Más de 400 personas sin hogar en Alicante y menos de 70 plazas de albergue: la brecha que denuncian las entidades

Las entidades reclaman un plan público de vivienda tras el fracaso del programa Housing First, abandonado a los dos años por falta de presupuesto. Alicante registra cuatro desahucios al día.

Más de 450 personas duermen cada noche en la calle en Alicante. La ciudad solo ofrece 69 plazas de albergue.

La cifra no sale de un despacho. La puso el viernes 20 de noviembre sobre el asfalto la Red de entidades para la atención a personas sin hogar (Rehapsa), que reunió a voluntarios de Cáritas, Cruz Roja y otras organizaciones en una marcha que partió del Mercado Central y terminó en la plaza del Ayuntamiento. El lema de la pancarta: «Hay personas que no tienen un hogar. Dejemos de mirar hacia otro lado».

La aritmética que no cierra: 450 personas y 69 camas

Cada noche, cuando se apagan las terrazas, la comida se reparte en cuatro esquinas concretas de Alicante: la sede central de Cruz Roja, el estadio Rico Pérez, el Mercado Central, o la estación de Renfe. Bolsas de comida para una población creciente. No existe alternativa pública suficiente, sostiene Rehapsa. El único techo habilitado es un albergue de 69 plazas donde conviven familias desahuciadas con personas que arrastran adicciones o patologías mentales.

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A eso se suma el comedor social: 15 plazas públicas para una ciudad de más de 330.000 habitantes. Quince plazas frente a 450 personas. La aritmética no admite interpretación. Quien no entra en el albergue ni en el comedor come lo que le lleva un voluntario y duerme donde puede.

Detrás de cada cifra hay una biografía rota. Un contrato que se acabó, una separación, una renta que subió cuarenta euros y dejó de cuadrar. El sinhogarismo no es una elección, dice el manifiesto leído ante el Ayuntamiento: es la consecuencia directa de la falta de vivienda, de la exclusión, de la precariedad, de una sociedad individualista y del abandono institucional.

Una ciudad que ofrece 69 camas a 450 personas no tiene un problema de espacio: tiene un problema de prioridades.

Housing First, el ensayo que duró dos años y nadie ha repetido

Hubo un intento. En 2017, con el tripartito de PSPV, Guanyar y Compromís, el Ayuntamiento de Alicante importó el modelo Housing First, nacido en Estados Unidos y convertido en estándar europeo: primero la vivienda, después el acompañamiento. El programa preveía centros con duchas, taquillas para cargar el móvil y comedores adaptados a cada perfil. Se frustró a los dos años por dificultades presupuestarias. Desde entonces, según las entidades, no se ha encontrado alternativa.

Lo que queda es gestión de la visibilidad. Vecinos de la plaza Séneca, la plaza de Calvo Sotelo y la playa del Postiguet han protestado por la presencia de personas durmiendo al raso, y la Policía Local ha sido movilizada en varias ocasiones para retirar sacos de dormir, tiendas y cartones. Con escaso éxito. Se desplaza a las personas, no se resuelve el problema.

La presión no viene solo de la calle. Según los Sindicatos de Vivienda, en Alicante se registran cuatro desahucios al día: es la cuarta ciudad del Estado con más lanzamientos y la décima en población. La puerta de entrada a la exclusión gira a cuatro por día.

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Por eso las entidades no piden caridad. Piden «un plan público, coherente, estable y con recursos reales» y «un compromiso firme con la vivienda como derecho, no como mercancía ni lujo». El cierre del manifiesto cabe en cualquier debate presupuestario: «los servicios públicos son un deber del Estado, la vivienda es un derecho y la dignidad no se negocia».

El Escenario Valenciano

El marco competencial reparte responsabilidades. El Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, gestiona la atención directa; el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, equivalente autonómico del Consejo de Ministros) que preside Juanfran Pérez Llorca con el apoyo de Vox tiene las competencias de vivienda y servicios sociales; y el Estado fija el suelo normativo. Tres administraciones, un mismo problema y ninguna respuesta coordinada desde el cierre del programa de 2017.

La escala tampoco es local. La Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo, aprobada en 2023 con horizonte 2030, sitúa el foco en la prevención y en la vivienda antes que en el albergue, exactamente la lógica del Housing First que Alicante abandonó. La ley estatal de vivienda de 2023 dejó además en manos de las comunidades autónomas la declaración de zonas tensionadas, el instrumento llamado a frenar la sangría de desahucios. En la Comunitat Valenciana ese mecanismo sigue sin desplegarse, y el mercado del alquiler de Alicante no da tregua.

Las entidades miran al calendario. El invierno empieza el 21 de diciembre y una noche al raso en el Postiguet es otra cosa. Mientras, el debate político se juega en dos frentes: el presupuesto municipal y el plan autonómico de vivienda. Sin plazas nuevas, la única política posible es la de contar personas.

Ficha del Caso

  • El caso: Una marcha ciudadana en Alicante visibiliza el déficit de recursos públicos para las personas sin hogar en la segunda ciudad de la Comunitat Valenciana.
  • Datos importantes: Rehapsa eleva a más de 450 las personas que duermen en la calle; el albergue tiene 69 plazas y el comedor social 15; cuatro desahucios al día; el programa Housing First se frustró a los dos años por falta de presupuesto.
  • Resumen: Las entidades exigen un plan de vivienda estable al Ayuntamiento y a la Generalitat mientras el invierno se acerca sin plazas nuevas.
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