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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a los que optaron en las autonómicas por el PNV o por EH Bildu, que se decanten por Unidas Podemos este 10-N. Alega que él y los suyos son la garantía para «desbaratar el proceso de recentralización» del bipartidismo.

El candidato de la formación morada ha indicado que detrás de la propuesta de Sánchez de una «coalición blanda» con el PP a cambio de «mano dura en Cataluña«, lo que hay es una vuelta a la recentralización. Y ha aseverado que puesto que el autogobierno es patrimonio del Estado, no puede verse cuestionado por ese acuerdo de cooperación entre las fuerzas del bipartidismo.

Ha recordado que Podemos ganó dos generales en Cataluña y Euskadi porque muchos que votaron a PNV y EH Bildu decidieron apoyarles. «Y hoy quiero pedirles el voto otra vez, porque sabéis que o estamos en el próximo Gobierno, o no habrá fuerza política que vaya a poder evitar un proceso de recentralización que ponga en cuestión la autonomía vasca y la plurinacionalidad de nuestro país», ha argumentado.

«EL COLETAS Y SU BANDA» DEFIENDEN A LAS FAMILIAS

Iglesias no se ha quedado ahí, ha señalado que las medidas que ellos pueden llegar a implementar en caso de llegar al Gobierno no responden «a etiquetas ideológicas», sino a la defensa de los intereses de la clases trabajadoras. Por este motivo indica que los poderes económicos no les quieren en el Ejecutivo, porque por muchas diferencias que pueda tener el votante con ellos, saben que «el coletas y su banda son los únicos que defiende a su familia».

Por eso, ha hecho un llamamiento a los socialistas que «están alucinando» con el giro a la derecha de Sánchez, y considera que aquellas personas que se decantaron por Podemos en el pasado y que luego le dieron una oportunidad a Sánchez, ahora «volverán a votar a la única fuerza política que, con fallos y errores, sigue diciendo y proponiendo exactamente lo mismo».

Iglesias, muy crítico con la posición de Sánchez en el debate después de que el presidente hablara de ‘traer’ a Puigdemont a Madrid y de nombrar a la ministra Nadia Calviño vicepresidenta económica del próximo Gobierno, ha subrayado que muchos socialistas entraron «en shock» tras escuchar al presidente en funciones porque no dejó de hacer gestos a la derecha.

METIÓ «LA GAMBA»

Para el candidato morado, con afirmaciones como la de que quien controla la Fiscalía es el Gobierno, Sánchez «metió la gamba hasta el fondo«. Cree que por esa razón está ofreciendo entrevistas de última hora «para ver si levanta la cosa» y ha ironizado con la promesa de traer al expresident de la Generalitat señalando que se imagina a Sánchez «encabezando un comando de los GEO en Waterloo».

Así, Iglesias insiste en que el PSOE usa Cataluña como mecanismo político, como «excusa», para gobernar con el PP y poder aplicar en cuanto llegue una nueva crisis las recetas que ya se aplicaron por parte del bipartidismo en 2008, y que supondrán despidos, degradación de los servicios públicos y destrucción de lo que «une a los ciudadanos que hablan lenguas distintas«, que es lo común.

Por este motivo, ha insistido en la importancia de «llegar fuertes» al 10N, para volver a pelear un Gobierno de coalición. Y ha añadido que en caso de que se dé no será porque le apetezca a Pedro Sánchez o a los poderes económicos, sino porque los socialistas no se atrevan a realizar la ‘coalición blanda’ con el PP. «Porque si estamos fuertes, y el PSOE se va con el PP, a lo mejor no vuelven a gobernar en España jamás», ha añadido.

Apenas a una jornada de que concluya la fugaz campaña electoral, y después de tres días que no han jugado precisamente a favor de Pedro Sánchez, tras el debate televisado y la publicación de los datos del paro, el jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, ha querido zanjar el último vendaval político y mediático desatado tras sus polémicas declaraciones sobre la Fiscalía. Sánchez ha rectificado sus palabras sobre la dependencia de la Fiscalía del Gobierno y ha admitido que no fue «preciso». Aunque el nombramiento del fiscal general del Estado sí depende del Gobierno, ha afirmado que el organismo es «autónomo».

