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Mientras el foco nacional se centra en la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez, prevista para este mismo jueves, en Cataluña están a otros asuntos. ERC, que aún no ha mencionado cuál será su posición con el PSOE, ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament, por la cual pide a la Cámara Catalana «abolir la monarquía» y mostrar un serio rechazo al discurso del REy Felipe VI tras lo acontecido en el 1-O.

La iniciativa, recogida por Europa Press y que se votará este jueves en el pleno monográfico sobre la ‘Cataluña real’, hace referencia a la resolución que aprobó el Parlament reprobando al Rey y que ha sido suspendida recientemente por el Tribunal Constitucional.

La propuesta también busca que la Cámara reafirme su compromiso con el derecho a la autodeterminación porque lo ven «un derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña».

Los republicanos exigen «detener la causa general contra el independentismo» y el cumplimiento de las resoluciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que piden la libertad inmediata de los presos soberanistas.

Asimismo, plantea que la Cámara «reafirme su compromiso con el libre ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos», especialmente los que consideran que ha vulnerado el Estado en los últimos años.

Entre ellos incluyen la libertad de expresión, el derecho a reunión, a un proceso judicial justo, a voto, a una vivienda digna, a huelga y a la autodeterminación.

En otro de los puntos, los republicanos buscan que el Parlament reitere que el futuro de Cataluña lo decidirá su ciudadanía en las urnas pese a «la criminalización del derecho a voto, a la libertad de expresión, a la reunión, a manifestarse y a decidir que puede suponer la sentencia del Tribunal Supremo».

PROPUESTAS CONJUNTAS CON JXCAT

ERC también ha presentado varias propuestas de manera conjunta con JxCat, entre las que destacan una que insta al Govern a trabajar «para obtener las herramientas propias de un Estado, desde la afirmación de Cataluña como sujeto político».

Ambos grupos reclaman al Govern «perseverar en el diálogo y la negociación para hacer efectiva la voluntad de la ciudadanía y encontrar siempre soluciones democráticas».

En otra resolución, exigen al Gobierno cumplir la disposición adicional tercera del Estatut, el Plan de Cercanías y finalizar el Corredor Mediterráneo, entre otras cuestiones, para que Cataluña tenga las infraestructuras necesarias.

Además, otra iniciativa de ERC busca que la Cámara pida al Govern proponer un sistema «objetivo y riguroso» para calcular un salario mínimo de referencia en Cataluña y aprobarlo en un plazo de tres meses.

Pedro Martín ha sido designado este miércoles nuevo presidente del Cabildo de Tenerife gracias al apoyo que le han brindado Sí Podemos y los dos consejeros de Ciudadanos Enrique Arriaga y Concepción Rivero, que permanecen suspendidos de forma cautelar por su partido, por no obedecer las directrices internas. El nacionalista Carlos Alonso, de Coalición Canaria (CC) pierde el cargo.

Tras una larga y tensa sesión que fue suspendida hasta que se aclaró legalmente la compatibilidad del consejero de Sí Podemos, José David Carballo –trabajador de una empresa pública dependiente de la corporación– Martín cuenta con el apoyo de 16 consejeros que le otorgan la mayoría absoluta en la corporación, por los 15 que suman CC y PP, que hasta hoy mantenían un pacto de gobierno en la institución –el nacionalista José Manuel Pitti no asistió–.

Martín, Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, es alcalde del municipio sureño de Guía de Isora desde 1995 y ha sido diputado autonómico y vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y recupera para el PSOE el bastón insular tras 32 años de gobierno ininterrumpido de CC.

ALONSO CRITICA UNA MOCIÓN «CON DOS TRÁNSFUGAS»

Martín ha comentado que el PSOE no compartía decisiones cuando cogobernaba con CC, como evitar la compra del edificio de Antonio Plasencia en Cabo Llanos, las «descalificaciones permanentes» a consejeros del PSOE en el Cabildo o la renovación de Las Chumberas.

Ha dicho también que se abre una nueva etapa en la isla en la que potenciará la creación de empleo, el emprendimiento y la innovación, con «políticas coordinadas» con el Gobierno regional y la formación y recuperación de fincas en el sector primario, advirtiendo de que el Cabildo debe «liderar» el proceso de construcción y rehabilitación de carreteras.

Ha propuesto la creación de un plan de movilidad, impulsar la igualdad o ayudar a la mejora de la sanidad o la educación aunque las competencias del Cabildo sean limitadas, lo mismo que en dependencia, que será un «objetivo fundamental», por lo que ha anunciado la construcción de nuevas residencias públicas.

