Al ministerio del Interior se le ocurrió que para solucionar el problema de los homicidios de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, es necesario que las mujeres sepan si sus maridos tiene antecedentes por algún tipo de violencia de género y es por ello que se idearon una instrucción que entró en vigencia el pasado 10 de febrero.
A partir de ahora, los cuerpos de seguridad del Estado tendrán la responsabilidad de alertar a las mujeres que sean víctimas de violencia, bajo ciertos supuestos, si su pareja tenía antecedentes por la comisión de algún tipo de delito relacionado con este problema.
La idea es tener en la mira a los agresores reincidentes y fue una propuesta que lanzó en diciembre pasado el ministro Fernando Grande – Marlaska, como alternativa, a propósito del asesinato de 11 mujeres solo durante el último mes del año pasado. Hasta el momento no se conocen los detalles sobre la manera en que los funcionarios de los cuerpos de seguridad para implementar lo que dice la instrucción.
De acuerdo con lo que publicó el portal oficial del Gobierno, los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil encargados de ejecutar el plan de seguridad personalizado previsto en cada caso activado en el Sistema Viogén informarán a la mujer a proteger si su agresor ha sido denunciado por otra u otras víctimas de violencia de género anteriores si ésta circunstancia constituye un factor de riesgo especial para ella y para las personas que de ella dependan.
Es decir, para conocer si una pareja actual tiene antecedentes por haber agredido previamente a una mujer, la víctima tendrá que presentar una denuncia y será allí que los cuerpos de seguridad encargados de brindarle protección, a raíz de esa denuncia será que se pueda enterar de si su agresor es reincidente.
Los agentes policiales solo valorarán conductas de carácter violento o que hubieran implicado un riesgo cierto para la seguridad de la mujer agredida o su entorno denunciadas por víctimas precedentes durante los cinco años anteriores. Y quedan excluidos de esta valoración aquellos hechos prescritos o sobre los que conste en el Sistema Viogén la existencia de una sentencia absolutoria o de sobreseimiento libre del procedimiento judicial.
«La comunicación de los antecedentes del denunciado a su víctima se producirá en aquellos casos considerados de riesgo medio de especial relevancia, así considerados porque combinan circunstancias que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la mujer una violencia muy grave o letal, alto o extremo», señala la comunicación del Ministerio del Interior.
Tan solo durante el primer mes del 2023 ya han sido asesinadas 8 mujeres por su pareja o sus exparejas y el año pasado cerró con 48 casos, de los cuales 11 ocurrieron en diciembre, lo que hizo saltar las alarmas de las autoridades y tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio del Interior convocaron sendas reuniones para buscar alternativas para la protección de las víctimas de violencia de género en el país.
La situación es que no puede haber un funcionario policial por cada víctima que denuncia, por lo que es el Estado quien debe buscar alternativas que sean viables, desde el punto de vista operativo para que los agresores sepan que sus actos no quedarán impunes y que en el mejor de los casos,
La instrucción 1/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que fue firmada la semana pasada, busca intensificar las medidas de monitorización y supervisión de cualquier agresor de mujeres y, en particular, de los reincidentes. Desde el Ministerio del Interior señalan que también busca profundizar la investigación en el entorno de la víctima (familiares cercanos, vecinos, amigos o contactos virtuales), donde a menudo aparecen datos que permiten ajustar con mayor precisión el peligro latente existente en la relación conflictiva, de acuerdo con la comunicación oficial.
Lo que más llama la atención es justamente que en España exista un ministerio cuyo presupuesto es de más de 500 millones de euros y que hasta este momento no se hayan destinado más recursos para buscar soluciones más eficientes que eviten que las mujeres se conviertan en víctimas de sus parejas o exparejas y que deba existir una denuncia para que las víctimas se puedan enterar si sus parejas son reincidentes y tienen antecedentes en los cinco años previos a la agresión que cometan, pero que no se les informará en el caso de que hayan cumplido una condena previa o si en el proceso de la investigación resultaran absueltos.
Habrá que esperar que pasen los meses para ver qué tan efectiva será la medida sugerida por el ministro Grande – Marlaska para combatir la violencia de género en el país.
