domingo, 18 mayo 2025

ETB carga contra la Monarquía en un documental con testimonios de Rufián y Anasagasti

La televisión pública vasca, ETB, estrena el próximo domingo una nueva temporada de su controvertido programa ‘360 grados’, que elabora documentales sobre temáticas que normalmente no son objeto de análisis en los grandes medios.

Lo llamativo de este regreso es que lo hace con el documental ‘Monarquía, un negocio rentable’, que contará con el testimonio de políticos, empresarios y periodistas como Gabriel Rufián, Iñaki Anasagasti, Roberto Centeno, José García Abad o Eduardo Inda.

El programa conducido por Eider Hurtado ha viajado hasta Suiza para responder a esta pregunta: «¿Es la monarquía un negocio familiar?» Es evidente que este espacio no dejará indiferente a nadie y puede levantar más de una ampolla.

EL AVANCE DE ETB PROMETE POLÉMICA

ETB ha avanzado algunos de los contenidos de este polémico documental: en Zúrich un exbanquero afirma que los bancos suizos han tenido muy buenos clientes en las monarquías. Un exempleado de la embajada española de Riad hablará sobre las amistades peligrosas de Juan Carlos I, en especial la de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

José García Abad, por su parte, afirma que el nombre que destaca entre las amistades peligrosas es «Manolo Prado y Colón de Carvajal». El parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, afirma que lo más suave que puede llamar a Juan Carlos I es «comisionista» y opina que la Monarquía la destruirán «Letizia y Froilán».

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Sede de ETB, una cadena en la que la Monarquía no es bien recibida. Foto: ETB.

Roberto Centeno, ex consejero de Campsa, hablará sobre las supuestas comisiones que se llevó Juan Carlos I por el crudo que entraba en nuestro país en los setenta. Lo más llamativo de este espacio que se emitirá en una cadena pública es que, a priori, no hay ni un solo ‘testimonio monárquico’.

ETB era tradicionalmente la única cadena española que no emitía el mensaje de Su Majestad el Rey en la noche del 24 de diciembre. Cierto es que la cadena vasca interrumpió esta ‘tradición’ bajo el gobierno socialista de Patxi López. Pero tras el regreso al poder del PNV volvió a producirse la misma descortesía, a la que se sumó también TV3 (aunque al menos la cadena catalana lo emitió por su segundo canal).

Ahora, con ‘Monarquía, un negocio rentable’, la polémica está servida. En julio ETB también adquirió los derechos y emitió el documental ‘El ocaso del Rey’, que fue realizado por Canal + Francia en 2014 y que, sin embargo, no se pudo ver en España porque ninguna cadena mostró interés por adquirirlo.

En este trabajo se repasó el ‘caso Nóos’, el accidente de caza en Botswana y otros escándalos que han salpicado a la Monarquía y la han situado en sus horas más bajas. Un caldo de cultivo que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados.

LA MONARQUÍA EN EL CONGRESO

Unidos Podemos ha aprovechado la precariedad del Gobierno socialista para comprometer a la Monarquía española con dos medidas a cambio de su apoyo presupuestario: despenalizar las injurias a la Corona y hacer que la valoración de la institución regrese al CIS, después de que el Gobierno de Rajoy decidiese sacarla tras varios mínimos históricos de popularidad.

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Ione Belarra ha cargado contra la monarquía en el Congreso. Foto: Flickr Podemos.

Esta misma semana la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, denunciaba la negativa de PSOE, PP y Ciudadanos a una investigación en la Cámara baja sobre Juan Carlos I después de su abdicación.

La ‘número tres’ del partido de Pablo Iglesias explicó que estos tres partidos permiten «una institución perfectamente preparada para la corrupción«. Pero estas medidas no son las únicas que Podemos ha realizado, ya que también ha salido a la luz un trabajo interno.

En este sentido, Podemos prepara una ofensiva contra la Monarquía y según adelanta Público, la formación morada ha realizado una encuesta para saber la valoración popular de la institución. El resultado arrojado, tal y como adelanta el citado medio, es que el 53,8% de la población es proclives a un referéndum entre Monarquía y República, mientras que sólo el 31,1% se posiciona en contra.

 

Andalucía obliga al PP a aparcar el discurso del «pacto de perdedores»

La frustración que crearon en 2015 las elecciones municipales en el PP que perdió algunos de sus grandes feudos pese a ser la primera fuerza, provocaron que desde Génova 13 se alentase a reformar la ley electoral.

Pero ahora, con las elecciones andaluzas como primer test electoral para Pablo Casado, el PP ha cambiado de discurso. Este volantazo lo comenzó su líder en un desayuno informativo. 

«Si sumamos con Ciudadanos y vamos a quedar por encima de Ciudadanos, intentaremos hacer un Gobierno alternativo (…) Para nosotros el objetivo es ganar o, si no es posible ganar, sumar con Ciudadanos«, explicó.

El «pacto de perdedores» quedó relegado y el número dos del PP, Teodoro García Egea, afirmó anteayer en Onda Cero que pretende «hacer ley de esa doctrina nuestra», aunque «no podemos defender que gobierne la lista más votada mientras el resto pacta para quitar al PP de todos los gobiernos».

García Egea afirmó que siguen «defendiendo que siga votando la lista más votada, pero Andalucía no puede ser la única región de Europa junto a Baviera en la que solo ha gobernado un partido«, por lo que no pueden salir a boxear «con una mano en la espalda.