Asimismo, ha valorado la «coherencia y lealtad» de Cs y la posición de Sí Podemos, que ha antepuesto los cargos a los programas e ideas, al tiempo que ha tendido la mano a CC y PP en aras del consenso y en favor del desarrollo de Tenerife.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha comentado que la censura se sustenta en «un folio» que busca una alternativa política, negando que CC quiere «patrimonializar» el sector público, pero entiende que «tres párrafos y una línea» no justifican el cambio.

Alonso apunta que «lo importante es el qué, no el quién», y el discurso de Martín «no aporta nada nuevo», pues critica la dependencia, cuando se han aumentado plazas o la movilidad, con una nueva política de tarifas para colectivos especializados.

Ha relatado también el aumento de fondos para la lucha contra la violencia de género, la política de becas e inmersión lingüística, una «inversión histórica» en carreteras, el Premio Nacional en Artesanía, el programa Tenerife 2030 o la gestión en vivienda, medio ambiente o seguridad, «que ha estado en manos del PSOE.

Alonso ha incidido en que el pacto del PSOE con Podemos y Cs no se entiende viendo la ‘mala relación’ que hay a nivel nacional entre las tres formaciones, aparte de que se sustenta «en dos tránsfugas» e incumpliendo el Pacto Antitransfuguismo.

«Esta no es la mejor manera de empezar el nuevo Gobierno», ha señalado, cuestionando si no es indigna la manera de acceder a la Presidencia.

Ha apuntado también que un gobierno con 13 consejeros «no da más estabilidad» al Cabildo, y desde el punto de vista personal, ha dicho que CC va a mantener su apuesta por el desarrollo de la isla, intentando promover el Pacto por Tenerife con nuevas acciones.

Enrique Arriaga, portavoz del Grupo Mixto (Cs), ha comentado que se censuran «los seis años de gobierno de Carlos Alonso y los 32 años de CC», dejando claro que no son tránsfugas y sí consejeros de pleno derecho, pese a los intentos de «manchar» su imagen.

Ha comentado que han sido «coherentes» con la «palabra dada» durante la campaña electoral, resaltando que la «nueva política» es «hacer lo que se dice» y no plegarse a los «poderes fácticos».

ARRIAGA DEFIENDE LA «COHERENCIA»

Arriaga ha criticado también la «soberbia» de CC y subrayado que «nunca» hubo un pacto con CC y PP. «En nuestra decisión no hay inquina, solo coherencia», ha destacado.

En su opinión, se abre una «nueva etapa» para que la isla «avance» y con tinerfeños «libres e iguales». «Aportaremos frescura y capacidad de diálogo», ha señalado.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha lamentado la tensión generada por la posible incompatibilidad de uno de sus consejeros, alertando de la «ineficacia» y «total incompetencia» de CC para resolver los problemas de los ciudadanos, además de otros casos de «corrupción» como Sinpromi, Recinto Ferial o las tarjetas de Turismo de Tenerife.

Ha señalado que hay motivos para «desalojar» a CC de la Presidencia del Cabildo porque se ha perpetuado un «entramado» donde «unos pocos» gestionan la mayor parte de las oportunidades que hay en la isla. «Se nos ha inculcado ser amables con quienes nos roba», ha explicado.

Belda ha mostrado confianza en el nuevo Gobierno –su grupo queda fuera y dará apoyo en los plenos– con un «apoyo firme» pero sin que sea un «cheque en blanco». «No hemos llegado a la política por los sillones», ha destacado.

Lope Afonso, portavoz del PP, ha comentado que la moción de censura es lícita y democrática, defendiendo su pacto con CC, porque aunque han sido «críticos» con la formación nacionalista, optaron por mejorar la isla «desde dentro».

Ha dicho que Cs se iba a sumar al pacto de gobierno «al menos hasta 90 minutos antes» de la presentación de la moción de censura y una vez se resolviera su propia situación judicial -está pendiente de sentencia del caso mercadillos–.

Afonso ha tildado a Arriaga de «nuevo Churchill» y criticado su falta de respeto en las negociaciones: «Usted solo ha conseguido extender una mancha grande sobre un acto democrático como el de hoy».

Le ha acusado de «emponzoñar» la política insular que va a acabar con su posible expulsión de Cs, lo que les sitúa como «eventuales tránsfugas», alertando de si Podemos va a ser un «elemento decorativo» o va a «condicionar» la acción de gobierno.

