El currículo LOMLOE deja al Estado un mínimo de horario y contenidos comunes y el resto a las comunidades autónomas.
Qué fija el Estado y qué pueden decidir las comunidades autónomas sobre el currículo
La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2020) define el currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada enseñanza. Esa definición, recogida en su artículo 6, es la base del reparto de competencias entre el Estado y las autonomías.
El mismo artículo fija el mecanismo: el Gobierno aprueba las enseñanzas mínimas mediante real decreto y las comunidades autónomas completan y desarrollan ese currículo. El Estado no puede bajar de un porcentaje de horario y las autonomías no pueden salir de ese marco sin contravenir la norma básica.
Los porcentajes son el 50% del horario escolar en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en las que no la tienen. La LOE de 2006 había situado ese suelo en el 55% y el 65%. El preámbulo de la LOMLOE sostiene que la LOMCE, la reforma educativa de 2013 que esta ley sustituyó, «rompió con el equilibrio establecido por las leyes anteriores» y limitó la capacidad de decisión autonómica sobre materias, metodologías y ordenación de las enseñanzas.
Ese margen se materializa en los decretos autonómicos de currículo, que concretan horarios semanales, optativas y materias propias. Las comunidades pueden crear materias de libre configuración autonómica, incorporar la lengua cooficial y su literatura, asi como ampliar contenidos de historia, geografía o patrimonio. También deciden cuántas horas semanales recibe el alumnado de Matemáticas, Lengua o Inglés dentro del tramo que les corresponde.
El desarrollo curricular no es un trámite: de él dependen los libros de texto, la carga horaria del profesorado y los contenidos evaluables en la EBAU (la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Por eso cada revisión de un decreto autonómico abre un debate público que excede el ámbito técnico.
El Estado retiene el 50% del horario en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en el resto; el tramo restante lo decide cada gobierno autonómico.
Cuánto horario puede cambiar cada comunidad y a quién afecta
El reparto afecta a más de 8 millones de alumnos no universitarios, según la Estadística de las Enseñanzas no Universitarias del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Solo en la ESO, cerca de dos millones de estudiantes cursan un currículo que mezcla asignaturas de marco estatal con materias decididas en su comunidad.
El punto de mayor fricción es la lengua cooficial, presente en seis autonomías: Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Comunitat Valenciana e Illes Balears. En Cataluña, el conflicto judicial por el peso del castellano en las aulas llevó a resoluciones del Tribunal Superior de Justicia catalán que llegaron a fijar un mínimo del 25% de docencia en castellano. La Generalitat ha defendido su modelo de inmersión lingüística, mientras que los tribunales han invocado el artículo 3 de la Constitución y la normativa estatal.
Las posiciones políticas siguen enfrentadas. El Partido Popular y Vox votaron en contra de la LOMLOE en el Congreso, mientras que el PSOE y Unidas Podemos la respaldaron. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han reclamado en la Conferencia Sectorial de Educación más contenidos comunes y han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. En el otro lado, los ejecutivos autonómicos que defienden el marco vigente subrayan que la ley garantiza un mínimo estatal en todo el territorio.
A eso se suma el profesorado. Los sindicatos docentes han advertido de que cada cambio de horario obliga a reorganizar plantillas y departamentos didácticos, y las asociaciones de familias reclaman certidumbre sobre las optativas antes de la matrícula de cada curso.
El Marco Educativo
El reparto tiene base constitucional doble. El artículo 149.1.30 de la Constitución atribuye al Estado las normas básicas para desarrollar el artículo 27 y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la educación; los estatutos de autonomía otorgan a las comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución. La LOMLOE concreta ese equilibrio en el artículo 6, que reserva al Ejecutivo central las enseñanzas mínimas y deja el resto al desarrollo autonómico.
En la práctica, el marco se negocia en la Conferencia Sectorial de Educación, donde el Ministerio y las consejerías acuerdan los reales decretos de enseñanzas mínimas —el de Secundaria es el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo— y después cada comunidad publica su propio decreto. Los sindicatos docentes y las asociaciones de familias participan a través del Consejo Escolar del Estado y de los consejos escolares autonómicos, con posiciones divergentes sobre si el marco común debería ampliarse.
Los currículos autonómicos hoy vigentes se publicaron entre 2022 y 2023 y cualquier modificación debe respetar el suelo estatal y aparecer en el boletín autonómico antes de llegar al aula. El debate sobre si el Estado debería recuperar el 55% y el 65% anteriores a 2013 continúa abierto en el ámbito parlamentario, sin que por ahora exista una mayoría que recoja ese cambio.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La LOMLOE fija un mínimo estatal de horario y contenidos —50% en comunidades con lengua cooficial y 60% en el resto— y deja el desarrollo del currículo a cada autonomía.
- Por qué importa: Ese margen decide cuántas horas de cada materia recibe el alumnado, qué optativas existen y qué contenidos propios se enseñan, dentro de un marco común que el Estado no puede rebajar.
- A quién le importa: A más de ocho millones de alumnos no universitarios, a sus familias y al profesorado de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas.