Defendiendo que siga votando la lista más votada, pero en Andalucía no puede ser la única región de Europa junto a Baviera en la que solo ha gobernado un partido

En la campaña electoral para las generales de 2016 el propio Pablo Casado afirmó que había «una norma no escrita que se había respetado siempre a nivel nacional» y pedía una reforma en la legislación «para que no haya gobiernos de perdedores a lo largo y ancho de España».

Hace unos días el Congreso de los Diputados tumbó la intentona del PP de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada a nivel municipal. UPN, socio de los populares, fue la única formación que apoyó a Pablo Casado.

¿A QUÉ JUEGA EL PP?

Los partidos que apoyan al Gobierno tildaron el proyecto de «oportunista» y «electoralista. El PP, viendo de reojo las andaluzas, sin embargo aparcó esta intención…por unas horas. Porque el lunes, mientras Teodoro García rectificaba ante Carlos Alsina, los populares se mantenían en sus trece.

Lo hacían en de Consejo de Alcaldes populares, órgano presidido por el edil jienense Javier Márquez. El PP defendió que en mayo gobierne la lista más votada «como regla general». ¿En qué quedamos?

La propuesta fallida del PP implicaba que se otorgase la mayoría absoluta de concejales a las listas que ganasen con al menos el 35% de los votos y cinco puntos sobre el segundo y con 30% y diez puntos de ventaja.

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El adelanto de las andaluzas ha provocado que el PP cambie de discurso. Foto: Flickr PP

Si no se dan ambas hipótesis, Pablo Casado pretendía que se celebrase una segunda vuelta con todas las formaciones que hubiesen superado el 15% del voto. En este round el ganador sería el que lograse el 40% de los apoyos o quedase primero con siete puntos de ventaja.

Este farragoso sistema mixto con dos posibles vueltas no recibió los apoyos necesarios por parte del Congreso y dejó al PP compuesto y sin nueva ley electoral.

CASADO NO PRESIDIRÍA EL PP SI GOBERNASE LA PRIMERA LISTA

Pablo Casado no ganó las primarias entre los militantes populares, ya que Soraya Sáenz de Santamaría ganó con un 36,95% de los votos frente al 34,3% que logró el actual presidente popular. El abulense solo pudo lograr el triunfo gracias a una segunda vuelta en la que recibió los apoyos de Cospedal, quien en la primera vuelta se conformó con el 25,92%.

El Congreso, entre tanto, ha dado luz verde para que 100.000 discapacitados intelectuales puedan ejercer su derecho al voto. No será la única novedad de cara a mayo, ya que se está ultimando una reforma de los españoles que viven en el exterior después de que un cambio del Gobierno de Zapatero hundió el porcentaje de votantes en el extranjero con el llamado voto rogado.

El PSOE corteja de nuevo al ‘clan de la ceja’: Boris Izaguirre recibe el premio Rosa Latina

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, entregará el sábado el premio socialista ‘Rosa Latina’ al escritor y tertuliano venezolano Boris Izaguirre, una de las figuras más destacadas del movimiento ‘Plataforma de Apoyo a Zapatero’ que se formó en 2008 antes de las elecciones generales de aquel año.

Los miembros de aquella plataforma quedaron marcados como el ‘clan de la ceja’ por el peculiar gesto de apoyo que dieron entonces al entonces presidente del Gobierno, quien se presentaba a la reelección.

Este premio lo otorga cada año la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE y ha sido concedido a Izaguirre por «una intensa, polifacética y exitosa carrera» que constituye un «referente social por su trabajo de la comunidad latina en España».

Calvo también entregará al conjunto rockero hispano-argentino Tequila el premio ‘Rosa Latina de la Cultura’, por constituir «uno de los referentes culturales de los últimos 40 años en España».

El fallo del premio menciona a sus dos creadores argentinos, los músicos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz), por haber «contribuido de manera decisiva al desarrollo cultural en España». Sin embargo, al ser un galardón destinado a la comunidad latinoamericana en España, no cita a los tres fundadores españoles del grupo: Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y Manolo Iglesias (batería).

La Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE está dirigida por la socialista argentina de nacimiento, diputada en la Asamblea de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Mónica Silvana González.

IZAGUIRRE SE LLEVA EL HONORÍFICO ‘PEDRO ZEROLO’

Los premios ‘Rosa Latina’ constan de cinco categorías: Cultura, Deportes, Emprendedores, Cooperación al Desarrollo y a la Trayectoria. Éste último tiene la denominación de premio honorífico ‘Pedro Zerolo‘ y es el que ha sido concedido a Boris Izaguirre.

Con estos galardones, el PSOE pretende reconocer “la labor realizada por personas, grupos o instituciones de origen latinoamericano en España”. Este año se han presentado 28 candidaturas en total.

Además de los ‘Rosa Latina’ a la trayectoria (Boris Izaguirre) y a la Cultura (“Tequila”), se han otorgado los ‘Rosa Latina’ a la Cooperación, a los Deportes y al Emprendimiento. El de fue sido concedido a la organización AESCO (Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación), por su trabajo de cooperación en la zona de Los Andes, desplegando todos sus esfuerzos en “la justicia medioambiental y el requilibrio de las relaciones comerciales entre países”.

El de los Deportes se ha concedido a la revista digital deportiva Golazo Latino, que da cobertura informativa a diversos eventos deportivos realizados por la comunidad latinoamericana en España. Mientras, el ‘Rosa Latina’ del Emprendimiento ha ido este año a manos de la Plataforma Intercultural de España, una entidad dedicada a la labor en las áreas de integración social del colectivo migrante e intervenciones con personas en riesgo de exclusión social en la Comunidad Valenciana.