UN «DÍA TRISTE» PARA EL CABILDO, SEGÚN BERNABÉ

Marian Franquet, portavoz del Grupo Socialista, ha dicho que han sido muchas semanas de trabajo negociador para buscar puntos de acuerdo con partidos «ideológicamente distintos» pero unidos en la necesidad del «cambio» solicitado por la ciudadanía.

Ha apuntado que Alonso ganó las elecciones en Tenerife y fue investido presidente, pero cabe la moción de censura, destacando que Martín se compromete a gobernar «con todos y todas» y que no se va a «entretener» con «ruidos y broncas».

El portavoz del Grupo Nacionalista, Alberto Bernabé, ha dicho que es un «día triste» para el Cabildo porque se ha presentado una censura por primera vez en 106 años y basada en la «inquina, la sinrazón y la traición», pues dos consejeros de Cs que la impulsan están suspendidos de militancia.

«Debería llevar a una reflexión sincera», preguntándose si «vale la pena» llegar al poder en Tenerife con dos tránsfugas, un gobierno en «minoría inestable» y un apoyo «no gratis» desde fuera de Sí Podemos.

El Pleno estuvo suspendido algo más de una hora, a petición de la presidenta de la Mesa de Edad, Juana María Reyes, ante las dudas legales planteadas por CC sobre si el consejero de Sí Podemos, José David Carballo, podía presentar la moción de censura al tener una relación laboral con el Cabildo.

Mientras en Murcia el discurso de investidura de López Miras ha sido admirado por Ciudadanos y Vox, en la Comunidad de Madrid la situación sigue encallada. La formación de Santiago Abascal ha decidido tomar la iniciativa y presentar un documento a las dos formaciones más representadas de su bloque, pero a diferencia de Murcia, las exigencias parecen mayores. La formación naranja, desde luego, no está dispuesta a asumir alguno de los contenidos y pide que se hagan públicas las propuestas.

CIUDADANOS FIJA UNOS LÍMITES

PP, Ciudadanos y Vox están destinados a entenderse y todo apunta a que es cuestión de tiempo que anuncien un acuerdo den Madrid. Pero la formación naranja no quiere que sea a cualquier precio. Ignacio Aguado ha señalado, antes de conocer el texto, que no aceptaría “atacar los derechos y libertades del colectivo LGTBI, estigmatizar a los inmigrantes y frivolizar con la violencia machista”. Es más, el candidato de Ciudadanos ha aclarado que si Vox añadía algo así abocaría a la Comunidad a “una repetición electoral”.

Desde la formación naranja insisten en que el documento que ha presentado Vox dista mucho del que recientemente han aceptado en Murcia y que hará presidente el próximo viernes al popular López Miras. El partido de Rivera quiere que se haga público, para que todo el mundo observe que las peticiones de Vox son inasumibles por su partido y no ser acusados de bloquear aún más la situación de la Comunidad de Madrid, que permanece ‘desamparada’ desde el pleno en el que no hubo candidato por la incapacidad para sumar los apoyos necesarios.

LAS MEDIDAS DE VOX EN MURCIA QUE AGUADO ACEPTARÍA

Desde Ciudadanos, en cambio, si aceptarían las exigencias que Vox planteo en Murcia, y que ha explicado abiertamente en su discurso de investidura el candidato popular de la otra Comunidad. En ese acuerdo se recoge la “violencia intrafamiliar”, que no supone un obstáculo ni ningún impedimento para mantener la lucha por la violencia de género que sostienen PP y Ciudadanos. Otro de los aspectos es la libertad educativa, en la que simplemente se destaca que los padres decidirán si dejan, o no, asistir a sus hijos a charlas extraescolares que tengan que ver con otra ajena al estudio.

EL PP TOCA DEL DOCUMENTO PARA ADAPTARLO A CIUDADANOS

La baza de Díaz Ayuso, que hace escasos días se mostró convencida de que sería investida antes de agosto, es mediar entre las dos formaciones. La candidata a presidir la Comunidad de Madrid ya ha realizado algunas modificaciones al documento de Vox. Su objetivo es hallar un consenso con la formación verde, y firmarlo, que no suponga ningún obstáculo a lo pactado anteriormente con Ciudadanos. Aguado se ha negado a establecer su firma en el escrito de Vox, pero no rechazaría el acuerdo a tres bandas siempre y cuando el compromiso con Vox no sea suyo.

