El macrojuicio contra el clan ‘Los Gallos’ en Granada se cierra con condenas pactadas de hasta tres años y nueve meses de cárcel.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Dieciséis de los diecinueve acusados del clan ‘Los Gallos’ han aceptado penas por conformidad tras más de dos horas de negociación con la Fiscalía.
- ¿Dónde y quién? En la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, con la trama asentada en el norte de la provincia.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Dieciséis condenados por una red que operaba en tres municipios del norte de Granada, con multas de hasta 60.000 euros y bienes decomisados.
Dieciséis de los diecinueve acusados aceptan las penas y la sentencia se dicta por conformidad
Las defensas y el ministerio público han alcanzado acuerdos parciales después de más de dos horas de negociación, y la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia por conformidad. El tribunal había reservado seis sesiones para una macrocausa con diecinueve acusados, y el pacto ha comprimido el calendario previsto.
El principal acusado, representado por el letrado Carlos Aránguez, ha aceptado tres años y nueve meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se enfrentaba a peticiones que sumaban 18 años. Su defensa ha pedido la suspensión del ingreso en prisión porque ninguno de los delitos individuales supera los dos años, y el letrado se ha mostrado satisfecho con el resultado.
Otros dos procesados han recibido la misma pena por varios delitos, mientras el resto de las condenas oscila entre los seis meses y los tres años y nueve meses. Los cargos contra una de las acusadas han sido retirados. Las multas se han fijado en hasta 60.000 euros y las pertenencias incautadas por la Guardia Civil en la macrooperación serán decomisadas.
A eso se suma una condena común: la mayoría de los procesados ha aceptado también tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros por defraudación del fluido eléctrico. El fiscal y la sala se han mostrado favorables a la suspensión del ingreso en prisión, y durante la ejecución los condenados podrán elegir entre multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad.
El mapa de la trama: naves, lenguaje encriptado y enganches ilegales
La investigación sitúa el origen de la red en el norte de la provincia. Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al menos siete de los acusados, integrantes del mismo grupo familiar, habrían constituido entre agosto de 2021 y mayo de 2023 una estructura dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana y a la adquisición de cocaína. La trama operaba desde varias viviendas y naves situadas en Guadix y en Valle del Zalabí.
Las penas pactadas acortan un macrojuicio que la Fiscalía quería castigar con 18 años, pero no borran 21 meses de marihuana y cocaína en el norte de Granada.
Parte de esas viviendas y naves se repartían también por Benalúa de Guadix. Para eludir a la Guardia Civil, los procesados empleaban un lenguaje encriptado en sus comunicaciones telefónicas y en aplicaciones de mensajería, y mantenían puntos de vigilancia en barrios de difícil acceso. Las acometidas ilegales a la red eléctrica contaban con la colaboración de varios electricistas, también procesados.
Dos de los acusados citados no comparecieron y la sala ha deducido testimonio para abrir una pieza separada. La Fiscalía pedía penas que alcanzaban los 18 años de prisión por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y fraude eléctrico. El acuerdo por conformidad deja la horquilla final entre los seis meses y los tres años y nueve meses.
La Lectura Andaluza
Lo que en la Audiencia Provincial de Granada se ha resuelto por conformidad era, para la Fiscalía, un trabajo de meses: diecinueve acusados, cinco tipos delictivos y una instrucción arrancada de hechos cometidos entre agosto de 2021 y mayo de 2023. Las macrocausas por tráfico de drogas se han convertido en una escena habitual de los tribunales andaluces, y la conformidad es hoy la vía más rápida para cerrarlas cuando el banquillo se llena.
Para los vecinos de Guadix y de Benalúa de Guadix, la sentencia se traduce en cifras muy concretas: dieciséis condenados, multas de hasta 60.000 euros, bienes decomisados y la posibilidad de que buena parte de los penados evite la cárcel a cambio de pagar o de trabajar para la comunidad. El fraude eléctrico castigado con seis euros diarios durante tres meses, el enganche ilegal a la red que alimentaba las plantaciones, es una de las huellas que estas tramas dejan en los barrios donde se instalan. Y la investigación duró veintiún meses: de agosto de 2021 a mayo de 2023.
Ahora empieza la ejecución. La Audiencia deberá decidir si suspende el ingreso en prisión de quienes lo han pedido, la pieza separada abierta para los dos acusados que no comparecieron seguirá su curso y el asunto podría acabar en el TSJA (el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, máximo órgano judicial regional) si alguna parte impugna el fallo. En el norte de Granada, la lucha contra el narcotráfico se sigue dirimiendo en los juzgados, a golpe de conformidad y de paciencia. Y cada sentencia deja un rastro: naves desmanteladas, enganches cortados y una comarca que todavía espera notarlo en la calle.
