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Los independentistas no están demasiado de acuerdo en la línea a seguir en los próximos escenarios. Un grupo de diputados independientes de JxCat reclama ahora que se reviertan los pactos municipales y supramunicipales «con los partidos del 155», en referencia a los acuerdos que se han firmado con el PSOE.

Pero este grupo, entre los que se encuentran el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, los diputados en el Parlament Aurora Madaula y Francesc de Dalmases, y la exconellera de Cultura y actual diputada del Congreso, Laura Borràs, según informa el ‘Diari Ara’, no se ha quedado ahí. Han solicitado votar ‘no’ en la investidura de Sánchez, que se realizará el próximo lunes.

En el documento se exige a los partidos independentistas no facilitar la investidura ni dar apoyo a ningún gobierno español «en un escenario de represión y negación del derecho de autodeterminación.

DESACUERDO DENTRO DEL PARTIDO

En el escrito se muestran preocupados por la «deriva del conjunto del independentismo» desde la frustrada investidura de Carles Puigdemont.

«Falta de unidad, partidismo más que visión de país, pérdida de confianza de la gente…», relatan los integrantes de este movimiento interno de JxCat al que los suscriptores invitan a sumarse para impulsar acciones que desarrollen el proyecto político que consideran que emana del 1-O.

Con este movimiento, también buscan recuperar la confianza del independentismo en las formaciones políticas que lo representan en todas las instituciones.

Los independientes de JxCat llaman a «fomentar y mantener el espíritu original de JxCat de transversalidad y discurso nuevo» con el que obtuvieron 34 diputados y cerca de 950.000 votos el 21 de diciembre de 2017, quedando segunda fuerza por detrás de Cs.

Quieren ofrecer un relato convincente para «recuperar la unidad del independentismo, con objetivos concretos» como la reversión de los pactos municipales y supramunicipales.

También plantean la mejora de los mecanismo de toma de decisión dentro de JxCat, «incrementando la transparencia y el rendimiento de cuentas».

Las dos portavoces de Más Madrid han condenado la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Marta Higueras, portavoz orgánica ha reclamado que se eleva a casación ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo del Tribunal de Cuentas sobre la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a un fondo de inversión «por decencia y regeneración democrática».

El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la EMVS al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. Una absolución que les libra de hacer frente a multas por encima de 20 millones de euros.

En la misma línea, ha ido la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, que ha criticado que haya sido «una exministra de (José María) Aznar» –Margarita Mariscal de Gante, presidenta de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas– y un consejero propuesto por el PP absuelven a Botella por la venta de viviendas públicas a los ‘fondos buitre'». «No sorprende pero sí avergüenza», termina la edil.

MÁS MADRID PEDIRÁ EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE PREPAREN EL RECURSO

El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid y consejero en la EMVS, José Manuel Calvo, ha adelantado a Europa Press que solicitarán en el consejo de administración de la empresa que los servicios jurídicos y el consejero delegado preparen el recurso de casación ante el Supremo.

Lo harán «en defensa de los intereses municipales» y porque consideran que la sentencia condenatoria sigue siendo válida en el sentido de que señala que se produjo una venta por debajo del mínimo.

«Se debe llegar al final cuando se cuestiona una operación que no responde al interés general y es lesiva. Es obligación del consejero delegado tratar de que el daño se restituya», ha apostillado Calvo.

Han tenido que transcurrir 25 años para que la ‘Operación Chamartín’, al fin, vaya a ser aprobada. El mayor proyecto urbanístico del país ha recibido el respaldo del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid. La votación definitiva será el próximo 29 de julio, donde PSOE y Vox harán público su voto.

La inversión definitiva para la Operación Chamartín será de 6.000 millones de euros, con los que se espera construir 10.500 viviendas, según el último acuerdo alcanzado por las tres administraciones implicadas en su puesta en marcha (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento). De este total de viviendas, en torno a un 20% serán de protección oficial. El plan recogerá también la remodelación de la estación de Chamartín con una mayor cobertura de sus líneas y la promoción de un gran centro de negocios.

Los planes, no obstante, podrán variar a lo largo de los años, ya que se prevé que la obra dure casi un cuarto de siglo. «(El proyecto) será mejorado», ha comentado Mariano Fuentes, delegado del área del Consistorio este miércoles, en la Comisión de Desarrollo Urbano de la capital. Es un proyecto para Madrid, entiendo que es mejorable, y tendrá mucho recorrido», ha sentenciado.

