La convocatoria de una huelga general por la vivienda y los salarios ha abierto una nueva batalla política en torno al papel de los sindicatos mayoritarios. UGT y CCOO han acordado convocar un paro de 24 horas para este otoño, aunque todavía deben concretar la fecha. La movilización llegará, además, en un momento especialmente sensible: a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Tras ocho años del denominado por el propio Pedro Sánchez como el «Gobierno más progresista de la historia», la protesta sindical llega al final de la legislatura y plantea una contradicción que sus críticos consideran difícil de explicar: las centrales han participado durante años en la concertación social con el Ejecutivo y ahora convocan su principal instrumento de presión precisamente cuando el ciclo político entra en campaña electoral.
La decisión ha provocado críticas entre quienes consideran que UGT y CCOO han mantenido una relación demasiado próxima con el Gobierno durante los últimos años y que la movilización puede terminar teniendo un efecto político favorable al PSOE. Estas críticas no proceden únicamente de posiciones conservadoras. También desde sectores de la izquierda alternativa se interpreta la convocatoria desde dos perspectivas: como una forma de devolver protagonismo al Gobierno de Pedro Sánchez ante la presión de los movimientos sociales y como una manera de incorporar al movimiento sindical a las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, que llevaba reclamando una huelga general por la vivienda. De hecho, UGT y CCOO han reconocido expresamente que incorporan el conflicto de las rentas a las movilizaciones por el acceso a la vivienda.
Para los sindicatos y quienes respaldan sus reivindicaciones, la protesta tiene un terreno abonado: el precio de la vivienda se ha disparado, los alquileres se han convertido en una barrera para buena parte de los trabajadores y el crecimiento de los salarios no siempre ha acompañado al coste de la vida. Pero precisamente por eso la convocatoria abre un segundo debate, mucho más político: si el problema era tan grave, ¿por qué los sindicatos no recurrieron antes a su principal herramienta de presión y por qué lo hacen ahora, cuando las urnas vuelven a marcar el calendario?
Esa fue la pregunta que Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha tenido que afrontar esta semana ante diferentes medios de comunicación. Una cuestión que no solo pone el foco en el momento de la convocatoria, sino también en la relación mantenida durante estos años entre las organizaciones sindicales y el Ejecutivo. La sospecha planteada por sus críticos es difícil de esquivar: que una protesta presentada como una reivindicación laboral pueda acabar teniendo también un efecto político favorable al Gobierno.
Luján, sin embargo, rechaza esa lectura y defiende que la ausencia de huelgas generales durante la legislatura no significa que los sindicatos hayan permanecido inactivos. Al contrario, sostiene que los últimos ocho años han estado marcados por una intensa negociación con el Ejecutivo y con la patronal, de la que, a su juicio, han salido mejoras sustanciales para los trabajadores.
«Los pasados ocho años hemos tenido concertación, acuerdos, acuerdos que además han mejorado sustancialmente las condiciones laborales de este país», defendió públicamente el dirigente de UGT.
Ahí reside precisamente la contradicción que alimenta la polémica. Lo que para UGT es la consecuencia lógica de una etapa de negociación —movilizarse cuando los acuerdos dejan de ser suficientes— para sus críticos es una reacción tardía y coincidente con el calendario electoral.
La financiación sindical, en el punto de mira
La discusión tampoco se limita a la vivienda. Otro de los asuntos más sensibles es la financiación de los sindicatos, especialmente por el volumen de recursos públicos que reciben estas organizaciones y por el debate político sobre el modelo de financiación sindical.
Durante la entrevista se puso sobre la mesa la comparación entre los recursos recibidos por los sindicatos durante la etapa de Mariano Rajoy y los actuales. El planteamiento de los entrevistadores fue directo: el incremento de las cantidades públicas puede alimentar, entre sus detractores, la percepción de que las centrales tienen incentivos para mantener una relación cordial con el poder.
Luján evitó entrar en el fondo de esa comparación y volvió a colocar el foco en la actividad sindical. Su argumento es que los acuerdos alcanzados durante estos años no han beneficiado a UGT como organización, sino al conjunto de los trabajadores. Recordó, además, que las centrales participan cada año en miles de convenios colectivos y en negociaciones sobre salarios, pensiones y legislación laboral.
«Nosotros negociamos más de 4.000 convenios cada año», afirmó el dirigente sindical, que también reivindicó el papel de las organizaciones en la negociación del salario mínimo, las pensiones y el diálogo social.
