Una de las mayores preocupaciones de la comunidad venezolana que está en España es la desatención de los organismos españoles encargados de tramitar los documentos para legalizarse en el país, aunado a los tiempos que deben esperar antes de obtener los papeles que les permiten residir y trabajar, de manera legal en el territorio nacional.
Así lo refleja un informe elaborado por la Embajada de Venezuela en España, en el cual un grupo de organizaciones no gubernamentales, conformadas por venezolanos se encargaron de indagar sobre cuál es la situación económica, laboral, jurídica y legal de la diáspora.
Para los venezolanos migrantes es preocupante la lentitud con la que los organismos tramitan los documentos y todo el tiempo que deben esperar hasta obtenerlos, así como la renovación de los mismos, que en muchos casos está sujeta a la existencia de un contrato de trabajo, aunado a la poca difusión de información y asesoría legal que ofrecen a quienes llegan al país para tratar de establecerse aquí, de manera legal.
El trámite, para quienes llegan a solicitar protección internacional, es relativamente sencillo, pero durante los últimos ocho meses se ha convertido en un calvario para los venezolanos. El primer paso es la presentación de la voluntad de solicitar protección internacional, pero esto solo se puede hacer a través de una página web que lleva meses colapsada; posteriormente, cuando las personas consiguen una primera cita para presentar su solicitud de asilo, deben tramitar una segunda cita, que puede tardar hasta seis meses, donde el solicitante de asilo argumenta las razones por las cuales considera que requiere de la protección del Estado español.
Una vez que las personas logran presentar esta solicitud y hacer la entrevista con las autoridades de la Policía Nacional, deben pasar seis meses antes de que puedan incorporarse al mercado laboral español, porque hasta que no pase ese tiempo no tienen autorización, por lo que puede pasar hasta un año antes de que un venezolano pueda trabajar de manera legal en el país, lo que en muchas ocasiones lo expone a ser víctima de explotación laboral, por parte de empresas que los contratan «en negro» y los someten a extenuantes jornadas laborales y pagos y condiciones laborales muy por alejados de lo que contemplan las leyes españolas.
En España hay aproximadamente 440 mil venezolanos, de los cuales el 40% son españoles retornados y aunque un gran porcentaje también son venezolanos con doble nacionalidad, hay un importante número de personas que han llegado al país a solicitar protección internacional, que de acuerdo con las últimas cifras oficiales conocidas, durante el primer trimestre de 2022 se procesaron más de 11 mil solicitudes de protección internacional para venezolanos, pero esto solo contempla la cifra de las personas que han ingresar al sistema, tras conseguir una cita, por lo que la cifra debe ser mucho mayos, solo que ay un importante número de migrantes que están en el país de manera irregular.
De acuerdo con el informe que elaboró la embajada de Venezuela, los encuestados señalaron que existe muy poca información oficial sobre los trámites que deben realizar, y que al acudir a los organismos oficiales, todo depende de la discrecionalidad de los funcionarios que brindan la información, que al parecer, desconocen los procedimientos, y no siempre brindan la información precisa a los migrantes.
Además, los migrantes señalaron en las encuestas que, a partir de la pandemia ocasionada por la Covid-19, la mayoría de los trámites pasó a ser por vía telemática y que dentro de los organismos del Estado no atienden a las personas personalmente, lo que complica la situación mucho más, porque no todos tienen destrezas tecnológicas y tiende a ser confusa la información que se publica a través de los portales web de las instituciones y el desconocimiento de muchos trámites migratorios, por parte de los funcionarios.
«Se observa con preocupación que muchos funcionarios no son capacitados o sensibilizados para brindar un trato digno y justo a personas migrantes. La mayoría de los migrantes (consultados por la embajada, a través de las ONG’s de venezolanos) manifestaron haber tenido experiencias de maltrato verbal por parte de funcionarios, lo que no solo afecta psicoemocionalmente, sino que produce dinámicas de miedo en el ejercicio y reclamo de derechos garantizados en el marco de protección internacional y nacional de personas migrantes», señala el testo elaborado por la representación diplomática venezolana ante el Reino de España.
Este informe además elaboró una serie de recomendaciones para las instituciones españolas que va desde la estandarización de requisitos y trámites en instituciones de manera transversal hasta la opción de facilitar el acceso a la información sobre procedimientos migratorios, de las entidades públicas a nivel nacional, regional y local.
Las autoridades venezolanas además recomiendan promover acciones de incidencia en Europa para la coherencia procedimental respecto al caso venezolano y el acompañamiento político de los Estados europeos a la diáspora venezolana, promoviendo la garantía y protección de los derechos de este colectivo cada vez más presente en el continente.
