EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia (DOJ) ha imputado a 16 extranjeros por voto ilegal y registro fraudulento en Florida, Luisiana, Wisconsin y Minnesota.
- ¿Quién está detrás? Los fiscales federales, con comparecencias a finales de septiembre ante la jueza Elsa M. Bullard. El mes pasado hubo otras diez imputaciones en siete estados.
- ¿Qué impacto tiene? Coloca la integridad del censo en el centro de la campaña de las midterms del 3 de noviembre.
El Departamento de Justicia ha imputado a 16 extranjeros por delitos electorales en cuatro estados a cuatro semanas de las midterms.
Los cargos, anunciados el lunes, incluyen el voto ilegal y la inscripción fraudulenta en el censo. Llegan con el calendario ya en marcha: el 3 de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El calendario manda.
Voto ilegal, falsa ciudadanía y cuatro estados en el punto de mira
En Florida, Luisiana y Wisconsin, la acusación señala a seis personas por votar presuntamente sin derecho en las presidenciales de 2024: la italiana Andrea Catanese (60), el bahameño Terrance Patrick Evans (37), el cubano Pedro Pablo Ruiz (68), la mexicana Zianya Yllaly Zamorano (34), el nicaragüense Dudley Francisco Zeledon (56) y la macedonia Sara Luma (30).
En Minnesota hay diez imputados por falsa declaración de ciudadanía y voto irregular, entre ellos tres liberianos, una lituana, un ghanés, un alemán, un bosnio, un brasileño, un canadiense y una sudafricana. Joshua Frederick Kofi Edzie, ghanés de 63 años, acumula tres cargos, uno por un voto presuntamente emitido el 11 de agosto de 2026.
La base jurídica es doble: el artículo 911 del Código federal, que castiga la falsa declaración de ciudadanía para inscribirse, y el 611, que persigue el voto de un extranjero no ciudadano en elecciones federales. Las comparecencias ante la jueza magistrada Elsa M. Bullard arrancaron a finales de septiembre en Minneapolis.
La operación no llega sola. El mes pasado, el Departamento de Justicia imputó a otros diez extranjeros por hechos similares en Florida, Kansas, Nueva Jersey,, Pensilvania, Texas, Hawái y Utah.
Unos pocos votos irregulares no deciden una elección, pero sí deciden el relato con el que un país se mira a sí mismo cada dos años.
Con el Senado y la Cámara de Representantes entera en juego, cada imputación entra en la campaña. La cifra, en términos absolutos, es pequeña. Nadie lo discute en Washington.
Del censo americano al español: dos maneras de proteger la papeleta
En España el censo es único, cerrado y lo gestiona el Instituto Nacional de Estadística con datos municipales y consulares: nadie se inscribe el día de la votación. En Estados Unidos el registro lo lleva cada condado, sin documento de identidad federal obligatorio, y se firma bajo pena de perjurio. Ahí está la diferencia. Los extranjeros no comunitarios solo votan aquí en las municipales, y solo si su país mantiene un acuerdo de reciprocidad con Madrid.
Para España el impacto es indirecto, pero conviene medirlo. Ningún ciudadano español figura entre los acusados y las empresas españolas con presencia en EE. UU. —de Iberdrola a Inditex, de Ferrovial a Santander— no se ven afectadas. Lo que sí está en juego, es el Congreso que desde enero de 2027 tramitará aranceles, defensa y el marco transatlántico: cambian los interlocutores y cambia el tono.
Hay un detalle que afecta a los residentes españoles y a los nacionales con doble pasaporte. Si avanza el SAVE Act —el proyecto que exige prueba documental de ciudadanía para inscribirse, aprobado varias veces por la Cámara y bloqueado en el Senado por el filibusterismo, la regla que exige 60 votos para cerrar el debate—, los trámites se endurecerán para todos, incluidos los votantes legítimos.
La Lógica de Washington
¿Por qué el Departamento de Justicia pone el foco aquí y ahora? Porque la confianza en el censo es el activo más frágil de un sistema que administra elecciones en más de 8.000 jurisdicciones, cada una con su propia lista. Un solo voto irregular no altera un resultado, pero alimenta la sospecha sobre todos los demás. Esa es la tesis del DOJ, y la que lleva años empujando a buena parte del Partido Republicano a exigir pruebas documentales de ciudadanía. La coalición que respalda esa demanda convirtió la integridad electoral en un asunto de identidad. Washington no improvisa: responde a esa presión y envía un mensaje disuasorio a cuatro semanas de las urnas.
El precedente ayuda a entenderlo. En 1997, un tribunal de Florida anuló las elecciones a alcalde de Miami tras acreditarse un fraude masivo en el voto por correo, y ordenó repetirlas: es la última vez que una elección americana se ha declarado nula por fraude. Más atrás, los historiadores del derecho electoral recuerdan que hasta 22 estados permitían votar a los extranjeros en el siglo XIX, y que Arkansas fue el último en prohibirlo, en 1926.
La incógnita es doble. La información procede de un único medio, Breitbart News, y esta redacción no ha podido confirmarla de forma independiente; el Departamento de Justicia no suele comentar casos en curso. Además, las organizaciones de defensa del derecho al voto advierten de un efecto colateral: algunos votantes legítimos evitan inscribirse. Es una crítica atribuida, no un hecho probado. La secuencia, en cambio, sí es verificable: trámites en octubre, urnas el 3 de noviembre y un Congreso nuevo en enero de 2027 con el SAVE Act sobre la mesa.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia imputa a 16 extranjeros por voto ilegal e inscripción fraudulenta en cuatro estados, a cuatro semanas de las legislativas del 3 de noviembre.
- Datos clave: Los artículos 911 y 611 del Código federal sostienen los cargos; diez acusados comparecieron en septiembre ante la jueza Elsa M. Bullard en Minneapolis.
- Para España: Ningún español figura entre los acusados, pero el endurecimiento del registro afecta a residentes y a nacionales con doble pasaporte; el resultado del 3 de noviembre definirá los interlocutores de Madrid.
