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La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha hecho pública la adjudicación del contrato de neumáticos y baterías con destino a vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil. En él, se destinan 5.927.753,7 euros al suministro y montaje durante dos años, de neumáticos para los más de 19.000 vehículos de los que dispone, así como baterías para los mismos.

El suministro, que se ofertó el 11 de agosto, está dividido en tres lotes independientes: neumáticos para vehículos (turismos, todoterrenos, furgonetas, camiones, autobuses, etc.), neumáticos para motocicletas, y baterías de arranque para todos ellos.

El primer lote ha sido adjudicado a la empresa Bridgestone Hispania, S.A. y ha costado 4.911.886,1 euros. Se habían recibido otras cuatro ofertas, pero finalmente el fabricante japonés fue el elegido ya que obtuvo la “mayor puntuación en aplicación de los criterios de adjudicación” según el documento de la resolución.

En el pliego de preinscripción, la Guardia Civil calculaba la necesidad de 46.690 neumáticos para este tipo de vehículos durante los años 2019 y 2020. En la oferta de las empresas debía incluirse un precio fijo por la retirada, desmontaje y montaje de aquellos neumáticos desgastados o deteriorados.

El segundo lote, también adjudicado a Bridgestone, requería 1.324 neumáticos para motocicletas en el curso de dos años, y ha sido ofertado por 111.973,4 euros. En esta ocasión, también se debía incluir en el precio el mantenimiento.

Por último, el tercer lote, correspondiente a las baterías, ha sido adjudicado a Europart Hispano Alemana S.A. por valor de 903.824 euros. En este sentido, se requerían aproximadamente 6.598 baterías, así como un seguimiento de las mismas. El pliego especificaba que el proveedor está obligado a dar un servicio de retirada de las baterías usadas según la normativa de Residuos y Tóxicos Peligrosos, en un mínimo de 10 días a partir de la comunicación y, mientras tanto, proporcionar un contenedor para depositarlas.

EL KILOMETRAJE DE LA GUARDIA CIVIL

Fernando Gil Llorente, actual Jefe de Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, explicó en una entrevista a Transporte3.com que la media de antigüedad de sus camiones suele ser de unos 13 años, con un kilometraje de 150.281 km, y declaro que «aunque la antigüedad es mucha, los kilómetros son muy pocos. Se utilizan fundamentalmente para realizar apoyos singulares (ADR y municiones, ganado, puestos de mando…). Los servicios de transporte de mercancías genéricos se externalizan.»

En cuanto a los furgones, su edad media es inferior (10,63 años) y el kilometraje similar al de los camiones (157.192 Km). Estos vehículos son utilizados para los transportes de animales (perros) y para apoyar a otra especialidades (transporte de presos, actividades subacuáticas, desactivación de explosivos, servicios de transmisiones y comunicaciones…).
«También tenemos autobuses para el transporte de personal a actividades cotidianas y otros transformados dedicados al transporte de presos. Esta competencia es exclusiva de la Guardia Civil, por lo que se utiliza una flota muy importante de vehículos fabricados “ad hoc”, añadió Gil Llorente.

Todos los neumáticos ofertados deben ser de marcas reconocidas y consideradas de primer equipo por los fabricantes de los vehículos, así como disponer de dos certificados expedidos por representantes de marcas fabricantes, no superiores a un año anterior a la oferta. El Parque Automovilístico de la Guardia Civil cuenta con vehículos de prácticamente todas las marcas del mercado, normalmente las consideradas «generalistas», por lo que la empresa proveedora debe tener a su disposición una gran variedad de neumáticos.

EFICIENCIA EN EL CONSUMO

Tanto las baterías como los neumáticos deben ser nuevos, con una fecha de fabricación no superior a seis meses anteriores al día de la recepción y ajustarse a las normas de homologación. Todos ellos deben especificar el consumo orientativo, así como cumplir la medida de eficiencia de consumo de carburante según la normativa europea.

Asimismo, para ser elegidas, Bridgestone y Europart debían disponer de concesionarios en todas las capitales de provincia y en numerosas localidades donde se encuentran las comandancias, para poder cumplir el plazo estipulado de entrega de materiales a las instalaciones de la Guardia Civil, en un máximo de dos días o en menos de 24 horas si la orden de pedido se considera urgente. Este contrato es efectivo para todas las instalaciones de la Guardia Civil en España excepto Ceuta, Melilla e Islas Canarias.