 

Las «razones ocultas» de estrategia militar que justifican la venta de armas a Arabia Saudí

La venta de armas a Arabia Saudí, corroborada este miércoles en el Congreso, es la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso paralizar a primeros de septiembre y luego desbloqueó antes de llegar a mediados de mes. La venta obedece a “razones ocultas” de estrategia militar, según explican a MONCLOA.COM fuentes de inteligencia.

Cuando un país vende armas a otro, no sólo hace entrega de éstos: en el ‘pack’ vendido van integrados también la asistencia tecnológica, el adiestramiento a los militares del país comprador para que aprendan a manejar el armamento; los servicios de mantenimiento y un largo etcétera.

Dentro de los servicios de mantenimiento están incluidos todo lo que acarrea la posventa: logística, servicio técnico en caso de reparaciones o venta de repuestos, por ejemplo. Asimismo, en la venta de armas se vende también su munición en la gran mayoría de los casos.

Todo ello provoca una dependencia del país que compra hacia el que vende. Si el comprador quiere buscar otro país proveedor para «liberarse» de esta dependencia, el país al que originariamente ha comprado siempre tendrá una información exhaustiva y detallada de su potencial armamentístico.

«Si dos países entran en conflicto, los que les hayan vendido armamento pueden tener gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos, simplemente con cortar a uno de ellos, o a ambos, el grifo de la asistencia tecnológica o logística», aseguran las citadas fuentes.

Esto fue lo que Robles anunció en el caso de Arabia Saudí: que iba a “cortar el suministro” y devolver el dinero, pero sin contar si tenía información de que esas bombas se iban a utilizar en Yemen.

LAS RAZONES DE MARGARITA ROBLES

Los que se oponen al comercio internacional de armas siempre argumentan la falta de respeto a los derechos humanos y el mal trato que los gobiernos de los países compradores propician a sus ciudadanos o a las poblaciones de otros países con los que permanecen en conflicto.

En el caso de Arabia Saudí, Robles esgrimió a comienzos de septiembre la posibilidad de que las bombas fueran utilizadas contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán contra el Gobierno yemení.

«Si dos países entran en conflicto, los que les hayan vendido armamento pueden tener gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos»

La titular de Defensa llegó a proponer que España devolviera el dinero de la compra a los saudíes y revocase las licencias de exportación correspondientes. Esta misma semana volvió a sugerir que España no puede estar impasible ante la violación de DDHH por parte de Riad.

En contraposición, para explicar y justificar dicho comercio armamentístico, las fuentes esgrimen intereses económicos, laborales y sociales de índole nacional o local. En este caso se ha hablado mucho de los trabajadores de Navantia, no sólo en la bahía de Cádiz, sino también en Cartagena y Ferrol.

BORRELL PARÓ LAS CRÍTICAS A ARABIA SAUDÍ

Cuando Robles rectificó y anunció que se ejecutarían los contratos, señaló en primer lugar a Pedro Sánchez: “la decisión final es del presidente”, dijo de inicio. Robles apeló luego a «estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio saudí», lo que equivalía a decir que no se podía utilizar para bombardear a los yemeníes, para decir por último que se trataba de «bombas de precisión guiadas por láser», es decir que eran «inteligentes».

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, abundó en este último argumento tras el Consejo de Ministros del 14 de septiembre. Sin embargo, desde el minuto uno el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo invariablemente que esos contratos de venta de armas a Arabia Saudí estaban en vigor y que debían seguir siéndolo.

Los acontecimientos han dado finalmente al titular de Exteriores, el más veterano del Consejo de Ministros en tareas de gobierno y, por tanto, buen conocedor de las «bambalinas del Estado».

 

El magistrado sin hipotecas que frena la doctrina que favorece a los hipotecados

Luis María Díez-Picazo, el magistrado que tomó la decisión de frenar el cambio de doctrina en el Tribunal Supremo que favorece a los hipotecados, no tiene hipotecas sobre sus propiedades inmobiliarias.

Díez-Picazo es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Desde esta posición decidió que los 31 magistrados de la Sala revisen una sentencia de este mismo Tribunal que ha cambiado la jurisprudencia. El fallo que ha provocado este cambio de rumbo señala que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas lo deben pagar los bancos, y no los consumidores, como ocurría hasta ahora.

El caso es que Luis María Díez-Picazo cuenta con cinco propiedades inmobiliarias en la Comunidad de Madrid y sobre ninguna de ellos pesa ningún préstamo hipotecario. En la capital dispone de dos viviendas con garaje localizadas en la almendra central de la ciudad, a lo que hay que sumar otra casa en el municipio de El Escorial, en la misma comunidad autónoma.

La más antigua de sus propiedades es un apartamento de setenta y cinco metros cuadrados que disfruta por una donación recibida en 1995. En la misma dirección, Díez-Picazo tiene a su nombre una plaza de garaje que está inscrita como propiedad independiente de la vivienda y que también recibió por donación en la misma fecha. Ambas se encuentran libre de cargas.

Además, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo disfruta en la capital de otra vivienda de doscientos metros cuadrados, mas un anejo de 26 metros, trastero y plaza de garaje. Esta propiedad sí fue comprada y fue escriturada en 2016. A pesar de su gran superficie y lo reciente de su compra, no pesa sobre ella ninguna hipoteca.

