Dos años de la DANA: la Generalitat no ha ejecutado todas las obras en los barrancos, alertan los expertos

Los ingenieros avisan de que la rambla del Poyo sigue «en la misma situación que antes de la dana» y de que solo se ha repuesto lo que ya existía. La CHJ prevé llevar diez proyectos a participación pública a finales de 2026.

Dos años después de la DANA, la rambla del Poyo sigue como estaba: las obras en los barrancos no se han ejecutado.

Qué se ha hecho en los barrancos: reponer lo que había y poco más

«La dana puso otra vez sobre la mesa la necesidad de invertir en protección contra las inundaciones». Lo dice Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València, que participó años atrás en el diseño del encauzamiento del barranco del Poyo, el cauce cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes del 29 de octubre de 2024. Su diagnóstico es incómodo: las obras siguen sin ejecutarse y «tardarán años». La inversión pendiente no es un adorno presupuestario. Francés reclama tiempo para elegir bien, comparando el coste de las infraestructuras con la reducción real del riesgo.

¿Y qué ha mejorado en materia de obras hidráulicas? «Prácticamente nada», responde Manuel Reyes, secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana. Solo se ha actuado en la recuperación física de cauces e infraestructuras viarias, «generalmente reponiendo lo que había». Traducido: se ha reparado lo roto, no se ha construido lo que faltaba. Reyes sitúa la rambla del Poyo «en la misma situación que antes de la dana» y enumera lo que sigue en el limbo: el encauzamiento y la mejora de los barrancos que desembocan en l’Horta Sud, la presa de Montesa o la rambla Gallinera.

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Desde la Confederación Hidráulica del Júcar (CHJ), el organismo estatal al que el Consell culpó por no avisar de la crecida del Poyo, la respuesta tiene otro acento. La adecuación del barranco de la Saleta «supone una de las mayores actuaciones de protección frente a inundaciones de la provincia de Valencia», con un presupuesto de 150 millones de euros, según la propia confederación. A eso suman diez proyectos «que se están redactando» para las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta, el río Magro, Chiva, y Utiel. La previsión oficial es que puedan entrar en participación pública a finales de este 2026. De licitación firme, por ahora, solo parte de la Saleta.

Detrás de cada cifra hay un mapa que se repite. En la Comunitat Valenciana se calcula que 400.000 personas viven en zonas inundables, y la DANA de 2024 dejó 233 fallecidos y miles de millones en pérdidas, sobre todo en l’Horta Sud. Dos años después, el agua ha vuelto a entrar en casas de la Safor y la Marina Alta hace solo unos días. El patrón no ha cambiado. La prisa, tampoco llega.

Reparar lo que el agua rompió no es lo mismo que impedir que el agua vuelva a romperlo.

Convivir con el agua: el debate que nadie quiere poner encima de la mesa

reconstrucción DANA

El arquitecto Roger Sauquet, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, formula la frase que ningún cargo público pronuncia de buen grado: «Aunque suene duro, hay que acostumbrarse a convivir con las inundaciones». Su propuesta pasa por fijar un «rango de aceptación», es decir, decidir qué puede inundarse y qué no. Un hospital o un parque de bomberos, nunca. Una vivienda, sí, siempre que el refugio esté en la primera o segunda planta y los daños se queden en la planta baja. Adaptarse no es rendirse: es abaratar la próxima reconstrucción.

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV, Héctor Esteban pone el foco en el otro aprendizaje: el uso del ES-Alert, el sistema de alertas masivas a móviles que se estrenó aquel 29 de octubre de 2024. Reconoce cierta «psicosis» entre los dirigentes y advierte del riesgo contrario: «Se corre el riesgo de que la percepción de peligro disminuya si se usa mucho». De ahí su petición de un protocolo nacional «orientativo», con criterios comunes sobre cuándo se lanza una alerta. Convivir con el agua sin que cueste la vida.

El Escenario Valenciano

El debate técnico aterriza en un Consell (el gobierno autonómico, hoy en manos de PP y Vox) que preside Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025. Sustituyó a Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la emergencia, conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes y sigue siendo una de las figuras centrales del proceso judicial abierto por aquellos días. La oposición de PSPV y Compromís usa el calendario de las obras como termómetro político del pacto: cada retraso en la Saleta o en el Poyo es un argumento nuevo en el hemiciclo. El pacto aguanta, por ahora.

La dimensión nacional no es retórica. Los grandes cauces dependen de la CHJ, un organismo del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras la Generalitat gestiona lo que puede con fondos propios y con los europeos canalizados por el Plan RERD, el instrumento autonómico para la reconstrucción. O sea: la obra más citada en los informes es competencia estatal y la emergencia es autonómica. Esa frontera explica dos años de reproches cruzados. España ya conoce el guion: la riada de Biescas de 1996 y las inundaciones de Murcia de 2012 dejaron sobre la mesa la misma pregunta sobre el encauzamiento de cauces.

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El calendario inmediato no invita al optimismo. Los diez proyectos de la CHJ deben entrar en participación pública a finales de 2026 y después vendrá la licitación, la adjudicación y la obra; en el mejor de los casos, años. En las Corts, la negociación presupuestaria será el próximo examen real del Consell de Pérez Llorca en materia de laminación de barrancos, el término técnico para embalsar y frenar el agua antes de que llegue a los pueblos. Mientras se decide, 400.000 personas siguen viviendo donde el agua ya llegó una vez.

Ficha del Caso

  • El caso: Dos años después de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 fallecidos, las obras de encauzamiento y mejora de los barrancos siguen sin ejecutarse, según los expertos consultados.
  • Datos importantes: 400.000 personas viven en zonas inundables en la Comunitat Valenciana; la adecuación del barranco de la Saleta cuenta con 150 millones de euros; diez proyectos de la CHJ entrarán en participación pública a finales de 2026.
  • Resumen: La brecha entre reparar cauces y construir defensas hidráulicas define la reconstrucción, con competencias repartidas entre el Gobierno central y el Consell de Pérez Llorca.