El etarra Ignacio Bilbao Beascoechea, alias ‘Iñaki Lemona’, responderá el lunes en la Audiencia Nacional por el atentado perpetrado el 2 de febrero de 1983 contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Villafranca de Ordicia, en Guipúzcoa, que acabó con la vida de un agente y dejó otros dos heridos, por lo cual la Fiscalía pide una pena de más de 70 años de cárcel y más de 336.000 euros en indemnizaciones.
El juicio contra ‘Iñaki Lemona’, hoy de 60 años de edad, comenzará a las 10.00 horas del lunes y continuará el martes sobre unos hechos por los que ya fueron condenados Pedro José Picabea y Juan Lorenzo Lasa en 2003 y 2000, respectivamente.
Según el relato de la Fiscalía, Bilbao Beascoechea formaba parte de una célula o ‘talde’ de ETA que operaba en Guipúzcoa. Él y otros miembros de su comando recibieron información de otro de los procesados sobre los movimientos de los vehículos del cuartel de Villafranca de Ordicia y sobre los lugares donde se les podía atacar.
El grupo de etarras, armados con fusiles ametralladoras tipo Cetme o G-3 y dos lanzagranadas, partió de Zaldivia en dos vehículos hacia el punto elegido para atacar los coches de la Guardia Civil que salían del cuartel: el cruce del kilómetro 422,5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún. Se emboscaron en dos sitios distintos y al pasar dos patrullas de la Benemérita abrieron fuego, llegando a lanzar dos granadas. En el lugar se recogieron no menos de 27 casquillos de bala.
El guardia civil Miguel Mateo Pastor sufrió graves lesiones en órganos internos por la que finalmente murió, mientras que los agentes José Luis Bueno Fernández y Custodio Contreras de la Rosa resultaron heridos. En el caso de Bueno Fernández no fueron invalidantes, aunque tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y tardó más de mil días en recuperarse, pero Contreras de la Rosa sufrió una «limitación severa de la movilidad» en el pie derecho y tuvo que ser retirado del servicio por «inutilidad física» para el mismo.
Por todo ello, la fiscal Susana Landeras Martín considera a ‘Iñaki Lemona’ autor de un delito de atentado previsto en el artículo 407 del Código Penal y de dos delitos de asesinato frustrado del artículo 406.1 y reclama una pena de 30 años de cárcel por el primer delito y de 22 años por cada uno de los otros dos, observando una circunstancia agravante de premeditación. Demanda igualmente una «inhabilitación absoluta» para ejercer «profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho».
Además, la fiscal de la Audiencia Nacional ve responsabilidad civil en los hechos atribuidos a ‘Iñaki Lemona’, por lo que propone que indemnice a los padres o herederos del agente fallecido con 25 millones de pesetas (unos 150.000 euros); a Contreras de la Rosa con 1,5 millones de pesetas (unos 9.000 euros) por los días de curación (150) y con 13 millones (unos 78.000 euros) por las secuelas; y a Bueno Fernández con once y cinco millones de pesetas (unos 96.000 euros) por la curación y las secuelas, respectivamente.
Landeras Martín también plantea que el etarra indemnice al Estado con 518.553 pesetas (unos 3.100 euros) por los daños ocasionados a los dos coches patrulla de la Guardia Civil, tasados en 350.000 y 168.553 pesetas.