Díez-Picazo también goza de otra propiedad en Madrid capital gracias a una donación y sobre ella no pesa tampoco ninguna hipoteca. Está escriturada en 2014. Se trata de una vivienda de 119 metros cuadrados, que cuenta con un trastero. Todas las propiedades de la capital se encuentran muy cerca unas de otras, a unos trescientos metros.

Finalmente, el magistrado tiene una vivienda de doscientos treinta metros cuadrados adquirida en 2001 en régimen de gananciales con su esposa. La propiedad se encuentra en un antiguo edificio de San Lorenzo de El Escorial a diez minutos a pie del famoso monasterio esta localidad madrileña. Como en ocasiones anteriores, sobre ella no pesa tampoco ninguna hipoteca.

EL CONFLICTO DE LAS HIPOTECAS

Tras conocerse la sentencia, que perjudica a los bancos, Díez-Picazo decidió de que la Sala de lo Contencioso Administrativo la revise, a la vista de lo que él mismo calificó como “enorme repercusión económica y social”. Una decisión de este tipo, que revise el cambio de jurisprudencia de una sentencia, es inédita hasta ahora. El magistrado ha cosechado fuertes críticas y Podemos ya se ha querellado por prevaricación contra él.

El cambio de doctrina del Tribunal Supremo se ha producido en una reciente sentencia, del 16 de octubre. En ella, los magistrados que la firman consideran que la escritura del préstamo hipotecario (sobre el que hay que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados) beneficia al banco que presta el dinero. Por lo tanto, es al banco al que le corresponde pagar el impuesto.

La decisión del presidente de Luis María Díez-Picazo de someter a la consideración de la totalidad de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo este cambio de doctrina y las consiguientes críticas provocaron también la intervención del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Tras una reunión con los magistrados que firmaron la sentencia, se decidió convocar un Pleno el próximo 5 de noviembre para tomar una decisión final sobre este impuesto a las hipotecas.

Los consumidores debían pagar hasta ahora por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados entre un 0,5% y un 1,5% del importe del préstamo hipotecario, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.

 

Rajoy y Gallardón quedan a comer en Madrid… y les ponen junto a Felipe González

Mariano Rajoy y el que fuera su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quedaron ayer a comer en More, un restaurante ubicado en el selecto barrio madrileño de Salamanca «que te hará volver a la cocina de siempre», según reza en su página web.

Sea la casualidad o el hecho de que este lugar ofrezca «la mejor cocina tradicional de mercado» en un ambiente «único», lo cierto es que Rajoy no fue el único inquilino del Palacio de la Moncloa que ayer degustó la carta de More, cuyos menús oscilan entre los 50 y 70 euros.

En otro reservado del local, a escasa distancia de los exdirigentes del PP, se hallaba Felipe González, quien tiene su despacho de trabajo a un centenar de metros del citado restaurante. A Rajoy y Gallardón les comunicaron la grata coincidencia, pero siguieron a sus cuitas entre plato y plato.

El expresidente del PP acaba de dejar su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante) y el pasado lunes se reincorporó a su nuevo puesto de funcionario en el Registro Mercantil de Madrid. El traslado de Rajoy a su nuevo puesto de trabajo en el número 44 del Paseo de Castellana fue resuelto el pasado 14 de septiembre, aunque se publicó el día 21 de ese mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto él como Gallardón almuerzan con «asiduidad», según supo MONCLOA.COM, desde que el primero abandonó el poder a principios de junio y, curiosamente, el almuerzo de ayer casi coincide con el acto vespertino que tuvieron José María Aznar y Pablo Casado, en el que este último presentó el libro ‘El futuro de hoy’ del primer presidente del Gobierno que tuvo el PP.

Muchos de los presentes en el citado acto lo consideraron la resurrección del aznarismo, la corriente ideológica dentro del PP en la que tanto Rajoy como Gallardón nunca se sintieron cómodos.

Las amistades peligrosas de Susana Díaz: el apoyo a Dcoop amenaza con pasarle factura

Se acercan las elecciones autonómicas andaluzas y en el Palacio de San Telmo, la sede desde la que gobierna Susana Díaz, comienzan a salir a flote los nervios y la preocupación por el resultado que arrojarán las urnas el próximo dos de diciembre.

La necesidad de pactar con la marca blanca de Podemos en la región que lidera Teresa Rodríguez comienza a verse en el equipo de Díaz como un mal necesario para mantener la presidencia. Y todo lo que implique una pérdida de apoyos que sitúe al PSOE andaluz en una peor posición de negociación postelectoral es considerado tema prioritario.

A la crisis abierta por la posibilidad de que el Gobierno tenga que paralizar la venta de armamento a Arabia Saudí por las presiones de Alemania –poniendo en riesgo miles de empleos en la Bahía de Cádiz-, junto con la factura política que tendrá el juicio del fraude de los ERE, se suma ahora otro frente: el del sector olivarero andaluz.

El origen de este conflicto se encuentra en el respaldo que ha dado la Junta al modelo de explotación bajo el régimen de cooperativa, del cual es el máximo exponente Dcoop, entidad que tiene ventajas fiscales y más facilidad para conseguir ayudas públicas que sus competidores que operan como sociedades anónimas.

Son precisamente estas entidades empresariales las que atacan al Gobierno de Susana Díaz por haber tomado partido en esta guerra del aceite a favor del modelo de gestión que encarna el grupo que preside Antonio Luque.

