La jueza de Catarroja interroga a los alcaldes de la zona cero sobre por qué la alerta de la DANA llegó tarde.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juzgado que instruye la DANA ha tomado declaración en los últimos días a alcaldes y alcaldesas de municipios con víctimas mortales, entre ellos el pedáneo de La Torre, Rafael Arnal.
- ¿Quién está detrás? La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso por homicidio por imprudencia; el expresident Carlos Mazón queda fuera de la imputación por su condición de aforado.
- ¿Qué impacto tiene? De la reconstrucción del flujo de información depende que la causa llegue a juicio y que se fije responsabilidad penal por las 233 muertes.
El minuto a minuto que la jueza reconstruye con los alcaldes
Veinte meses de instrucción. La jueza Nuria Ruiz Tobarra dirige desde enero de 2025 la causa del juzgado de Catarroja en la que se investiga la posible responsabilidad penal de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso en las 233 muertes que la instrucción vincula a la riada del 29 de octubre de 2024. El delito que se les atribuye es homicidio por imprudencia.
En los últimos días, la instructora ha interrogado —junto a los abogados de las partes personadas— a los regidores de los municipios donde se produjeron víctimas mortales. La pregunta de fondo es siempre la misma: qué información recibieron, en qué minuto, y por qué no llegó antes a la calle.
El caso de La Torre condensa esa obsesión probatoria. Su alcalde pedáneo, Rafael Arnal, entregó esta semana en el juzgado el texto del bando que se emitió por megafonía aquel 29 de octubre y la hora exacta a la que salió al aire. La magistrada quería las dos cosas: el contenido y el reloj. En esa pedanía de València murieron siete personas.
Arnal confirmó además que el preaviso de la AEMET —nivel rojo en el litoral norte, incluida la ciudad de València— se recibió a las 10.14 horas. A partir de ahí, la jueza construye un mapa cronológico: quién sabía qué, cuándo lo supo y qué hizo con esa información mientras el barranco del Poyo seguía creciendo.
En una diligencia del pasado 1 de octubre, la magistrada dejó por escrito su tesis: «La gestión de una emergencia de tal calado, anunciada con días de antelación, retransmitida durante aquel día por los medios de comunicación, con el conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo en el Cecopi —el centro de coordinación que reunía a todas las administraciones—, hace difícilmente explicables los fallecimientos en la pedanía de La Torre».
La pregunta que sostiene la causa no es cuándo llegó la alerta, sino por qué nadie la hizo sonar antes.
Lo que alegan las defensas y el muro del aforado
Hay una diferencia jurídica que conviene no perder de vista. Para que la causa llegue a juicio oral no basta con formular una acusación: el informe final de la instructora debe detallar qué indicios sostienen su hipótesis. Ese es el terreno en el que se libra ahora mismo la batalla.
Las defensas de Pradas y Argüeso sostienen que ninguno de los dos disponía de información suficiente para haber lanzado un mensaje masivo a la población antes de que la alerta llegara a los móviles, ya entrada la noche. Esa es su línea: no hubo omisión, hubo desconocimiento. Y cada testimonio de un alcalde que acredite lo contrario debilita esa versión.
El otro nombre que sobrevuela la instrucción es el del expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts Valencianes. La jueza ha querido saber si la cadena de responsabilidad alcanza a su superior jerárquico, pero su condición de aforado lo sitúa fuera del alcance del juzgado: el TSJ de la Comunitat Valenciana rechazó imputarle por considerar insuficientes los indicios. No está imputado. Su gestión, eso sí, sigue siendo el marco en el que se leen todas las declaraciones.
Fuera del juzgado, la reconstrucción avanza a otro ritmo. Para las familias de la zona cero, cada comparecencia es el recordatorio de que las preguntas que importan —quién decidió qué y cuándo— llevan veinte meses sin una respuesta pública completa.
El Escenario Valenciano
El Consell de Juanfran Pérez Llorca, que gobierna con el apoyo de Vox desde diciembre de 2025, afronta el segundo aniversario de la riada con la causa abierta y el calendario judicial condicionando su agenda. El president, que llegó al cargo tras la dimisión de Mazón en noviembre de 2025, ha centrado su discurso público en la ejecución del Plan RERD y en la reconstrucción. En las Corts, PSPV y Compromís insisten en que la responsabilidad política no se diluya en el proceso penal; el PP responde que la instrucción está en manos de la justicia y que gobernar es otra cosa.
La causa de Catarroja no se entiende sin su dimensión estatal. El sistema nacional de protección civil, articulado en torno a la ley de 2015, las transferencias del Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalitat, los fondos europeos y el papel del Consorcio de Compensación de Seguros forman el marco donde se decidirá qué se aprende de esta catástrofe. La comparación con la riada de Biescas de 1996 o con las inundaciones de Murcia de 2012 conduce siempre al mismo punto: en España, el aviso a la población ha sido históricamente la pieza más frágil de la cadena de emergencias.
Queda calendario por delante. La instructora seguirá citando testigos y cruzando documentos antes de cerrar su informe; la Generalitat tiene por delante los plazos de ejecución de las ayudas; y el segundo aniversario, que se cumple este 29 de octubre, volverá a poner las mismas preguntas sobre la mesa. Ninguno de los dos relojes se detiene.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza de Catarroja reconstruye el flujo de información del 29 de octubre de 2024 e interroga a los alcaldes de los municipios con víctimas para determinar si la alerta pudo llegar antes.
- Datos importantes: 233 muertes vinculadas a la riada, siete de ellas en La Torre; veinte meses de instrucción; Pradas y Argüeso investigados por homicidio por imprudencia; preaviso de la AEMET a las 10.14 horas; Mazón, aforado y no imputado por decisión del TSJ.
- Resumen: La instrucción entra en su fase de testificales municipales, decisiva para sostener la acusación y para fijar qué falló en el aviso a la ciudadanía, en Valencia y en el conjunto del sistema de emergencias.