«Hay que ser humilde», ha señalado Sánchez en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que le ha contrariado la polémica que él mismo ha generado y que ha atribuido a estar «muchas horas frente a un micrófono» cuando ha sido un presidente que «ha respetado tanto la autonomía fiscal como la independencia del poder judicial».

Así se ha pronunciado después de su insinuación de que la Fiscalía actúa bajo las órdenes del Gobierno para traer de vuelta a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont, durante una entrevista en RNE.

Tras las críticas que sus declaraciones suscitaron de manera inmediata entre las asociaciones de fiscales, el presidente escribió en su cuenta de Twitter que «la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general», una manera de decir que es el Ministerio Fiscal quien lleva la iniciativa, y no al revés.

En realidad, esta polémica nace del debate en televisión entre los cinco candidatos a la Presidencia del lunes pasado, en el que Sánchez anunció como si de un compromiso electoral se tratase que traería de vuelta a España a Puigdemont.

Preguntado este miércoles cómo pensaba cumplir esa promesa, Sánchez inquirió al entrevistador: «¿La Fiscalía de quién depende?». Cuando el periodista le contestó que del Gobierno, Sánchez replicó: «Pues ya está».

RÉDITO INDEPENDENTISTA

Puigdemont no quiso desaprovechar la ocasión y, como principal afectado por la declaraciones de Sánchez, escribió en su perfil oficial de Twitter que el presidente del Gobierno en funciones acaba de confirmar que “no existe la separación de poderes”.

Un argumento que los independentistas llevan tiempo esgrimiendo para alimentar la legitimidad de su causa secesionista y, en especial, para criticar la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del denominado ‘procés’ y, en el caso de los líderes fugados de la Justicia, para evitar su entrega a España.

El abogado del expresidente fugado, Gonzalo Boye, se sumó a las críticas al socialista y señaló “Sánchez hace suyo lo de ‘la Fiscalía te lo afina’”, frase que dijo en 2016 el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en una conversación privada con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

EXPRESIONES QUE SE USAN EN DEBATES

Sánchez ha justificado que el lunes prometiese traer de vuelta a España a Puigdemont porque son «expresiones que se utilizan en debates» y ha aclarado que lo que quiso decir fue que en un Estado de Derecho como es España «no hay nadie por encima de la ley» y, por tanto, la sentencia del Supremo que condena a los dirigentes del ‘procés’ tiene que cumplirse también para los líderes fugados, como es el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno «se compromete a ayudar a la Fiscalía» para lograr el objetivo de que los fugados vuelvan a España para que rindan cuentas con la justicia.

Preguntado por la manera en la que el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, celebró las palabras de Sánchez por considerar que pueden beneficiar a su cliente, Sánchez ha pretendido minimizar su posible impacto indicando que la reacción de Boye forma parte de sus «estrategias de defensa».

Y ha reivindicado que el Gobierno está ayudando al poder judicial para que, en su relación con la justicia belga, se proceda a la extradición del expresident.

Tras las desafortunadas palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, no ha tardado en cargar contra él. El líder de Ciudadanos ha acusado al candidato socialista de «poner en jaque» la confianza en la Fiscalía, y así, la entrega del expresidente Puigdemont huido en Bélgica.

«Con el desafío separatista, un patinazo como el de Sánchez nos sale muy caro» porque Puigdemont «lo va aprovechar, va a hacer victimismo por sus palabras, va a desprestigiar el trabajo de fiscales y jueces«, ha declarado. Ha añadido que con sus declaraciones «desafortunadas e irresponsables» sobre el Ministerio Público, pone en peligro la extradición del expresidente.