Aunque el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo, Rodrigo Sánchez, ha asistido a varios actos protagonizados e impulsados por otros agentes relevantes del sector olivarero, lo que ha provocado mayor indignación ha sido el respaldo expreso de este responsable regional a la internacionalización de Dcoop, poniendo el pasado julio a esta cooperativa agroalimentaria como “ejemplo claro de buenas prácticas” y modelo a seguir por el resto de productores, además de subrayar que la Junta “está aquí para apoyar a Dcoop”.

Este tipo de manifestaciones han puesto en alerta a los competidores de la cooperativa que preside Luque, al considerar que se trata de un posicionamiento público que va contra las reglas del libre mercado.

“Si esto sucediera en otro sector ya habrían surgido autoridades que habrían puesto el grito en el cielo, ¿cómo puede ser que un responsable público alabe a una entidad poniéndola como ejemplo para el resto?”, indican fuentes del sector que se consideran “ninguneadas” por la Junta de Andalucía.

DCOOP MATIZA EL RESPALDO DE SUSANA DÍAZ

Consultados por esta cuestión, portavoces oficiales de Dcoop matizan este respaldo por parte del Gobierno de Susana Díaz, señalando que se trata “más de un apoyo a un determinado modelo de gestión que a una entidad concreta”.

A su juicio, es totalmente lícito que la Administración quiera potenciar un modelo de integración de la oferta y de internacionalización bajo el régimen de cooperativa y ello no implica que se respalde a Dcoop en particular situándola por encima del resto de agentes en las preferencias de la Consejería.

En el departamento que dirige Rodrigo Sánchez ya hay voces que alertan de que este posicionamiento puede acabar pasando factura al PSOE en las próximas elecciones algo que, si se confirma, obligaría a Susana Díaz a tomar cartas en el asunto.

El hecho de que también sean los socialistas los que gobiernan en Madrid no hace más que echar leña al fuego del conflicto, ya que el ministro de Agricultura, Luis Planas, es un viejo conocido del sector olivarero español ya que fue consejero de Agricultura con Manuel Chaves y Antonio Griñán. Y Planas es de los pocos ministros que tiene línea directa con Pedro Sánchez.

Y aquí es donde existe otro motivo para la discordia, porque los productores industriales agrupados en torno a Infaoliva se quejan de que Planas no les ha recibido a pesar de las peticiones que ha realizado esta asociación para trasladarle los problemas del sector. Es cierto que su imputación en el caso del robo de agua de Doñana ha dejado poco margen al ministro para poder realizar su trabajo (no se comprende muy bien que Pedro Sánchez le designara para el cargo dado que estaba siendo investigado), pero los competidores de Dcoop temen que cuando actúe sea para seguir la línea de la Junta y defender el modelo que representa la cooperativa que dirige Luque.

Saleh conmueve en su primer acto en Madrid: «He visto morir a cuatro personas en la prisión»

Incertidumbre. Esa es la palabra que describe lo que sintió Lorent Saleh durante su reclusión. El activista venezolano de Derechos Humanos, que pasó cuatro años encarcelado en su país y que acaba de llegar a España tras ser obligado a exiliarse, afirmó haber visto morir a cuatro personas delante de sus ojos en prisión.

Saleh enfrentó sus miedos ayer dando una conferencia en la Asociación de Prensa de Madrid. El líder estudiantil contó como fue amenazado y torturado por los Cuerpos de Seguridad del Estado venezolanos. El opositor acudió al acto respaldado por su madre, con la que se ha reencontrado en Madrid y a la que agradeció por mantenerse a su lado incluso en los momentos más difíciles.

Yamile Saleh, la madre del ex-preso político, denunció este año ante la prensa los malos tratos que estaba sufriendo su hijo en la prisión de Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro. El activista, emocionado, preguntó a su madre en la misma rueda de prensa por el valor de una lágrima.

El opositor venezolano hizo hincapié en «el terror» que se vive en la tierra en la que nació. Hay un país dónde no se respeta la libertad de expresión, dónde el periodismo es un acto de violencia», advirtió Saleh, quien se mostró conmovido por la solidaria actuación del Gobierno español, que decidió concederle el asilo político.

El éxodo que comenzó con el Gobierno de Hugo Chávez se ha llevado por delante a miles de jóvenes, a muchos estudiantes como él que han sido y son «piedras en el zapato» para el régimen actual de Maduro.

La ‘Tumba’, la prisión en la que permaneció el activista venezolano estos últimos cuatro años, está construida cinco pisos bajo tierra, en pleno corazón de Caracas. Para él, este lugar fue «una tortura psicológica de las peores», aunque por fortuna pudo superar. En este momento se está torturando gente allí, yo lo vi y lo sentí, no se puede ocultar lo que pasa en Venezuela», subrayó Saleh.

«En este momento se está torturando gente allí, yo lo ví y lo sentí, no se puede ocultar lo que lo que pasa en Venezuela»

Saleh contó cómo la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, fue informada en todo momento de las operaciones de tortura hacia su persona. Un dato relevante es que Katherine Harrington, funcionaria pública venezolana, se encargó de comunicarle a la fiscal lo que sucedía en el interior de la prisión.

En la cárcel, Saleh aprendió entre otras cosas la importancia del tiempo y del calor humano, al tiempo que reconoció que los presos se las ingeniaban para que hubiese comunicación entre ellos. Ahora está «feliz pero no del todo», ya que recuerda a los que todavía siguen hacinados en la misma celda en la que estuvo él.