LAS OBRAS ARRANCARÁN EN 2020

Con el dictamen favorable de la comisión, el proyecto será abordado en el pleno y si, tal como se prevé, obtiene su visto bueno, se enviará para su aprobación definitiva a la Comunidad de Madrid, al ser la administración que debe ratificar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

El revuelo generado para aprobar la obra ha sido grande, sin encontrar nunca el consenso entre las distintas formaciones políticas. El último en hacer los retoques ha sido Más Madrid (de ahí su aprobación) y PP y Ciudadanos se han visto obligados a dar el visto bueno sino querían postergar aún más esta construcción de gran calado.

De esta forma, la previsión es que las obras de urbanización de la Operación Chamartín arranquen a finales de 2020 (fase que deberá estar concluida en 2028) en una remodelación que tiene un plazo previsto de ejecución de 24 años, según ha detallado el Ayuntamiento.

La inmensidad de la obra a todos los niveles inyectará un buen número de empleos. En concreto, se espera que genere 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos, lo que representa un empleo total estimado durante la fase de construcción de 117.792 empleos.

Una vez concluido, y en el funcionamiento cotidiano del ámbito, se considera que se generan 94.050 empleos en la zona con una población de 27.441 habitantes, por lo que será un ámbito utilizado por 121.491 personas de forma habitual.

Su desarrollo aportará a la ciudad cerca de medio millón de metros cuadrados de nuevas zonas verdes, entre las que se figura un gran parque de 120.000 metros cuadrados sobre la cobertura de las vías de Chamartín llamado a convertirse en un nuevo espacio de referencia en la ciudad.

Además, generará más de 1,3 millones de metros cuadrados de nuevas redes públicas de transporte y equipamientos, tanto al servicio de esta zona como de toda la ciudad.

Vox quiere saber exactamente cuáles son las medidas que ha implantado la Generalitat Valenciana mediante la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. La formación de Santiago Abascal ha mencionado que es «un instrumento en manos de la izquierda marxista que quiere construir robots en lugar de personas que puedan decidir libremente».

Por ello desde Vox han registrado hasta diez preguntas, después de afirmar que para sus diez diputados la norma aprobada el pasado año es «sectaria, adroctrinadora y fuertemente ideologizada». De paso, ha aprovechado para atacar al PP por «ponerse de perfil» ante esta medida, después de que los populares decidieran abstenerse.

Vox considera que la Ley 26/2018, del 21 de diciembre, «trata al niño como un adulto, señalando su ciudadanía activa y de pleno derecho, tanto en la esfera privada como en la pública, así como ‘su participación política y económica'».

A esto se suma que, a su juicio, con ella «no se cumple ningún mandato moral de protección de la infancia y la adolescencia, sino que se confiere a los niños y adolescentes unas prerrogativas que eliminan cualquier decisión de los padres en su desarrollo integral y en la formación de su propio criterio».

Se trata, para el grupo, de «un instrumento en manos de la izquierda marxista, que quiere construir robots en lugar de personas que puedan decidir libremente, tras un desarrollo afectivo y social como individuos únicos y con identidad propia, y no como piezas de un ajedrez a los que la maquinaria de la ‘interseccionalidad’ de la izquierda de género quiere manejar».

Con este «elemento artificial», Vox entiende que el Consell «pretende condicionar al ser humano desde su infancia, en la idea de que todo vale, y de que no hay cosas que están bien y cosas que están mal».

«DESPRECIO A LO NATURAL Y BIOLÓGICO»

«Se desprecia lo natural y biológico y se sustituye por lo construido por el hombre. Y o que es peor, por quien ostenta el poder y pretende dominar el pensamiento, como ocurre con esta ley y con todas las del Botànic, fuertemente impregnadas de ideología colectivista, materialista, y nítidamente marxista».

En esta línea, para Vox «resulta significativo que se publicara en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el día de Nochebuena y entrara en vigor el día de Navidad», así como que «sea una ley que hiere de muerte, una vez más, a la patria potestad de los padres sobre sus hijos menores.

A los diez diputados del grupo también les «llama la atención» que la Ley de la Infancia se aprobara con los votos del Botànic –PSPV, Compromís y Podem–, Ciudadanos y con la abstención del PP, que «se puso de perfil».

PREGUNTAS

En concreto, las primeras preguntas registradas por Vox van enfocadas a saber qué medidas ha adoptado el Consell para el cumplimiento del artículo 4.4 de la norma –desarrollo de políticas familiares de apoyo para que las familias puedan asumir plenamente las responsabilidades de crianza– y saber «cuáles son las ‘políticas familiares de apoyo’ a las que se hace referencia».

También quieren que la Generalitat detalle las medidas adoptadas desde la entrada en vigor de la ley y el cumplimiento del citado artículo, así como «en qué se ha concretado esa ‘protección especial'».