Así se ha referido a lo que dijo el jefe del Ejecutivo en una entrevista en RNE, donde, para argumentar que el Gobierno está intentando traer de vuelta a España a Puigdemont, señaló que la Fiscalía depende del Gobierno. Esto puede implicar, según el líder de Cs, que el regreso del expresidente catalán se retrase o incluso no se produzca.

Sánchez pretende ser «la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CIS y TVE»

Rivera ha afirmado que el líder del PSOE ha intentado «manosear y apuntarse el trabajo de los fiscales» y de «tantos funcionarios que se están jugando el tipo por defender la democracia en Cataluña». A su juicio, ha puesto «en jaque el trabajo de todo un Estado» durante dos años, con algunos de esos funcionarios «amenazados y señalados», por «un chascarrillo» en una entrevista.

«Usted no es el Rey Sol, no es el Estado«, le ha dicho a Sánchez, al que ha reprochado que pretenda ser «la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CIS y TVE». «Lo quiere ser todo. Nadie ha degradado la independencia de las instituciones en tan poco tiempo«, ha añadido.

Según Rivera, Sánchez «mete el hocico en todo lo que no debe hacer» y no hace «lo único que debe hacer», que es, en su opinión, activar el artículo 155 de la Constitución y requerir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que cumpla la ley. «No lo hace porque es su socio«, ha agregado.

UNA FISCALÍA INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO

Rivera ha indicado que volverá a llevar al Congreso su proposición de ley para dar a la Fiscalía «independencia absoluta» respecto al Gobierno. «Yo sí confío en los fiscales y en su autonomía», ha subrayado, apostando también por reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para despolitizar este órgano.

Por otro lado, ha reiterado la necesidad de modificar el funcionamiento de la orden europea de detención y entrega (euroorden). La entrega o no de una persona requerida por la Justicia de un Estado miembro de la Unión Europea «no puede depender de cómo analiza cada país los delitos» por los que se reclama su entrega.

También ha aludido al caso de la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí cuya entrega ha sido rechazada por el Gobierno británico al negarse a admitir la euroorden dictada por la Justicia Española. Es «paradójico» que Reino Unido, un país que quiere salir de la UE, «nos diga cómo tenemos que interpretar la euroorden«, ha dicho.

Rivera ha dicho que no solo le preocupa que el mecanismo de la euroorden «no esté claro», sino también que algunos países «ninguneen» a España y por eso rechacen entregar a personas procesadas por los tribunales. España tiene que hacerse valer en Europa«, ha defendido.

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado ampliar el plazo de solicitud del voto por correo para los policías que se encuentran desplazados en Cataluña. El organismo ha alegado que responder a esta demanda «exigiría una modificación del procedimiento», lo que excede sus capacidades.

En la resolución, el organismo electoral asegura que ha examinado «con todo detenimiento» las solicitudes de las organizaciones sindicales de la Policía que solicitaban la adopción de medidas para garantizar el sufragio en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Además, la JEC ha tenido en cuenta los informes de la Dirección General de Política Interior de la Oficina del Censo Electoral y de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, de los que se desprende que «resultaría absolutamente imprescindible modificar el procedimiento del voto por correspondencia establecido en la LOREG».

Esto se debe, según ha apuntado, a que la prórroga del plazo para solicitar el voto por correo, dada la cercanía con el día de la votación, haría completamente inviable que el voto pudiese llegar en plazo para poder ser escrutado.

400 POLICÍAS SIN POSIBILIDAD DE VOTAR

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que el traslado repentino de agentes de policía a Cataluña con el objetivo de proteger el proceso electoral de las generales del 10-N ha significado que hasta 400 policías pierdan la oportunidad de votar en estas elecciones, dado que no han tenido tampoco tiempo de solicitar el voto por correo.

Según esta asociación, hubo una falta de comunicación desde los altos mandos de la Policía Nacional y el Gobierno, que no avisaron a los funcionarios hasta “los últimos días”. Así lo indica el diario El Independiente, que afirma que hasta 400 antidisturbios y UPR de entre los 1.500 efectivos que se decidió enviar a Cataluña han sido afectados. Tal y como defiende el sindicato: “Este despliegue era desconocido para sus integrantes con la suficiente antelación puesto que obedece a un sistema de relevos de diferentes Unidades que sólo es controlado y diseñado por los máximos responsables de Policía Nacional”.