 

El relato más incómodo para ETA dará la vuelta al mundo de la mano de HBO

HBO apostará por producciones de ficción europeas y su bautizo en el ‘viejo continente’ llegará con un material sensible: la adaptación del fenómeno literario ‘Patria’, que aborda las relaciones de dos familias durante tres décadas de actividad armada de ETA.

La obra de Fernando Aramburu prepara su rodaje bajo la tutela del ‘showrunner’ Aitor Gabilondo, coguionista de series exitosas como ‘El Príncipe’. HBO apuesta por traspasar fronteras con un asunto que hizo correr ríos de tinta en nuestro país, pero que a nivel internacional no había tenido gran trascendencia en materia audiovisual.

Hasta la fecha este tipo de productos, véase las películas de Imanol Uribe o el documental ‘La pelota vasca’ de Julio Medem, habían tenido un consumo interno. Pero ahora la fuerza de HBO puede conseguir que las heridas que dejó ETA sean un fenómeno a estudiar a nivel global.

‘PATRIA’ APROVECHA EL BUEN ESTADO DE LA FICCIÓN NACIONAL

El éxito de ‘La casa de papel’, la serie más vista de Netflix de habla no inglesa, ayuda a que HBO crea en un producto que a priori podría parecer localista. Sin embargo la lucha por el relato, ahora que se acaban de cumplir siete años del cese definitivo de la acción armada de ETA, cobra gran relevancia.

Algunos productos de temática similar han visto la luz en los últimos tiempos. Es el caso de ‘Negociador’ o ‘Fe de etarras’, obras de consumo menor dirigidas por Borja Cobeaga, coguionista de ‘Ocho apellidos vascos’ y ex director del mítico espacio ‘Vaya semanita’, que abordó las tensiones entre la izquierda abertzale y los constitucionalistas desde la perspectiva de la comedia.

ETA
HBO apuesta por ‘Patria’ para 2020 de la mano de Aitor Gabilondo. Foto: HBO.

También Prisa produjo el documental ‘El fin de ETA’, que bajo el guión de Luis Rodríguez Aizpiolea y José María Izquierdo otorgó gran peso del mérito del cese de la banda terrorista a la mediación del socialista Josu Eriguren y del portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi.

Y Mariano Barroso por su parte prepara ‘La línea invisible’, que rastreará los orígenes de ETA en un proyecto que se verá en Movistar +. A la ‘fiebre del norte’ también se ha sumado Atresmedia, que tiene en antena ‘Presunto culpable’, que utiliza la particular atmósfera hermética de Euskadi abstrayéndose del componente ideológico.

‘PATRIA’ LLEGA CON CIERTO RETRASO

Explica Aitor Gabilondo que «ahora toca dar vida a estos personajes y recrear aquel doloroso pasado en algunos de los lugares donde ocurrieron hechos muy similares a los que se narran en esta ficción, y cuando las heridas aún siguen abiertas en Euskadi. Eso aviva mi compromiso y me obliga a afilar la sensibilidad«.

La serie se rodará en 2019 y se verá en 2020 en España, el resto de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Aunque ‘Patria’ no será la única aventura europea de HBO, que también prepara series autóctonas en República Checa, Alemania, Polonia o Croacia.

Eso sí, la serie llegará con cierto retraso porque Mediaset anunció en enero del año pasado la adquisición de los derechos a través de la productora Alea Media, propiedad de Gabilondo y la editora de Telecinco. 

LA IZQUIERDA ABERTZALE NO SIMPATIZA CON ‘PATRIA’

Ramón Zallo mostró en ‘Gara’ las divergencias de la izquierda abertzale con esta obra literaria. El Catedrático de la UPV explicó que el libro de Aramburu «le ha venido bien al establishment en la llamada batalla por el relato sobre lo vivido en los últimos 40 años, pero también porque indaga en algunos traumas».

«El libro, afirma, responde al imaginario que desde Mayor Oreja se aventó por los media como modelo de relato: una lucha sin sentido de unos criminales que tenían atemorizada a toda la ciudadanía y que querían destruir el Estado de Derecho».

«El libro responde al imaginario que desde Mayor Oreja se aventó por los media como modelo de relato: una lucha sin sentido de unos criminales que tenían atemorizada a toda la ciudadanía y que querían destruir el Estado de Derecho»

Por último, explica: «Esa posición niega que haya un conflicto vasco (se le reduce a una cuestión ideológica) siendo el único conflicto el que ETA creó y el Estado respondió, cuando lo cierto es que había dos conflictos tan distintos como relacionados: el político y general; y el armado y particular de un sector, aunque nos afectaba a toda la población».

También hay víctimas de ETA como Alejandro Urteaga que animó a no comprar ‘Patria’ porque el libro supuestamente humaniza a las familias de los terroristas y que solo se cita a la Guardia Civil para asociarla con torturas.

‘PATRIA’ EN TIEMPOS DE LUCHA POR EL RELATO TRAS EL FINAL DE ETA

Varios colectivos de víctimas del terrorismo han protestado por el Gobierno vasco por el programa educativo Herengun! (antes de ayer), que se está impartiendo como experiencia piloto en ocho centros vascos para alumnos de entre 15 y 18 años.

Una serie de documentales elaborados para este programa muestran al fundador de ETA Julen Madariaga justificando la violencia por el inmovilismo del PNV, se hacen paralelismos con Irlanda del Norte y se pasa de puntillas sobre el icónico secuestro de Ortega Lara.

También hay protestas porque durante casi dos horas de metraje se evita la palabra «terrorismo» y se tardan 40 minutos en escuchar a una víctima de ETA. Esta polémica evidencia que siete años después del final de la pesadilla la prioridad de abertzales y constitucionalistas es ganar la lucha por el relato.

