La cifra de venezolanos que residen en España y que todavía no cuentan con algún tipo de trámite para legalizar su estatus podría ser muy superior al que desde el Ministerio del Interior y la Oficina de Asilo y Refugio se han hecho públicas, pues el colapso en sus sistemas y la capacidad de atención que ofrecen hace que puedan llegar a pasar hasta seis meses antes de que quienes proceden del país suramericano ingreses al sistema y tengan al menos un documento oficial que los identifique como solicitantes de Protección internacional.
Solo durante el primer trimestre de 2022, las autoridades españolas procesaron 11.266 solicitudes de protección internacional de venezolanos, pero esto es solo la cifra del total de personas que ya pudieron manifestar ante el organismo su voluntad de quedarse en el país y las razones por las que pide la protección.
En todo caso, debemos recordar que no son solo los venezolanos quienes llegan al país a tramitar asilo. En total, la cifra de venezolanos que han gestionado este tipo de protección ante autoridades españolas se incrementó en más de 45.000 % durante la última década y totaliza a más de 132.235 ciudadanos durante este periodo.
El tiempo de espera para que los venezolanos -o cualquier ciudadano extranjero- consiga una cita de atención en una sede policial para manifestar su voluntad de solicitar el asilo, puede variar de un día a seis meses, según la provincia en la que se encuentre la persona, pero en la mayoría de los casos, la media de espera es de por lo menos cuatro meses, lo que retrasa aún más el proceso de regularización de ellos, pues a este tiempo -que tardan en poder ser entrevistados por las autoridades españolas para sustentar sus expedientes- hay que sumarle los seis meses que deben transcurrir hasta que estas personas puedan trabajar de manera legal en España.
La falta de personal parece ser la mayor causa de este retraso, pues el incremento en la cantidad de venezolanos que continua llegando a España, sumado a los horarios de las oficinas públicas, hace que sea un proceso con mucha dilación que impide que estas personas puedan regularizar su situación en el país.
Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advirtió que la mayor parte de los venezolanos que llegan a territorio español no utilizan la opción de solicitar la protección internacional en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, sino que prefieren hacerlo en las sedes policiales.
Esto hace que el trámite se demore mucho más, pues aunque que en el terminal aéreo hay un procedimiento más expedito que en un par de días le permite al extranjero poder tener al menos el documento de resguardo que garantiza su permanencia en España mientras su caso es evaluado, los solicitantes corren el riesgo de ser devueltos a su país de origen de inmediato, si las autoridades no consideran que las razones esgrimidas son verdaderamente válidas para que el Estado español les brinde protección.
«Hay mucho retraso en todo el territorio, en le proceso de manifestación de voluntad para la solicitud de protección internacional y de la cita para formalizar; los datos contabilizados tienen un desfase por esto y será así todo el 2022, a consecuencia de la apertura del espacio aéreo; esto no es solo con Venezuela, sino con la gente que llega de Colombia, de Perú, que también tienen retrasos en sus procesos, y es solo porqu2, expresó Faviere en conversación con Moncloa.com.
La experta señaló que en este punto la cantidad de gente, procedente de Venezuela, que está llegando, ya es por diversas causas. «Hay gente que alega persecución, hay gente que alega escasez de productos, problemas de seguridad ciudadana y gente que sencillamente no alega nada; este es el gran volumen que estamos manejando en este momento, pero que llegan al país y piden asilo para que les otorguen una residencia por razones humanitarias, que les dura un año, renovable, pero la gente no tiene claro que ese permiso de residencia se sale del paragua de lo que es la protección internacional y que por lo tanto una vez que lo reciben, ya no están amparados por lo que establece la Convención de Ginebra», dijo Faviares.
Hay que recordar que esta figura de la residencia por razones humanitarias fue una alternativa a la que apeló España, en 2019, debido al volumen de venezolanos que comenzó a llegar al país después de la grave crisis económica en la que se vio envuelto el país suramericano desde 2016; fecha que coindice justamente con el incremento de las solicitudes de protección internacional.