PARA JUPOL, SE TRATA DE UN «ATAQUE DIRECTO»

Por su parte, Jupol, el sindicato surgido de la plataforma Jusapol y el más representativo en el Consejo de la Policía Nacional, ha mostrado su profundo malestar por la decisión, que «supone dejar sin posibilidad de ejercer el derecho a voto de cientos de policías».

En este sentido, el sindicato califica la decisión de «ataque directo» al derecho de los agentes, que «viene reflejado en el artículo 23 de la Constitución Española», en el que se recoge el derecho a participar en las elecciones.

Además, desde Jupol han recordado que esta situación fue denunciada el pasado lunes, cuando el secretario general del sindicato solicitó a la JEC «la aplicación urgente de medidas legales idóneas» para llevar a cabo la votación.

Las autoridades británicas han confirmado que el trámite de la euroorden sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí sigue su curso y han pedido disculpas a las autoridades españolas por un error «de comunicación» sobre la tramitación de la misma, retirando así el calificativo de «desproporcionada» y sustituyéndolo por otros como «imprecisa» e «incompleta», en relación al documento de orden de detención y entrega.

El supuesto malentendido llegó cuando en un primer momento, las autoridades británicas contestaron a la euroorden contra Ponsatí, fugada a Escocia por un delito de sedición, alegando que la petición era «desproporcionada» con arreglo a su legislación. Horas más tarde, desde Reino Unido se matizaba que se había rechazado la tramitación de la citada orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por ser «imprecisa» e «incompleta», pero se retiraba el calificativo de «desproporcionada» tal y como se catalogó al principio.

En concreto, desde la Unidad Oficina SIRENE (cooperación policial europea) se remitía otro documento con carácter urgente a las autoridades españolas en el que aclara la orden anterior. «Nuestra respuesta afirmaba incorrectamente que la orden era desproporcionada -no es desproporcionada, solo que actualmente carece de información esencial-«, se lee en el documento difundido por Moncloa.

LA EUROORDEN «INCOMPLETA»

Desde Moncloa han explicado que la calificación de «desproporcionada» con la que las autoridades británicas se han referido a la euroorden se debe a un «error» de comunicación a la hora de trasladar la información a las autoridades españolas, que ya ha sido comunicado a la Embajada española. «Pedimos disculpas por esta falta de comunicación«, han dicho por su parte desde Reino Unido.

Las autoridades policiales británicas, que reciben la ejecución de la orden de detención y entrega a través del sistema de cooperación Sirene, llevan a cabo un control formal de admisión a través de la National Crime Agency antes de ordenar el arresto y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas.

En esta nueva comunicación, la Unidad Oficina Sirene ha indicado a las autoridades españolas que la solicitud presentada sobre Ponsatí no proporciona actualmente suficientes detalles sobre la naturaleza del delito y achaca cuestiones como el momento y lugar en el que se cometió. Asimismo, en la misma debe figurar una clara conexión entre el delito y la persona nombrada.

Por ello, reclaman a las autoridades españolas que proporcionen con «carácter de urgencia» la información solicitada. Una vez hecho, indican, la solicitud deberá ser certificada por la National Crime Agency.

En este caso concreto, según fuentes de Moncloa, SIRENE ha transmitido a las autoridades policiales españolas que es necesario aportar información complementaria en relación con la euroorden emitida para cursar la detención y entrega de Ponsati pero, al hacerlo, «han aludido a una calificación como de petición «desproporcionada», expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency.

En este sentido, han apuntado que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida y que se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa «por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos».

Además, el Gobierno español ha recordado que la solicitud de ejecución de una euroorden es un proceso de carácter eminentemente judicial.

Llarena, que instruye la causa por el denominado procés emitió este martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo.