Los vecinos del barrio de Gràcia (Barcelona) han decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la cesión de Eloi Badia, diputado de Sumar y cabeza de lista por Girona en las elecciones del próximo 12 de mayo, de un inmueble a los okupas.
En el recurso de los vecinos de Gràcia se apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricarión y malversación en la gestión del Casal Tres Lliris por una organización okupa. Asimismo, los propios vecinos de la zona acusan directamente a otros cuatro cargos técnicos del distrito, como el exgerente y sucesor de Badia.
Los hechos se remontan a 2017, en el segundo año del gobierno de Ada Colau, que decidió renovar la antigua comisaría, la cual fue abandona en 2013, permitiendo su uso y disfrute a los okupas. A cambio, el colectivo de okupas debía hacer frente a un alquiler social de 550 euros al año. Los okupas no llegaron a realizar el irrisorio pago del alquiler, a pesar de que, según los residentes, los ocupantes continuaron organizando fiestas con alcohol hasta altas horas de la madrugada. Desde entonces, los vecinos de la calle Torrente de la Olla han sufrido un auténtico calvario.
ELOI BADIA CEDIÓ UNA COMISARÍA ABANDONADA POR SOLO 550€ AL AÑO
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional se centra en la parte administrativa del polémico acuerdo del gobierno de Ada Colau con los ‘okupas’ al considerar que la cesión pública se realizó de forma ilegal puesto que debía haberse realizado mediante un concurso público o una subasta.
Durante el mandato de Badia como concejal del distrito entre 2015 y 2019, se registraron una serie de acusaciones sobre la cesión irregular del local en Gràcia al colectivo okupa reconvertido en una asociación juvenil. Los responsables de la denuncia argumentan que esta acción se llevó a cabo de forma discrecional, sin seguir el debido proceso de concurso público.
Eloi Badia se juega su aforamiento el próximo 12 de mayo
Los vecinos responsables del recurso de amparo al Tribunal Constitucional afirman que se vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos, ya que el inmueble okupa de Tres Lliris ha generado cerca de 78 intervenciones policiales. Todo ello, por la celebración constante de fiestas populares, la mayoría de las cuales no contaban con los respectivos permisos que se prolongaban hasta altas horas de la noche, generando mucho malestar entre el vecindario.
ELOI BADIA Y SU OPORTUNO AFORAMIENTO
Entre todo este proceso judicial al que se podría enfrentar Badia, destaca la condición de aforado que tienen por ser diputado en el Congreso de los Diputados. Esta condición jurídica supone que los parlamentarios, en el uso de sus funciones, se enfrentan a la administración de Justicia de forma distinta a la ordinaria. Si además obtuviera un escaño en el Parlamento de Cataluña, seguiría teniendo esta condición de aforado.
Muchos ciudadanos ya se han planteado que esto pueda ser una estrategia que quiera llevar a cabo Barcelona en Comú y Sumar para poder proteger así a Eloi Badia de la nefasta gestión por su paso en el Ayuntamiento de Barcelona. Badia anunció que dejaría la política tras las elecciones municipales de 2023 por ser padre, pese a que finalmente no lo hizo. Este aforamiento dificulta las investigaciones de los tribunales locales y autonómicos, y también la interposición de denuncias o recursos en dichos tribunales.