Ciudadanos se pone las pilas en Galicia para intentar quitar votos al PP

A Ciudadanos le ha costado abrirse paso en Galicia, una de las cinco comunidades en cuyo Parlamento autonómico no tiene representación. Sin embargo, el partido va poco a poco desarrollando su estructura y ampliando su implantación territorial con la vista puesta tanto en las elecciones municipales de mayo de 2019 como en las autonómicas, para las que aún faltan dos años.

En una comunidad donde el PP ha gobernado durante la mayor parte de la etapa democrática y donde Alberto Núñez Feijóo puede presumir de tres victorias electorales con mayoría absoluta, Cs reconoce que no es fácil acabar con la posición hegemónica de los populares. Pero eso es precisamente lo que debe conseguir si quiere tener un futuro en Galicia.

En los comicios autonómicos de septiembre de 2016, en los que el PP volvió a arrasar, con un 47,5% de los votos, la formación naranja no logró entrar en el Parlamento gallego. La apuesta de la dirección nacional del partido por la periodista y escritora Cristina Losada como candidata a la Presidencia de la Xunta resultó ser un fracaso: tan solo recibió el 3,38% de los votos.

A Ciudadanos tampoco le había ido bien en las municipales gallegas de 2015, en las que solo obtuvo 16 concejales en 12 ayuntamientos, ni en las generales. Su único escaño en el Congreso por una circunscripción gallega, A Coruña, lo perdió cuando se repitieron los comicios en 2016.

Además, la decisión de la Ejecutiva nacional de retirar a Antonio Rodríguez como cabeza de lista al Congreso por A Coruña, sin celebrar antes las correspondientes primarias, les costó una rebelión interna en Galicia que provocó que decenas de afiliados se dieran de baja.

Afortunadamente para el partido, desde entonces las aguas se han calmado y eso le ha permitido centrarse en aumentar el número de militantes y en desarrollar y reforzar su estructura orgánica autonómica, sobre todo a partir de la Asamblea General del año pasado, que definió una nueva configuración para los órganos territoriales.

UN «MOMENTO DULCE» PARA CIUDADANOS

Cuando el secretario general, José Manuel Villegas, visitó Lugo la semana pasada, dijo que estaban viviendo “un momento dulce y de crecimiento” en Galicia porque “cada vez más gente se acerca al proyecto”. Junto a él estaba la portavoz del Comité Autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Lugo, Olga Louzao, que tomó las riendas del partido en la comunidad en julio y que podría ser la próxima candidata a la Xunta.

Entre esa gente que se acerca al proyecto de Cs hay también hay personas procedentes de otros partidos, incluidas algunas caras muy conocidas. Aunque no se ha concretado ningún fichaje, Louzao confirmó hace meses unas negociaciones con el exconsellero del PP Javier Guerra para su incorporación a Cs junto a otros miembros del PP de Vigo, y Villegas ha dicho ahora que Francisco Vázquez, exalcalde socialista de A Coruña, tiene una comunicación fluida con Albert Rivera y esperan que pueda “aportar al proyecto de Cs”.

Según los últimos datos aportados por la formación naranja, ya han consolidado unas cien agrupaciones locales en Galicia y cuentan con más de 7.000 inscritos, ganando una media de 50 afiliados y 150 simpatizantes al mes. De aquí a mayo, esperan poder tener cubierto un tercio de los municipios gallegos que juntos representan el 80% de la población.

Pese a lo complicado que resulta tener visibilidad pública y hacer oposición sin apenas presencia en las instituciones, Ciudadanos ha ido asentándose en Galicia progresivamente y las encuestas apuntan a que el partido naranja mejorará sus resultados municipales en 2019.

En las anteriores elecciones, consiguieron concejales en ciudades como Lugo, Pontevedra y Ferrol, pero se quedaron fuera en A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, y en Ourense ni siquiera presentaron una candidatura. El objetivo que se marcan ahora es obtener representación en ayuntamientos de las cuatro provincias gallegas y en las siete ciudades principales.

Casado recupera su mejor dato de popularidad tras el ‘caso máster’

Pablo Casado vuelve a sonreír. La empresa de sondeos Metroscopia publicó ayer en La Información los resultados de su última encuesta, en la que destaca la subida de confianza de los ciudadanos en el presidente del Partido Popular.

El líder de los ‘populares’ sube en apoyos a un 27% respecto al 21% que consiguió el mes pasado. La polémica del ‘caso máster’ y la decisión del Tribunal Supremo de no investigarlo han impulsado de nuevo la popularidad de Casado a los niveles previos a sus problemas con la Justicia.

En cuanto al resto de los líderes políticos, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en primera posición un mes más, aunque retrocede en apoyos del 44% al 42% en el mes de octubre, justo cuando acaba de aprobar con Podemos su plan de Presupuestos para 2019.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, atrapa a Sánchez en la primera posición de popularidad, tal y como hizo en la encuesta de julio. Buena parte de este éxito se debe al índice de apoyos que recibe tanto de su partido como de las filas del PP.

En este sentido, los más próximos al PP valoran positivamente al líder de la formación naranja con un 74% de apoyos. Un dato por encima de lo cosechado por el propio Casado, quien sólo tiene un respaldo del 66% entre sus electores ‘populares’.