Una situación compleja, un pulso de egos y propuestas, que en los próximos días debería llegar a su fin con un pacto obligado que evite nuevos comicios y que, sobre todo, evite un gobierno de la izquierda, tal y como rezaban los lemas de los tas tres formaciones destinadas a entenderse en la campaña electoral. Tras días sin avances, Vox ha dado un paso al frente que, pese a ser rechazado, ha agitado de nuevo las conversaciones.

El Ayuntamiento, a destiempo, prepara su modelo alternativo a Madrid Central, después de Bruselas amenaza con presentar una denuncia a España por incumplir los límites de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades de Madrid y Barcelona. PP, y sobre todo Ciudadanos, han insistido en los últimos días que su intención nunca ha sido eliminar Madrid Central sino «transformarlo».

Ahora trabajan a contracorriente, como ha manifestado este miércoles el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la presentación del sistema Remad en el punto limpio de Arganzuela, un día después de conocerse que Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica.

Carabante ha precisado que «el expediente lleva abierto desde 2015 y el periodo escrutado por Europa por sobrepasar los límites establecidos en la directiva europea en todo el país lo hace en un periodo comprendido entre 2010 y 2017″.

Además, ha indicado que el mismo «pone de manifiesto que las medidas comprometidas por el anterior equipo de Gobierno no han sido eficaces para evitar superar esos niveles máximos, y remitirá al tribunal esa posible sanción.

OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Sobre la posibilidad de esa sanción, la cual es «posible» evitar, Carabante ha señalado que «es un proceso muy largo» y en él aprovecharán para «plantear un modelo alternativo, ambicioso y eficaz y poder evitar esa sanción a España«.

En este sentido ha indicado que las emisiones «no proceden únicamente» de los vehículos, sino que además hay otras fuentes de contaminación que también quieren combatir. «Lo presentaremos después de reuniones con asociaciones de afectados, pero también con expertos técnicos», ha remachado.

Tras indicar que ya ha mantenido más de 10 reuniones y encuentros con más de 30 expertos y afectados, Borja Carabante ha recordado que este próximo martes habrá una comisión de seguimiento de Madrid Central. «Queremos escuchar a todo el mundo, porque uno de los mayores errores del anterior equipo de Gobierno fue no escuchar a los implicados», ha señalado.

Ha recordado también que «a lo largo de este cuatrienio se destinarán 200 millones de euros para impulsar la renovación de la flota de turismo, carga y descarga, autobuses y de pequeños comerciantes y 50 millones de euros para renovación de calderas de gasóleo y carbón».

Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía pide imputar al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares por los servicios prestados por el comisario de Policía jubilado don José Manuel Villarejo.

Producida, finalmente, la imputación del BBVA, ésta se suma a las de las personas físicas de la entidad que, actualmente, ya se encuentran en situación de  investigadas: Ángel Cano, exconsejero delegado del banco; Julio Corrochano, exjefe de seguridad de la entidad; Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo; Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial de BBVA; Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas; Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria; Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión; Inés Díaz Ochagavía, exjefa de seguridad tras la marcha de Corrochano, y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo del banco.

En este sentido, desde el bufete que defiende a Luis Pineda Salido, presidente de AUSBANC, han aclarado que el 5 de julio de 2019 interpusieron la querella contra el BBVA y Francisco González, entre otros, precisamente por contar con indicios racionales de que la entidad financiera, a lo largo de todos estos años, ha pagado los sobornos al comisario jubilado y su entorno policial, de forma que éstos trabajaran para beneficio del banco y de sus directivos.

Los abogados de Pineda son plenamente conscientes de que la investigación en la pieza BBVA, que en si misma puede calificarse como una macrocausa, está actualmente bajo secreto de sumario, por lo que su conocimiento de los hechos investigados hasta ahora por la Policía Judicial son nulos; pero, sin embargo, con las fuentes de prueba de que disponen en este momento y en estricta aplicación del Código Penal, ampliarán la querella -o mejor dicho, propondrán orientar la investigación-, siguiendo el rastro del dinero que sirvió de instrumento corruptor.

La línea de investigación del bufete que defiende a Pineda se centrará en dos planos que consideramos esenciales:

Por un lado, lo que concierne al Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco, en la medida en que les parece una cuestión increíble y extraordinariamente grave el hecho de que una entidad bancaria como el BBVA (que debe estar altamente ocupada y preocupada con la represión y prevención del blanqueo de capitales, como lo prueban las duras cautelas con las que las entidades financieras tratan a sus clientes), sin embargo, en este caso, el órgano responsable del Banco no haya detectado -o sí, y en tal supuesto lo habría  tolerado- el pago de importantes sumas de dinero a un comisario de Policía en activo por servicios prestados a la entidad, siendo que, además, el pago de esos servicios se camuflaba a través de facturas falsas necesariamente inauténticas en cuanto que los servicios realmente prestados por los funcionarios públicos de policía no podían documentarse.