Sus críticos, sin embargo, consideran insuficiente esta respuesta y reclaman mayor transparencia sobre el dinero público que reciben las organizaciones sindicales y sobre el destino de esas ayudas. En este punto conviene distinguir entre la existencia de financiación pública y la interpretación política que algunos hacen de ella: recibir subvenciones no demuestra por sí mismo una dependencia política del Gobierno, aunque sí alimenta un debate recurrente sobre la autonomía de las centrales respecto a las administraciones.
Con todo, la pregunta que queda suspendida sobre la convocatoria sigue siendo la misma: ¿es esta una huelga contra el Gobierno o la consecuencia de que el modelo de concertación social haya llegado a su límite?
Los sindicatos insisten en que no se movilizan contra Pedro Sánchez ni contra Alberto Núñez Feijóo, sino contra una situación social concreta. Para las centrales, la vivienda ya no es únicamente una cuestión urbanística o administrativa: cuando una parte creciente del sueldo de un trabajador desaparece cada mes en el alquiler o la hipoteca, se convierte también en un problema laboral.
UGT y CCOO sostienen precisamente que el acceso a una vivienda digna está estrechamente vinculado a los salarios. En su comunicado conjunto, las centrales argumentan que los sueldos no permiten afrontar simultáneamente el coste de la vivienda y la inflación.
La vivienda como nuevo frente de batalla sindical
La tesis sindical es clara. Sin salarios suficientes no hay emancipación posible y sin vivienda asequible las mejoras salariales pierden buena parte de su efecto. La cuestión política es si esa reivindicación, compartida por amplios sectores sociales, puede desvincularse del momento escogido para llevarla a la calle.
Porque la convocatoria tendrá lugar previsiblemente cuando los partidos ya estén inmersos en la carrera electoral. Y esa coincidencia convierte una reivindicación laboral en un problema político para quienes la promueven: tendrán que demostrar que la huelga no es el último capítulo de su relación negociadora con el Gobierno, sino precisamente el momento en que esa relación deja de ser suficiente.
El problema habitacional ya no puede analizarse únicamente desde la política de vivienda. El precio de la vivienda condiciona directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en las grandes ciudades, donde el coste de los alquileres y de la compra dificulta el acceso de amplias capas de la población.
Ese argumento constituye el principal fundamento de la futura huelga. Los sindicatos pretenden presentar la movilización como una protesta de carácter laboral y social, no como una acción partidista contra Pedro Sánchez. De hecho, la convocatoria se produce después del rechazo en el Congreso de los dos reales decretos-leyes de vivienda y tras las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas.
Sin embargo, la cuestión de contra quién se dirige la protesta continúa en el centro de la polémica. Una parte esencial de las competencias en materia de vivienda corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que sus críticos cuestionan que el Gobierno central pueda ser considerado el único destinatario de una huelga general.
Los sindicatos responden que la responsabilidad está repartida entre las distintas administraciones, pero defienden que existen también competencias estatales relacionadas con salarios, legislación laboral, fiscalidad y vivienda que justifican una movilización de ámbito nacional.
Una huelga que llega antes de las elecciones
La fecha definitiva de la movilización todavía no está fijada, pero el hecho de que UGT y CCOO hayan acordado convocarla este otoño ha disparado las sospechas sobre su dimensión política. La huelga será, en cualquier caso, anterior a las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez.
La circunstancia temporal resulta especialmente relevante porque se trata de la primera huelga general de UGT y CCOO en 14 años. Las dos últimas fueron convocadas en 2012 contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
Para los sindicatos, la movilización responde a problemas concretos: salarios insuficientes, dificultades de acceso a la vivienda y falta de avances en determinadas negociaciones con la patronal. Para sus críticos, la cuestión es otra: los sindicatos estarían protestando ahora contra problemas que llevan años denunciando después de haber mantenido durante buena parte de la legislatura una relación de negociación permanente con el Ejecutivo.
La acusación más dura es que UGT y CCOO se habrían convertido en un «brazo político del Gobierno», una interpretación que Luján rechaza. Las centrales defienden, por el contrario, que la convocatoria responde a una decisión autónoma y a una situación social que consideran insostenible.
La polémica, en cualquier caso, ya está instalada. Los sindicatos sostienen que la crisis de la vivienda y la insuficiencia salarial justifican sobradamente una movilización general. Sus críticos consideran que el momento elegido, la relación mantenida con el Ejecutivo durante la legislatura y el debate sobre la financiación sindical alimentan las dudas sobre su dimensión política.
La huelga todavía tiene que concretar su fecha y completar su proceso de ratificación interna, pero la disputa ya ha dejado una certeza: UGT y CCOO afrontan una movilización que tendrá que convencer no solo a los trabajadores, sino también a una opinión pública que observa con atención la frontera entre acción sindical y batalla política.