Por lo que se refiere al periodo 2017-2018, el presupuesto para estos años fue de 6.032.203,32 euros. El contrato estaba estructurado de la misma manera y en esta ocasión Bridgestone también se hizo con la licitación de los neumáticos de automóviles y motocicletas, pero las baterías de arranque fueron adjudicadas a Exide Technologies, S.L.U., empresa estadounidense.

Mark Tejedor, Director General para la Región Suroeste de Bridgestone Europa ha declarado al conocer la resolución de la licitación que “es una satisfacción que la Guardia Civil renueve su confianza en Bridgestone, ya que pone de manifiesto la calidad, seguridad y prestaciones que ofrecen nuestros neumáticos a sus flotas. Por nuestra parte continuaremos aportándoles seguridad, confianza y calidad, valores que nos caracterizan y que compartimos con ellos, quienes son, sin duda, una pieza fundamental para la seguridad vial en las carreteras españolas”.

La Sala V del Tribunal Supremo confirmó ayer la pena a dos meses de arresto que le fue impuesta al exteniente Luis Gonzalo Segura por una falta grave, derivada de las declaraciones que realizó en varios medios de comunicación denunciando supuestas corruptelas en el Ejército, de donde finalmente fue expulsado.

El entonces militar tuvo que ingresar en noviembre de 2014 en un centro disciplinario militar para cumplir una sanción de un mes de arresto preventivo por vulnerar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Era la segunda vez que se enfrentaba a una sanción de ese tipo, ya que meses antes había sido sancionado con otros dos meses de arresto por las declaraciones efectuadas durante la promoción de su primer libro -«Un paso al frente’-, en el que narró una serie de irregularidades y presuntas corruptelas en el Ejército.

Ahora, la Sala de lo Militar del Supremo confirmó otra sanción que le fue impuesta en enero de 2015 como autor de una falta grave consistente en “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”.

Esta última sanción, que confirmó un tribunal militar en 2017, se refiere a una serie de entrevistas que concedió a distintas televisiones y un programa de radio en las que criticaba que el Ejército gastaba “dinero en campos de golf para que jueguen los oficiales que son muy necesarios para que luego tomen decisiones”. También dijo: “Yo he visto cómo una soldado le estaba pegando a un oficial porque éste le había realizado tocamientos y pasaron dos capitanes, que miraron a otro lado porque no querían saber nada”.

LA EXPULSIÓN DEL MILITAR SE PRODUJO EN 2015

Además, en una entrevista en el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta, acudió vestido de uniforme para realizar el mismo tipo de declaraciones. “Yo creo que si no me echan de forma reglamentaria me van a maltratar psicológicamente, acosar laboralmente, lo cual es algo muy usual en las FAS, como hemos visto con el ejemplo de la capitán Cantero y me machacarán hasta que me vaya”, afirmó.

Segura fue expulsado del Ejército en 2015 por una falta muy grave cometida por realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y la subordinación a los superiores al haber publicado varios libros críticos con la institución.

Otro de los motivos por los que se le expulsó es por haber denunciado privilegios “insultantes, delictivos y poco éticos para algunos oficiales” en la presentación de una de sus novelas. El exmilitar anunció en 2017 un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) contra su expulsión del Ejército después que el Tribunal Supremo la confirmara. Por su parte, la Justicia militar archivó en octubre de 2014 las denuncias de corrupción del entonces teniente, tras investigar estas supuestas corrupciones y malas prácticas.

«Lloro de impotencia, de indignación… Hoy es un día muy triste porque la Sala V de lo Militar ha desestimado mi último recurso y por ello se cierra para mí la posibilidad de volver a ser militar. Podré luchar por ser reparado en Europa, pero ya no podré volver a ser militar», afirmó Segura en un mensaje a MONCLOA.COM

«Y ello ocurre precisamente cuando ha salido a la luz uno de los múltiples casos que denuncié y que demostraban que la justicia militar y las Fuerzas Armadas necesitan regeneración: un mando militar siguió siendo militar después de acosar salvajemente a una soldado hasta que esta pudo fotografiarle masturbándose en la oficina. Esa es la clase de mandos militares que pueden seguir siendo militares, esos son los ‘errores’ que la institución perdona… ¡Asco, repugnancia!», prosiguió.

