El trasvase de voto del PP a Vox llega al 20,8% en los sondeos internos que forzaron el adelanto electoral del 29-N.
La cifra no sale de un sondeo cualquiera. Procede de los informes que Pedro Sánchez tenía sobre la mesa este fin de semana y que el presidente del Gobierno ha utilizado como palanca para anticipar las elecciones al 29 de noviembre, según ha adelantado elDiario.es. Uno de esos estudios, elaborado a partir de las cuatro de la tarde del pasado viernes, concluye que el Partido Popular no acierta a tapar la fuga de votos que se marchan hacia Vox.
El diagnóstico que maneja La Moncloa es doble. Por un lado, una izquierda confederal que se activa al calor de las movilizaciones por la vivienda. Por otro, un Alberto Núñez Feijóo que sufre el ascenso de Vox y que ya no puede presentarlo como un fenómeno menor. Los datos que sostienen esa lectura son contundentes.
Qué dicen los informes internos del Gobierno sobre el ascenso de Vox
Según el documento central, el 20,8% de los votantes que en 2023 depositaron la papeleta del Partido Popular aseguran ahora que apoyarán la candidatura de Santiago Abascal. En términos prácticos, los de Feijóo podrían perder a uno de cada cinco de sus electores. Es la magnitud que el propio Ejecutivo da por indiscutible.
Esa expectativa de voto explica el resto del cuadro. Las encuestas sitúan a Vox en el 19,4% de los sufragios y 71 escaños si las urnas se abrieran hoy, lo que equivale a casi uno de cada cuatro votantes populares de hace tres años. La traducción parlamentaria de ese porcentaje es la que ha empujado a Sánchez a mover ficha ahora y no en primavera.
Los sondeos que maneja La Moncloa admiten lo que el PP no logra frenar: una quinta parte de su electorado de 2023 ya votará a Vox.
Qué impacto tiene ese trasvase en el reparto de escaños
La matemática que dibujan esos estudios desmonta la suma cómoda de la derecha. Aunque PP y Vox seguirían por encima de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, fijada en 176 escaños, entre ambos no sobrepasarían la barrera de los 185 diputados. Los mismos informes descartan que la suma de las derechas supere los 200 escaños.
El otro flanco es el de los socios del PSOE. Los informes flash, de elaboración rápida y cerrada justo después del voto del viernes, detectan una activación del electorado de la izquierda confederal. Sin embargo, la misma aritmética refleja que reeditar la coalición de Gobierno resulta inviable si el espacio de Sumar no alcanza, como mínimo, el 11% del voto.
El escenario se complica si el votante tiene que elegir entre dos papeletas, con Podemos y el Frente Amplio —el nuevo nombre de la coalición que integran Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns— presentándose por separado.
El detonante inmediato fue la votación del pasado viernes en el Congreso de los Diputados, donde PP, Junts y Vox tumbaron los dos decretos antidesahucios.
Ese resultado activó a la izquierda en la calle y, en paralelo, confirmó al Ejecutivo que el marco de campaña que más le conviene es el de la vivienda. CCOO y UGT han confirmado que se sumarán al llamamiento a la huelga general que reclaman las asociaciones de inquilinas, prevista para este otoño y sin fecha cerrada todavía.
La estrategia de Vox en las ocho semanas que restan hasta el 29-N
Sánchez defendió la convocatoria desde La Moncloa con un argumento que resume su cálculo: ‘necesitamos una mayoría más amplia’. El presidente del Gobierno sitúa el foco en la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda, convencido de que ese terreno moviliza más a su electorado que cualquier otro. El problema es que el marco anterior, el de la crisis migratoria, fue el que aupó a Vox, y el actual no parece estar conteniéndolo.
Para Vox, la lectura es la inversa. El trasvase no se explica por un mal día del Partido Popular: responde a un eje que el partido ha mantenido fijo —inmigración, seguridad, fiscalidad, campo y agua— mientras el PP modulaba su discurso al ritmo del calendario. Con 33 diputados en el Congreso y 120 escaños repartidos por los parlamentos autonómicos, la formación afronta las ocho semanas de campaña con una base institucional que hace imposible tratarla como una anomalía.
El calendario aprieta. El real decreto de convocatoria electoral se publica en el Boletín Oficial del Estado y la campaña oficial, de quince días, arrancaría a mediados de noviembre.
En ese plazo, el Partido Popular tendrá que decidir si compite por recuperar a los votantes que se le van por la derecha o por pescar en el centro. Las dos cosas a la vez, con un 20,8% de fuga sobre la mesa, resulta difícil. Vox, mientras, juega sobretodo con una ventaja que no dependía de su propia propaganda: la cifra la firma el equipo de Sánchez.
