El tejido empresarial español afronta una paradoja: sostiene buena parte del empleo y de la actividad económica, pero sigue encontrando dificultades para invertir, incorporar tecnología y ganar dimensión. El Informe Emprende 2026, elaborado por Holded a partir de una encuesta a 1.530 emprendedores y autónomos, dibuja un diagnóstico que va más allá de la digitalización: las pequeñas empresas necesitan financiación, asesoramiento especializado, formación práctica y un entorno regulatorio que les permita dedicar más recursos a producir y crecer. Sus demandas sitúan a las pymes ante un reto que debería ocupar un lugar central en las prioridades económicas de la próxima legislatura.
El debate sobre el futuro económico de España suele girar alrededor de grandes cifras de inversión, productividad, empleo o transformación industrial. Sin embargo, buena parte de esos objetivos depende de la capacidad de miles de pequeños negocios para mantener su actividad, contratar trabajadores, modernizarse y competir. Las pymes representan el 99% del tejido empresarial español y las microempresas, por sí solas, suponen el 94%. Además, concentran aproximadamente dos tercios del empleo y aportan el 60,9% del valor añadido bruto, por encima de la media europea, situada en el 59%.
Su peso contrasta con las dificultades que encuentran para dar el siguiente paso. El informe refleja que el problema no consiste únicamente en conseguir que nazcan nuevos negocios, sino en crear las condiciones para que puedan consolidarse, ganar productividad y ampliar su mercado. La supervivencia empresarial, la inversión y el crecimiento de las pymes deberían dejar de ser asuntos secundarios para convertirse en una pieza estructural de la política económica.
La financiación y el asesoramiento, las primeras necesidades de los pequeños negocios
La principal conclusión del estudio es que el acceso a financiación continúa siendo la demanda más importante de los emprendedores. Un 28% identifica esta necesidad como el apoyo más útil para impulsar el crecimiento de su negocio. No se trata de una reivindicación aislada: disponer de recursos económicos condiciona la posibilidad de contratar personal, renovar equipos, abrir nuevas líneas de actividad, ampliar instalaciones o invertir en tecnología.
Para una pequeña empresa, la falta de financiación puede convertirse en un obstáculo que se retroalimenta. Sin recursos resulta más difícil invertir en mejoras; sin esas mejoras cuesta aumentar la productividad y competir con compañías de mayor tamaño; y sin crecimiento se reduce la capacidad de generar ingresos con los que afrontar nuevas inversiones. La diferencia entre disponer de liquidez para sostener el día a día y contar con financiación para desarrollar el negocio puede determinar que una empresa permanezca estancada o consiga ampliar su actividad.
La segunda gran demanda es el asesoramiento legal, laboral y fiscal, señalado por el 26% de los encuestados. El dato refleja que los autónomos no necesitan únicamente dinero para crecer. También requieren apoyo para desenvolverse en un marco administrativo y normativo que puede resultar especialmente complejo cuando no disponen de departamentos especializados.
En una gran compañía, las obligaciones fiscales, laborales o jurídicas suelen estar atendidas por equipos propios o proveedores externos con capacidad para asumirlas. En un pequeño negocio, esas tareas recaen con frecuencia sobre el empresario, que debe compatibilizarlas con la gestión comercial, la atención al cliente, la contratación y la actividad productiva. El tiempo dedicado a resolver trámites o interpretar cambios normativos es tiempo que deja de emplearse en desarrollar el negocio.
Por eso, la simplificación administrativa y el acceso a asesoramiento asequible deberían formar parte de cualquier estrategia destinada a mejorar la competitividad. No basta con anunciar ayudas o programas de emprendimiento si acceder a ellos exige una carga burocrática que las empresas más pequeñas tienen dificultades para asumir.

La digitalización ya no es una opción, pero falta formación para aprovecharla
La transformación tecnológica constituye otra de las grandes necesidades identificadas por el informe. Un 25% de los emprendedores considera prioritaria la formación digital, mientras que un 23% reclama formación práctica para integrar la inteligencia artificial en su negocio. La cercanía entre ambas cifras revela que el reto no consiste solo en facilitar herramientas, sino en enseñar a utilizarlas para obtener resultados concretos.
La inteligencia artificial es el ejemplo más visible de esa transformación. El 31% de las pymes consultadas afirma utilizarla y el 75% de los emprendedores la considera una tecnología clave para el emprendimiento. Entre quienes ya la incorporan, el ahorro medio estimado alcanza las 13,3 horas semanales. Sus aplicaciones se concentran especialmente en la creación de contenidos y el marketing, el análisis de datos y la gestión operativa y administrativa.