Por el otro, e inmediatamente relacionado con lo anterior, resultará esencial, según señalan desde el bufete, traer al seno de este proceso al Departamento de Cumplimiento para que explique qué clase de supervisión existió -si es que existió- para que la corrupción sistémica de la entidad se prolongara durante más de una década sin que nadie denunciara estos graves hechos y que, desde el punto de vista del tan de moda Compliance, habrá que analizar si estábamos o no ante un cumplimiento cosmético o ante un órgano que miraba hacia otro lado cuando tenía que hacerlo. Esto no es algo trivial si reparamos en que el propio BBVA, a sus inversores, en la información del Gobierno corporativo les informa que: “El sistema de cumplimiento del Grupo constituye una de las bases en la que BBVA afianza el compromiso institucional de conducir todas sus actividades y negocios conforme a estrictos cánones de comportamiento ético”.

Por tanto, la tesis que propondrá el bufete al instructor será investigar la realidad de su sistema de cumplimiento y de cómo se explica o justifica que una entidad que destina enormes cantidades de dinero al sistema de cumplimiento, ha podido convivir todos estos años tolerando la corrupción generalizada de los altos cargos de la entidad -y lo que es aún más cínico- cómo es posible que el BBVA, durante todos estos años, pudiera estar recibiendo galardones por su excelente cumplimiento normativo cuando la corrupción estaba muy probablemente instalada en su organización.

Era cuestión de tiempo. PP, Ciudadanos y Vox anunciaron hace unos días un acuerdo para la investidura de López Miras en Murcia. Este miércoles, dos días antes de que se produzca la votación, el candidato popular, en su discurso, ha abrazado las propuestas de Vox, algo que también hará Ciudadanos para desbloquear la situación. Tiempo de conflicto, de debates sin acuerdos, que finalmente ha terminado en un entendimiento, como posiblemente sucederá en la Comunidad de Madrid en los próximos días.

López Miras acepta las propuestas de Vox

En su discurso de investidura, López Miras se ha referido a todas las propuestas de Vox para “evitar que otros lo manipulen”. Nadie puede negarse “a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en el colegio”, ha apuntado el próximo presidente de la Comunidad de Murcia. Miras ha aclarado que Vox únicamente pide que los padres tengan que dar el consentimiento a sus hijos a “charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales”.

Respecto a la “violencia intrafamiliar”, Miras ha destacado que esta lucha no evita el compromiso “con todas nuestras fuerzas” contra la violencia de género. Se ha mostrado tajante en que no van a dar «ni un paso atrás» en la lucha contra la violencia de género, pero, «con el mismo empeño» van a luchar por defender «a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares».

Miras, como insisten las tres formaciones de derechas a nivel nacional, ha destacado que “el feminismo no es de derechas ni de izquierdas”. “Algunos partidos han intentado apropiarse de ideas y posturas que todos compartimos hasta el extremo de acaparar incluso términos». «Parece que hablar de libertad sexual o feminismo es sólo patrimonio de la izquierda, al igual que ocurre con el ecologismo o la defensa del medio ambiente», ha manifestado Miras.

Ciudadanos y Vox refrendan el acuerdo

Durante el discurso de investidura, el candidato popular ha agradecido a sus dos aliados que a pesar de las diferencias se hayan puesto en común para el beneficio de Murcia. Algo que, más tarde, ante los medios de comunicación, también han destacado Vox y Ciudadanos. El partido de Abascal ha tildado de “concretas” las palabras de López Miras y ha reconocido que “ha costado” por las diferencias en algunos puntos entre los tres partidos. No obstante, Vox ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a sus votantes al decir que sus propuestas “se van a llevar a cabo.

Ciudadanos ha evitado dirigirse a Vox y ha destacado los puntos que incluían en su programa. Ha definido el discurso de López Miras de “avance, impulso y apoyos” y han dejado claro que el viernes le darán de nuevo su apoyo. La formación naranja ha destacado que su presencia en el gobierno garantizará la regeneración, la bajada de impuestos, la lucha contra la violencia de género, la visibilización de todos los colectivos y la igualdad de los residentes de la Región.