Otra de las peticiones del grupo hace referencia a las iniciativas concretas para cumplir el artículo 10.4 de la Ley de la Infancia —la Generalitat debe proporcionar una atención integral a los niños o adolescentes víctimas de maltrato, junto a una cuarta para saber se han destinado ayudas por «violencia intrafamiliar».

La siguiente pregunta es cuándo se elaborará el manual de estilo que recoge el artículo 12.2, «con el fin de que la información pública sobre casos de maltrato a menores de edad no afecte al derecho de las víctimas al honor, la intimidad y la propia imagen».

Vox cuestiona seguidamente sobre la «participación política de los menores de edad» y su «participación en la vida económica», recogidas en el artículo 16.1. Y, como colofón, quiere saber qué disposiciones ha dictado el Consell para el desarrollo global de la Ley 26/2018, que «entró en vigor hace más de medio año».

David Arranz, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, ha provocado este miércoles un giro de los acontecimientos. Mientras el PSOE, tras su acuerdo con PAR, busca integrar a formaciones de izquierda en una compleja ecuación, el ofrecimiento de la formación de Abascal puede tumbar la candidatura de Lambán.

El principal escollo entre el PAR y PP y Ciudadanos fue la necesidad de Vox para gobernar. Pero ahora, después de que Arranz haya afirmado que se limitarían a hacer una «leal oposición», esa vía sería suficiente para alcanzar los 34 escaños de la mayoría absoluta. Eso sí, Vox ha advertido de que en el futuro «discutiríamos cada propuesta y defenderíamos nuestra ideología política; no daríamos un cheque en blanco».

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la junta de portavoces del Parlamento aragonés que ha ordenado el debate para la investidura del socialista Javier Lambán, que se celebrará los días 30 y 31 de julio, Arranz ha comentado que «no parece que estén cerrados» los acuerdos para los apoyos que requiere el PSOE para que su candidato sea elegido presidente. De ahí que haya surgido su ofrecimiento.

En este contexto, ha explicado que su primer objetivo «es que no existiera un gobierno de izquierda con la extrema izquierda» en Aragón y por eso su grupo apoyaría una propuesta alternativa a Lambán, aunque no formaría parte de ese gobierno ya que «las coincidencias con Ciudadanos y el Partido Aragonés son complicadas» y «sería difícil» un acuerdo con estos dos partidos más el PP.

A su entender, «no es momento de pedir nada a cambio, sabemos cuál es nuestra representación» y por eso su papel sería de una «leal oposición» porque «creemos que es nuestro lugar», pero «sin cheques en blando a nadie», ha incidido. Ahora la incógnito es si el PAR está dispuesto a romper su pacto con el PSOE y elegir la abstención de Vox en lugar de gobernar con partidos como IU.

Arranz también ha mostrado su rechazo a que se volvieran a repetir las elecciones «por respeto a la propia ciudadanía; ya está bien de gasto y de convocarles de nuevo a las urnas», y ha opinado que la situación «se está alargando bastante» de cara al debate de investidura de Lambán.

TIEMPO PERDIDO

El portavoz de Vox se ha congratulado de que «por fin» haya una fecha para el debate de investidura ya que estas semanas son «tiempo que perdemos para la verdadera gobernabilidad» y para la defensa «de los intereses de los aragoneses» y la atención de sus preocupaciones en materia de educación, sanidad, seguridad, inversiones y desarrollo, ha enumerado.

No obstante, ha considerado que el acuerdo que está negociando el PSOE con Podemos, CHA e IU, después de haber suscrito un pacto con el PAR que necesita de más apoyos, es «complicado de cerrar» porque «son una serie de partidos muy diversos, el encaje del PAR ya nos parece muy complicado en esa coalición de gobierno de la izquierda con la extrema izquierda, y también complicado de entender para sus votantes.

Al respecto, Arranz ha considerado que el PAR está haciendo «malabarismos» y ha esgrimido que el plan de gobierno que se elabore fruto de esos acuerdos es difícil que «escape del sectarismo de izquierda, con un punto muy grande de aragonesismo y regionalismo que no creemos que sea muy conveniente para Aragón».

Rivales en el pasado, pero con cierta complicidad en la actualidad. Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar han coincidido dentro del Foro DigitalES Summit 2019 celebrado en el Complejo Duque de Pastrana (Madrid), donde han mostrado una buena sintonía. Ambos han coincidido en la necesidad de llegar a acuerdos para realizar reformas «transversales», que es lo que hicieron sus gobiernos en el pasado.

González cree que hay que acabar con la política de bloques actual para evitar que España, que hasta ahora ha ido «muy bien», se «estropee». El expresidente socialista ha recalcado que «ninguna de las grandes reformas» que tiene que hacer España se pueden conseguir sin un gobierno de mayorías. Unas palabras que llegan a escasos días de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que aún reclama a PP y Ciudadanos su abstención.

