EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La reunión entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Política Territorial para constituir el órgano bilateral de cogestión aeroportuaria, convocada para el miércoles 28 de octubre, quedó aplazada por el accidente ferroviario de Toledo y sigue sin nueva fecha.
- ¿Quién está detrás? El ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, que anunció la convocatoria, y el Ejecutivo autonómico, que lleva tres décadas reclamando voz en sus ocho aeropuertos.
- ¿Qué impacto tiene? El órgano debía tener cuatro representantes estatales y cuatro autonómicos; su bloqueo mantiene a Canarias fuera de las decisiones sobre sus propias infraestructuras.
El accidente ferroviario de Toledo aplaza sin nueva fecha la reunión entre Canarias y el Estado sobre la cogestión aeroportuaria.
Ocho asientos para decidir sobre ocho aeropuertos
La cita estaba convocada para este miércoles 28 de octubre. Iba a ser el primer encuentro formal para constituir una mesa de ocho miembros: cuatro en representación del Ministerio de Política Territorial y otros cuatro del Gobierno de Canarias. Sobre el papel, el objetivo es que el archipiélago participe en la toma de decisiones de sus ocho aeropuertos, casi uno de cada cinco de los 46 que la red estatal opera en toda España. El siniestro ocurrido el martes obligó a suspenderla. Y, por ahora, no hay fecha nueva.
La convocatoria la había anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el Ejecutivo autonómico la recibió como un paso relevante después de tres décadas de reclamación. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, lo resumió hace unos días con una frase que mide bien la distancia recorrida y la que queda: «Canarias está más cerca de lo que hemos estado en 30 años de participar en la toma de decisiones sobre sus infraestructuras aeroportuarias».
Conviene recordar qué está en juego. Los ocho aeropuertos de las islas —los tres de la provincia de Las Palmas y los cinco de Santa Cruz de Tenerife— son competencia estatal y los gestiona Aena, la sociedad mercantil público-privada que administra la red. Canarias reclama desde hace años voz y voto en las decisiones que afectan a sus instalaciones, desde las tasas a las inversiones. El nuevo órgano nace justamente para eso: para sentar a la comunidad en una mesa donde hasta ahora solo había sillas estatales.
El Observatorio canario pide levantarse de la mesa y llevar el caso a Bruselas
El aplazamiento no ha detenido a quienes llevan años desconfiando del proceso. El Observatorio de la Movilidad Aérea y Espacial de Canarias, dependiente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, remitió un comunicado en el que pide al Gobierno autonómico abandonar la mesa de trabajo con el Estado por «la manifiesta y continua posición» del Ministerio a favor de mantener el monopolio aeroportuario y su actitud contraria al desarrollo de la autonomía canaria.
La cogestión aeroportuaria de Canarias lleva treinta años esperando una silla, y cada reunión aplazada devuelve la reivindicación al punto de partida.
El documento va más allá de la queja. Propone modificar la Ley 18/2014 para que la comunidad pueda gestionar sus ocho aeropuertos dentro de la legalidad vigente, liberar las instalaciones insulares de las limitaciones derivadas de la participación no deseada en la sociedad anónima, y abrir de inmediato las transferencias. A eso suma el recurso a los tribunales y una vía europea: instar a la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea.
Su argumento de fondo es económico. Según el Observatorio, en doce años de explotación bajo el operador único ningún acuerdo ha permitido a Canarias recuperar parte de los beneficios que generan sus aeropuertos, y las únicas respuestas recibidas fueron promesas de inversiones que, subrayan, Aena estaba obligada a hacer de todos modos para mantener el servicio público. El texto invoca además el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, la norma que fija qué corresponde a la comunidad. El pulso no es nuevo. Lo nuevo era la mesa.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición. Coalición Canaria y el PP sostienen un Ejecutivo que preside Fernando Clavijo y que ha hecho de la agenda de autogobierno una seña de identidad, con las próximas elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte. La cogestión aeroportuaria encaja en ese relato, pero también en su flanco más frágil: cada comparecencia sobre el tema recuerda que la competencia sigue en manos del Estado.
El aplazamiento por un siniestro ocurrido a más de 1.500 kilómetros es, en ese sentido, una metáfora incómoda. La duda que sobrevuela la reivindicación es otra: si un órgano de composición paritaria pero sin capacidad decisoria resolverá algo o servirá solo para rubricar lo ya decidido. El matiz importa: lo que estaba en juego el miércoles era constituir la mesa, no los poderes de la mesa.
La dimensión del caso canario no tiene parangón entre las comunidades que cubrimos. Ocho de los 46 aeropuertos de la red estatal están en las islas, un 17% de las instalaciones, sobre un territorio fragmentado en ocho islas y con una dependencia del transporte aéreo que no existe en ninguna otra autonomía. Ese peso explica la persistencia de una reivindicación que ha sobrevivido a gobiernos de distinto signo. El precedente inmediato pesa: la negociación de la pasada legislatura se quedó en promesas de inversión y reuniones sin acta.
Qué viene ahora depende de dos calendarios. El primero es el del Ministerio: sin fecha nueva, lo razonable es que la convocatoria se retome ya en noviembre. El segundo es el legislativo, y es más lento. Modificar la Ley 18/2014 exige mayoría en el Congreso, algo que ningún grupo tiene garantizado. Mientras tanto, el Observatorio anuncia la vía judicial y la europea. El calendario, por ahora, está en blanco. Y Canarias sigue esperando la silla.
Ficha Autonómica
- El caso: El accidente ferroviario de Toledo obligó a suspender la reunión que debía crear el órgano bilateral de cogestión aeroportuaria entre Canarias y el Estado.
- Datos importantes: Cuatro representantes del Estado y cuatro del Gobierno de Canarias; ocho aeropuertos sobre los 46 de la red estatal; artículo 161 del Estatuto de Autonomía; Ley 18/2014.
- Resumen: La mesa queda aplazada sin fecha conocida. El Observatorio de la Movilidad Aérea pide abandonarla y llevar el conflicto a los tribunales y a la Comisión Europea.