Por detrás de Rivera aparece Pablo Iglesias, con un índice de aprobación del 31%, su mejor dato en los últimos meses, ahora que acaba de reincorporarse a la primera línea política tras concluir su permiso de paternidad.

encuesta Moncloa
La credibilidad en los líderes políticos. Foto: HERALDO

Casado se enfrenta estos días a las dudas internas dentro de su partido, tras las comprometidas declaraciones de la exministra Isabel García Tejerina sobre la educación en Andalucía y la última intervención en el Congreso de la portavoz del PP, Dolors Monserrat.

A esta situación se unen críticas internas hacia el número dos de los ‘populares’, Teodoro García Egea, por tomar decisiones «arbitrarias» e «incomprensibles» respecto a la elección de candidaturas del PP a las municipales y autonómicas, según publicó recientemente el diario La Vanguardia.

CASADO QUEDÓ EL ÚLTIMO EN EL CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó en septiembre su barómetro mensual y preguntó por la valoración de los políticos a los encuestados: Pedro Sánchez obtuvo un 89,8%, seguido de Pablo Iglesias (89,6%), Rivera (87,3%) y Casado (72,1%).

Desde las filas del PP se criticaba duramente los datos recogidos por el CIS. Dolors Monserrat manifestó la dudosa credibilidad que le daba a dicho organismo público por ser, en palabras suyas, «el apoyo de campaña del PSOE».

«Cada una de estas encuestas nos van a costar más de 250.000 euros a los españoles. esta fiesta de la manipulación de datos la pagamos todos»

Monserrat no fue la única en criticar la actuación del presidente del CIS, José Felix Tezanos. El portavoz de Ciudadanos, José Villejas alegó en septiembre su descontento con la empresa pública de sondeos: «Cada una de estas encuestas nos van a costar más de 250.000 euros a los españoles, con lo cual esta fiesta de la manipulación de datos la pagamos todos los españoles. Está hecha desde Ferraz. Que rectifique. Hemos pedido ya comparecencias por el tema de los dedazos y está el de Tezanos».

 

Un juez investiga a la embajadora en Bélgica por un delito de prevaricación

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha citado a declarar a finales de octubre en calidad de querellada a la actual embajadora española en Bélgica, Beatriz Larrotcha, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La diplomática tiene que comparecer el próximo 31 de octubre a las 12:30 horas en los Juzgados de Plaza Castilla acompañada de un abogado de su elección. «Le apercibo que tiene OBLIGACIÓN de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención», advierte el magistrado a Larrotcha en la cédula de citación a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM.

El juez Escribano también investiga en la actualidad la querella que interpuso Dimas Gimeno contra la dirección de El Corte Inglés. En el caso que Larrotcha, la querella penal fue interpuesta en el mes de mayo por el también diplomático Miguel Ángel Vecino contra la entonces subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores nombrada por Alfonso Dastis, tras excluirle en abril del reparto de puestos en el exterior que se hace cada año -el llamado ‘bombo’ en la jerga diplomática-.

Vecino ya interpuso en 2017 una querella contra los antecesores de Larrotcha en Exteriores (Cristóbal González-Aller y Rafael Mendívil) por hechos similares ya que desde 2014 se le denegaron todos los puestos diplomáticos que solicitó para ser destinado al extranjero.

Tras el reciente cambio de gobierno, el departamento que dirige ahora Josep Borrell destinó a Larrotcha como embajadora en Bélgica a mediados de septiembre mientras que Vecino fue elegido nuevo cónsul general en Edimburgo (Reino Unido) el pasado 8 de octubre.

En la denuncia contra Larrotcha se tipifican cinco hechos delictivos presuntamente cometidos cuando era ‘número tres’ de Exteriores. El más importante es el de prevaricación administrativa, ya que conlleva una posible pena de inhabilitación para empleo público de 9 a 15 años.

INICIO DE LA INSTRUCCIÓN CONTRA LA EMBAJADORA

También se incluyen los delitos de prevaricación por nombramiento ilegal, de coacciones, contra la integridad moral y contra los derechos de los trabajadores por «grave discriminación en el empleo público».

El hecho de que el juez Escribano cite a la embajadora por prevaricación administrativa no implica que haya descartado el resto de delitos en esta fase inicial de la instrucción, subrayaron las citadas fuentes.

Larrotcha Belgica
La embajadora Larrotcha, el día que entregó cartas credenciales al rey de los belgas. Foto: Embajada en Bélgica.

Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) indicó el viernes a MONCLOA.COM que en Exteriores no constaba aún la recepción de la citación judicial y que, por tanto, no se harían comentarios por el momento.

Esta citación judicial supone un contratiempo para el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en plena crisis con Bélgica a raíz de la decisión de España de retirar el estatus diplomático al representante de la región de Flandes en nuestro país. Este paso se dio la semana pasada como respuesta a las sucesivas descalificaciones del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, contra la democracia española.

El presidente de esta región belga, Geert Bourgeois, pidió tras ello al ministro de Exteriores de su país, Didier Reynders, que convocase a Larrotcha tras la decisión española de retirar el estatus diplomático a su delegado en Madrid, un acto que el primero calificó de «muy hostil» e «inédito en la historia de la UE».

La respuesta del Gobierno belga llegó a través del propio Reynders, quien estimó que la polémica abierta por las críticas de las autoridades flamencas a la democracia española era un «problema» entre España y la región de Flandes.

Si las autoridades flamencas quieren hacer llegar algún tipo de mensaje a las autoridades españolas, se hará a través de la embajada de Bélgica en Madrid«, declaró a Europa Press un portavoz oficial belga.

 

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