DEFENSA DEL BIPARTIDISMO

Además, González ha defendido el bipartismo que gobernaba antes de la emersión de Ciudadanos, Podemos o Vox, que siempre trabajaba «buscando el espacio de centralidad», en una estructura política que era «centrípeta» y apostaba por la «cultura de pactos» en las cuestiones importantes. Ahora, ha proseguido, hay un «pentapartidismo» pero «la característica fundamental es de bloques, que no buscan la centralidad sino el antagonismo».

De la misma manera, Aznar ha compartido el argumento de González de que no hay que «estropear» la situación de España, en un momento en que, a su juicio, algunos están dedicados a «socavar los pilares» de su éxito. También ha dicho que «compartir objetivos y centrar la batalla política» en la centralidad le parece «fundamental» para «ocuparse de cuestiones importantes».

LOS POLÍTICOS, AL «RINCÓN DE PENSAR»

En este punto, y a pocos días de que Pedro Sánchez se someta al debate de investidura, el también presidente de FAES ha dicho que «no solo consiste ser presidente del Gobierno pasando el trámite de la investidura sino en lograr «una mayoría constituida para poder tomar decisiones». «A falta de centralidad, a falta de objetivos compartidos, estamos jugando otros partiditos», ha lamentado.

Durante el coloquio, con bromas y guiños mutuos de los dos expresidentes, González ha apelado a buscar acuerdos e incluso ha defendido que los políticos puedan hacer como hacen los profesores con los niños al enviarlos al «rincón de pensar», ya que, a su entender, no se puede llevar a los ciudadanos a una nuevas elecciones. Aznar ha señalado que la «irresponsabilidad política en España es máxima» y ha lamentado la «hoguera de disparates políticos» que están viviendo en España.

En las filas ‘populares’ cada vez tienen más claro que la más que probable repetición electoral era un objetivo del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y no el último recurso ante la incapacidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo de investidura. En esta línea se ha expresado la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de ejercer «puro tacticismo» con el «claro objetivo» de llegar a nuevas elecciones.

La dirigente del PP ha manifestado que Sánchez «sólo piensa en si mismo» y ha negado que se negociara una abstención del PP de cara a la investidura de Sánchez. A su juicio, a Sánchez no le importa el país, sino «le importa él mismo y el poder».

Gamarra le pide a Sánchez «que deje de jugar con España y que deje de secuestrar la democracia»

En este sentido, la dirigente ‘popular’ considera que Sánchez está actuando desde el tacticismo «de cómo le iría a él» si hay nuevas elecciones y le ha instado a que negocie con su «socio preferente», Unidas Podemos y presenten un programa de Gobierno. «Lo que tiene que hacer Sánchez es plantear un programa porque estamos hablando de táctica y no de fondo», ha denunciado.

«Estamos viendo como el PSOE está convirtiendo lo que tiene que ser la investidura en el guion de una serie en lugar de la responsabilidad de gobernar España», ha criticado Gamarra, al tiempo que le insistía a Sánchez a «que deje de jugar con España y que deje de secuestrar la democracia». «Tiene la obligación de formar un gobierno y no jugar con España», ha subrayado.

NO HUBO OFERTA DEL PSOE PARA UNA ABSTENCIÓN

Gamarra ha negado que hubiera una oferta del PSOE para que el PP se abstuviera en la investidura, argumentando que el PSOE «ya ha elegido a su socio preferente y representan un modelo contrario al del PP». La exalcaldesa de Logroño ha insistido en que esta información se trata de «filtraciones interesadas».

«Es absolutamente falso», ha dicho sobre ese posible planteamiento. «El PP lidera la oposición porque lo han dicho los españoles y ese es el papel que Casado está ejerciendo», ha asegurado.

Asimismo, la dirigente ‘popular’ ha rechazado un escenario de repetición electoral porque «los españoles ni la quieren, ni la necesitan» y ha insistido en la responsabilidad del presidente en funciones de acordar un gobierno con sus socios.

«No podemos olvidar quien tiene la responsabilidad de negociar una investidura y tampoco podemos olvidar cuáles son los socios que ha elegido el PSOE», ha recalcado.

«Sánchez ha elegido a los independentistas y al populismo de Pablo Iglesias», ha afirmado Gamarra, en referencia a la reunión que mantuvo la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este martes para definir los apoyos de cara a la investidura que se celebra la próxima semana. «Ya vimos ayer que eligió a los independentistas, y nada más y nada menos que a Bildu», ha censurado.