y ese mismo espacio debería acoger la mascletà —el disparo pirotécnico que pone el broche a las fiestas del 9 d’Octubre— según la previsión municipal. Dos usos legítimos de la misma plaza que llevan días buscando encaje.
Ya ocurrió algo parecido en mayo. La acampada educativa ocupó entonces la plaza de la Virgen durante las celebraciones del Corpus, y los campistas desplazaron sus tiendas a los laterales para permitir la convivencia. Esta vez no hay señales de que vayan a repetir el gesto. Los acampados dicen que el 9 d’Octubre es importante, pero que su reivindicación, de alcance estatal, también lo es.
El Ayuntamiento pide seguridad y la Delegación responde que no cambia realidades
El Ayuntamiento de València, organizador de la procesión cívica del viernes y del resto de actos, entre ellos la mascletà, está recabando información para pedir formalmente a la Delegación del Gobierno que todo se desarrolle «con normalidad y seguridad». «¿Alguien entendería que no se celebrara la Diada en Catalunya?», se preguntó este martes la alcaldesa, María José Catalá, del PP.
La respuesta llegó desde otro acto. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, del PSOE, sostuvo que la Policía y la Delegación «no están para cambiar realidades, están para garantizar la seguridad». El Ejecutivo central no se mueve a desalojar: garantiza protección y deja que el Ayuntamiento decida cómo celebra.
La fiesta de todos los valencianos se topa este año con la reivindicación de la vivienda plantada en la misma plaza donde debe dispararse la mascletà.
Bernabé insistió en que, en materia de seguridad, «lo importante es el diálogo y no la crispación», y evitó recomendar al Ayuntamiento que adapte o traslade sus actos. La pelota, vienen a decir desde la Delegación, está en el tejado municipal.
Compromís pide negociar y la acampada alerta de una amenaza ultra
Compromís también ha movido ficha. Su portavoz municipal, Papi Robles, reclama a la alcaldesa que baje a la plaza a negociar, y sostiene que la ocupación de la calle por el derecho a la vivienda «siempre debe estar por encima de cualquier otro acto». Robles se muestra convencida de que los organizadores están dispuestos a entenderse «para que todo el mundo pueda circular».
Esa fórmula —reordenar la acampada sin que desaparezca— funcionó en el Corpus, pero no resuelve el problema de la mascletà. El disparo exige unas medidas de seguridad que no encajan con un campamento a pocos metros de la línea de fuego.
Mientras, los acampados cifran en más de 1.200 las personas participantes. En las últimas horas han denunciado en redes sociales una presunta amenaza del grupo ultra Núcleo Nacional, que se estaría movilizando para «reventar la acampada» el próximo jueves 8 de octubre. Piden apoyo ciudadano para formar un cordón de seguridad que impida el acceso.
El Escenario Valenciano
El pulso por el 9 d’Octubre es, en realidad, un mapa del poder territorial valenciano. El PP gobierna a la vez la Generalitat —con Juanfran Pérez Llorca al frente y el pacto con Vox— y el Ayuntamiento de València, con María José Catalá. Frente a ellos, el PSOE ocupa la Delegación del Gobierno, la representación del Estado en el territorio. Cada institución juega su carta con la mirada puesta en Madrid.
La dimensión nacional es evidente. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate político español, y el choque entre una alcaldesa del PP y una delegada del PSOE por el uso de una plaza es su versión más local. El Gobierno central no se plantea desalojar y deja la decisión en manos municipales; el Ayuntamiento insiste en que la seguridad es competencia de la Delegación. Ninguna de las dos partes quiere cargar con la imagen de una fiesta suspendida.
Queda el calendario. El 9 d’Octubre de 2026 cae en viernes. Compromís pide negociación; el Ayuntamiento, garantías; la Delegación, diálogo. Todo apunta a que la jornada se decidirá en las próximas horas, con la plaza aún ocupada y las dos administraciones midiendo cada paso.
Ficha del Caso
- El caso: La acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento de València coincide con los actos del 9 d’Octubre, y las administraciones cruzan exigencias sobre quién garantiza la seguridad.
- Datos importantes: La protesta arrancó el sábado, reúne a más de 1.200 personas y mantiene ocupado el espacio donde está prevista la mascletà. El Ayuntamiento es del PP; la Delegación del Gobierno, del PSOE.
- Resumen: El pulso por el día grande de la Comunitat Valenciana mide la convivencia entre una fiesta institucional y una reivindicación social que no piensa marcharse.
