La compañía Iberdrola obtuvo información de quienes se oponían a la construcción de una central eléctrica en Arcos de la Frontera (Cádiz) gracias, entre otras cosas, al espionaje del tráfico de llamadas telefónicas realizado por el comisario José Manuel Villarejo.
El policía escudriñó las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de políticos de la zona, miembros de una plataforma vecinal y ecologista que se oponían a la construcción de esta central, directivos de Endesa y empresarios del sector de la comunicación, según la documentación a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM en una investigación conjunta con Elconfidencial.com.
Villarejo supo de esa manera hasta las llamadas a servicios eróticos realizadas desde alguno de esos teléfonos. En los documentos donde recoge este tráfico, el policía destacó mediante un subrayado este hallazgo.
Además de estos datos, a los que presuntamente habría accedido de forma ilegal, Villarejo recabó información sobre movimientos bancarios e historial en la Seguridad Social, según los documentos que guardó con los informes entregados a la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán. El comisario también guardaba un correo electrónico que había sido enviado a los contactos del grupo ecologista.
La información conseguida por el comisario también incluyó el emplazamiento exacto de las antenas repetidoras de los móviles. De esta manera pueden obtenerse pistas del destino de las llamadas, si no es posible identificar al titular del número, o del lugar donde se encontraba la persona que era objeto del espionaje.
Además de los documentos con la relación de llamadas, con la identificación del origen, destino o minutos de duración, Villarejo elaboró informes más específicos. Uno de ellos se refiere a la entonces alcaldesa de Arcos, Josefa Caro, del PSOE. En el documento realiza un análisis de las llamadas “y seguimiento”, según indica en su encabezado. El trabajo de Villarejo para Iberdrola en este municipio fue bautizado como proyecto Arrow.
El comisario agrupó las llamadas más frecuentes y analizó quiénes eran sus interlocutores. Sobre ellos, el policía realizó una búsqueda de su participación en empresas, su actividad profesional y sus lazos familiares.
Otro de los informes se refiere a Fernando Ordóñez, entonces responsable de Ingeniería y Medio Ambiente de la Zona Sur de Endesa. El comisario tuvo bajo su objetivo los movimientos de Endesa, principal competidor de Iberdrola, ya que sospechaba que podía estar detrás de los ataques que recibía la central térmica de Arcos.
El documento describe llamadas a la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a cuyo frente se encontraba Juan Espadas. Villarejo analizó la duración de los contactos y si las llamadas eran a la centralita o a un número directo. Con el análisis de las llamadas intercaladas con las que realiza a la consejería, el policía especula con la posibilidad de que se haya producido “una reserva para comer”.
El informe desgrana datos sobre otras personas que tuvieron contacto telefónico con el directivo de Endesa. Así, por ejemplo, llega a saber que una de las personas con las que habló es el vicepresidente de la asociación de padres de alumnos de un colegio, de la que también era miembro este alto cargo de Endesa. La relación continúa con comentarios que destacan detalles como si las llamadas son muy seguidas o se realizan muy tarde.
Villarejo se hizo con los números de los teléfonos fijos y móviles de los ecologistas Manuel Gómez Laguna, Isabel Oñate, Julia Franco, Ángel Fernández. También tenía los números de personal del Ayuntamiento y de la alcaldesa de Arcos, Josefa Caro.
Los datos de los que podría haber dispuesto Villarejo podrían ampliarse a otros campos. En un documento que tiene por título “Gestiones”, el comisario apunta “mirar tarjetas y movimientos marzo-abril” de Carlos Ales, representante de Endesa en la provincia de Cádiz.
No quedó ahí la cosa, ya que Villarejo también se apuntó en este documento de gestiones un capítulo llamado “antecedentes de” cuatro personas relacionadas con su investigación, entre ellas una ecologista. También está en esta lista un apartado sobre la Seguridad Social de otras dos personas.
Por último, otro documento llamado “censo” contiene lo que podría ser la información obtenida de esta base de datos a la que no pueden acceder particulares ni empresas. En estos folios, Villarejo cuenta con los nombres, fecha de nacimiento, DNI, dirección, teléfono y datos personales de las personas domiciliadas en la casa.
Entre los listados que recopilaron el tráfico de llamadas que fueron objeto de espionaje por el comisario se encontraba las de Juan Romo. Villarejo tenía interés en el “Gabinete de Relaciones Romo”, según consta en uno de los informes realizados sobre los trabajos para Iberdrola en Arcos.
VILLAREJO Y LA ALTA DIRECCIÓN DE IBERDROLA
En este informe, el comisario señala que “la Junta (de Andalucía) trata de controlar los movimientos de las empresas que más destacan utilizando despachos de consultoría”. En el caso de Romo, el documento de Villarejo afirma que “se hizo un anexo de Romo porque consideró que interesaban a AD”. Con las siglas AD el comisario se refería a la alta dirección de Iberdrola, que a veces concretaba en el jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, recientemente despedido de la empresa. El informe da fe de que en ese momento investigó “los numerosos contactos que la empresa ROMO estaba manteniendo”.
Los documentos a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM también incluyen listados del tráfico de llamadas bajo el nombre de Private, que se corresponde con el nombre de una empresa llamada Private 21. Era interesante “dedicar algo de atención” a esta sociedad, según un informe de Villarejo, porque había trabajado en la elaboración del Plan Especial para Parques Eólicos en Puerto Real (Cádiz).
Este plan permitiría la implantación por primera vez de parques eólicos en la bahía de Cádiz. El policía también destacó la participación de personas que consideraba que formaban parte de lo que llamó “departamento operativo” de Endesa, la competidora de Iberdrola.
La sociedad Private Veintiuno, investigada por Villarejo, tenía como administrador único al abogado Juan Carmona de Cozar, al que el comisario sitúa como “muy vinculado al Partido socialista de Andalucía”.