Sin embargo, el estudio también advierte de una distancia entre las expectativas y el impacto que las empresas perciben en su crecimiento. Aunque la IA permite automatizar tareas y ganar productividad, todavía no aparece entre los principales motores que los emprendedores identifican para hacer crecer sus negocios. Solo un 11,5% la sitúa entre las herramientas más decisivas, por detrás de las redes sociales, el software de gestión y los servicios en la nube.
La explicación está, en parte, en las barreras que acompañan a su implantación. Entre las empresas que ya utilizan estas herramientas, el coste es el principal freno, seguido de la falta de conocimientos técnicos y de las dificultades para integrarlas. Entre quienes todavía no las emplean, una parte considera que no las necesita, mientras que otros reconocen que no saben cómo incorporarlas a su actividad.
La próxima legislatura tendrá que abordar, por tanto, una digitalización que vaya más allá de subvencionar programas o facilitar el acceso a plataformas. Los pequeños negocios necesitan formación aplicada a sus procesos, acompañamiento técnico y soluciones cuyo coste sea asumible. El objetivo no debería ser que una pyme pueda decir que utiliza inteligencia artificial, sino que consiga reducir gastos, mejorar su servicio, conocer mejor a sus clientes y vender más gracias a ella.
Menos incertidumbre y más condiciones para invertir y contratar
El informe también refleja un deterioro de la confianza empresarial. Solo alrededor de la mitad de los emprendedores ve crecimiento en su sector, diez puntos menos que en 2025. La caída es especialmente significativa entre los empresarios de 31 a 43 años, cuyo optimismo retrocede once puntos. Entre los mayores de 58 años, la incertidumbre se convierte en la percepción más extendida sobre el futuro de su actividad.
Las preocupaciones no se limitan a la evolución de las ventas. Los costes laborales aparecen como uno de los principales motivos de inquietud, señalados por el 31% de los participantes. La incertidumbre económica preocupa al 30%, mientras que la burocracia y las regulaciones alcanzan el 29%. La competencia también figura entre los factores que condicionan las perspectivas de los pequeños negocios.
Estas respuestas muestran que la competitividad no depende exclusivamente de la capacidad individual de cada empresario. También está relacionada con el entorno en el que desarrolla su actividad. Una empresa puede tener un producto competitivo y una cartera de clientes, pero encontrar dificultades para contratar, asumir determinados costes o planificar inversiones si no dispone de suficiente previsibilidad.
En este contexto, las decisiones económicas de la próxima legislatura deberían prestar especial atención a las condiciones que permiten a las pymes crecer. La estabilidad regulatoria, la reducción de cargas administrativas y un marco que facilite la contratación y la inversión son cuestiones directamente vinculadas con las preocupaciones que recoge el estudio.
La dimensión del problema exige, además, abandonar una visión del emprendimiento centrada únicamente en la creación de empresas. España necesita que los negocios puedan consolidarse y aumentar su tamaño. La diferencia entre abrir una actividad y convertirla en una empresa capaz de contratar, innovar y competir durante años es precisamente lo que determina su aportación a la economía.
Las pymes deben ocupar un lugar central en la agenda económica
Las necesidades identificadas por los emprendedores dibujan una agenda bastante concreta. La financiación encabeza las prioridades, seguida del asesoramiento legal, laboral y fiscal, la formación digital y la capacitación práctica en inteligencia artificial. El informe señala, además, que casi todas las categorías de apoyo aumentan entre cuatro y catorce puntos respecto al año anterior. No se observa un cambio radical en las demandas, sino un incremento generalizado de la necesidad de ayuda para desarrollar los negocios.
Esta evolución debería tener consecuencias en el diseño de las políticas económicas. Las pymes no pueden aparecer únicamente como destinatarias de programas puntuales o como protagonistas de discursos institucionales sobre el emprendimiento. Su peso en el empleo y en el valor añadido justifica que ocupen un espacio prioritario en las decisiones sobre fiscalidad, financiación, digitalización, formación y regulación.
La próxima legislatura tendrá que decidir si quiere limitarse a facilitar la creación de nuevos autónomos y sociedades o si pretende construir un entorno en el que puedan crecer y ganar competitividad. Para ello, el acceso a financiación debe ir acompañado de instrumentos comprensibles y accesibles; el asesoramiento tiene que estar al alcance de quienes no pueden mantener departamentos propios; y la formación tecnológica debe traducirse en mejoras reales de productividad.
El diagnóstico del Informe Emprende 2026 apunta a una conclusión: los pequeños negocios no reclaman únicamente ayudas para sobrevivir, sino herramientas para competir en mejores condiciones. Necesitan tiempo para gestionar sus empresas, seguridad para planificar, recursos para invertir y conocimientos para adaptarse a los cambios tecnológicos. En una economía donde las pymes representan prácticamente todo el tejido empresarial, atender esas demandas no es una política sectorial. Es una decisión estratégica sobre el modelo de crecimiento que España quiere construir en los próximos años.
