Expertos jurídicos han subrayado que la vacunación obligatoria contra la Covid-19 para ciertos colectivos como los profesionales sanitarios y sociosanitarios es inconstitucional en España con la legislación actual y han abogado por proponer un marco normativo que contemple de manera indirecta como se ha hecho en otros países como Francia.
El actual ordenamiento jurídico no prevé la vacunación obligatoria por ir en contra de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, por lo que sería recurrida ante el Tribunal Constitucional, ha recordado el abogado Juan Gonzalo Ospina.
El Tribunal Constitucional se pronunció recientemente al respecto de esta cuestión al suspender el apartado de la Ley de Salud de Galicia que contemplaba la vacunación obligatoria de la población. El alto tribunal se pronunció así tras el informe del Consejo de Estado en el que se señalaba que esta circunstancia «establece una ruptura de la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos» españoles incluidos en la Constitución.
Entre otras cuestiones, el informe del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, también sugirió al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.
En esta línea, el abogado Juan Gonzalo Ospina ha planteado la posibilidad de proponer una normativa, que puede llegar incluso por vía ley, que contemple la obligación «vía indirecta» para que en el caso de ciertas profesiones públicas o para desarrollar ciertas actividades «la falta de vacunación impida el acceso o incluso pueda suponer el cese de la relación laboral en caso de negativa».
EL MODELO DE FRANCIA O ITALIA
«Es un choque entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida, a la salud de todo el colectivo», ha recordado el letrado, que aboga por adoptar modelos como el de Francia u otros países para establecer la obligatoriedad de manera indirecta.
En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron ha establecido un certificado Covid para entrar en lugares concurridos y la vacunación obligatoria para personal sanitario que ha recibido el aval del Consejo Constitucional de Francia. Otros países como Italia han planteado también este tipo de certificados basados en la penalización para participar en eventos sociales a los no vacunados.
En España, de momento no se contempla un certificado digital acreditatitvo de la vacunación para acceder a lugares públicos como bares y restaurantes pero algunas comunidades como Galicia, Canarias o Cantabria se han mostrado favorables al mismo, con decisiones distintas por parte de los tribunales sobre su legalidad.
En este sentido, el letrado del despacho Ospina Abogados ha recalcado que «no se puede imponer la vacunación de manera directa sino que es necesario legislar para adoptarlo por una vía indirecta». En este sentido, ha ejemplificado que los funcionarios no vacunados pierdan la plaza. «No obligar a vacunarse pero sí perder tu derecho si no lo haces», ha indicado.
DISPARIDAD DE CRITERIO ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Comunidad de Madrid ha recordado que esta posibilidad tendría que venir de la mano de una legislación nacional que afectara a todos los ciudadanos por igual. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha insistido este mismo viernes en la necesidad de «una ley orgánica de pandemias».
«Ya va siendo hora de que reconozcan que España necesita un instrumento normativo orgánico que permita y prevea aspecto como el pasaporte Covid o la vacunación obligatoria en caso de pandemia», ha manifestado López, que ha remarcado que no tienen «instrumentos jurídicos» que permitan esa vacunación obligatoria. En este sentido, ha recordado que llevan más de un año reclamándolo la norma, al igual que ha hecho desde el mes de abril el presidente del PP, Pablo Casado.
«¿Hacen falta más requerimientos? ¿Más situaciones que lo justifiquen? El Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia, el PP, Europa… ¿Cuándo lo van a reconocer?», se ha preguntado.
Desde otros gobiernos regionales también se ha apoyado esta necesidad como es el caso de Galicia, Andalucía, Canarias o Cantabria, mientras que otras Comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o el País Vasco se han mostrado en contra.
Entre ellos, por ejemplo, el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que busque una fórmula legal para que la vacuna del coronavirus sea obligatoria en nuestro país y que «unos pocos no compliquen la vida a los demás».
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado esta idea porque «la gente acude masivamente a vacunarse». «Cuando se toman las medidas que sabemos que son eficaces, que cortan la propagación del virus, están siendo efectivas. Eso sí, necesitamos que se adopten y el tiempo necesario para que empiecen a surgir efecto en diez o doce días. Tenemos que ir al punto donde sabemos que hay incremento de contagios», ha esgrimido.