El exteniente hizo hincapié en que ha hecho todo lo posible por recuperar su puesto dentro del Ejército de Tierra, pero «nada» ha sido suficientemente. «Ni los recursos, ni los errores evidentes, ni demostrar mediante un ensayo, ‘El libro negro del Ejército español’, que todo era cierto… Porque si era falso, ¿por qué no denuncian lo que se cuenta en ese ensayo con nombres y apellidos?… Han pasado por encima de todo… No sé qué más decir ni qué más hacer, solo que hoy siento una enorme impotencia y desolación», concluyó.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ante las noticias aparecidas sobre las escuchas telefónicas encargadas por el BBVA a una empresa del excomisario José Manuel Villarejo, consideró hoy en un comunicado que es «imprescindible» que las autoridades judiciales investiguen y sancionen estas actividades, ya que pueden haber vulnerado el derecho de los ciudadanos a la privacidad de las comunicaciones.

En el caso de los periodistas, se sumaría a dicho delito el de vulnerar su derecho constitucional al secreto profesional, que es, a la vez, un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. «Sin el secreto profesional, los periodistas no podrían asegurar el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados de las noticias de relevancia pública que se produzcan», indicó la principal asociación de periodistas que hay en España.

La APM recordó que la consecución de tales objetivos por parte de los periodistas debe realizarse utilizando métodos dignos para conseguir la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos. «En ese sentido, los periodistas deben abordar los hechos respetando la legalidad, con criterio profesional, verificando y contrastando la información con las fuentes, para evitar ser manipulados y no terminar sirviendo a los intereses de los autores de tales delitos», concluyó.

BBVA ESPIÓ A PRISA, INTERECONOMÍA E HISPANIDAD

MONCLOA.COM incluyó entre las informaciones sobre este caso que el BBVA espió de la mano de Villarejo a directivos y periodistas de los grupos PRISA e Intereconomía, así como al digital Hispanidad.

En el caso de PRISA, situaba a dicho grupo mediático en el bando hostil a FG, Francisco González: se controlaron citas y teléfonos de periodistas y de algunos de sus hombres más significativos como Gregorio Marañón o Matías Cortés. Lo prueba la documentación acumulada en la operación Trampa que facturó Villarejo al BBVA y que obra en poder de MONCLOA.COM.

En los informes que Villarejo hacía llegar quincenalmente al BBVA desde el arranque situó como objetivos a Cortés y Marañón. Consideraba que el asalto a la cúpula del banco estaba pilotado por ambas personas de la máxima confianza de Polanco y “evidenciaba el grado de implicación del SCH (como entonces se llamaba el Santander) y Prisa en el proyecto de derribo de K”. El alias de ‘K’ fue el elegido por el policía encubierto para referirse a su cliente, el BBVA.

Villarejo lanzaba alarmas sobre el papel del poderoso grupo mediático: “Ante la confirmación de estos hechos, dada la importancia que supone intentar bloquear la actividad tanto de BOTE (Emilio Botín) y como de PRISA se adopta la doble estrategia de intensificar las contramedidas contra dichos objetivos”.

El 19 de de enero de 2005 los detectives de Villarejo “detectan un encuentro donde entre otros están varios periodistas de PRISA y Carlos Arenillas (vicepresidente de la CNMV).Ante la conducta de extrema clandestinidad detectada se avisa a T (Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA) y se adelanta que por las fuentes infiltradas en el GH (grupo hostil) se trata del inicio del ataque fuerte contra FG que se estaba esperando”.

“En su boletín de las 2.00, la Cadena Ser abrió con la noticia sobre un “supuesto fraude contable” que se remonta a 1996 cuando, al parecer, en la compra de la sociedad FG valores propiedad del presidente de K, por parte del estadounidense Merryl Lynch, se advirtió un descubierto contable de varios cientos de millones de pesetas”, detalla Villarejo.

“Ese mismo día este GIA activa la red de colaboradores relacionados con medios de comunicación para contrarrestar la campaña de PRISA“, explica Villarejo a su cliente, el BBVA.

En un momento dado, el comisario hoy detenido por espionaje y extorsiones, analiza una reunión de los máximos directivos de PRISA en el parador de Segovia en enero de 2005. Aunque la reunión no era pública, Villarejo se jacta de poder “reproducir la charla entera”.

Tras exponer su contenido (nuevo sistema de facturación, implementación del SAP y motivación de los trabajadores vía Recursos Humanos…) luego pasa a un terreno más inquietante: “Quedaron en tener el fin de semana una reunión urgente Rafael Irago como el máximo responsable de la cadena Daniel Gavela...varias llamadas desde el 91 347 08 23 al número que corresponde a un despacho del Congreso de los Diputados aunque no se ha podido constatar aún el titular”.

Los teléfonos de Matías Cortés y de Gregorio Marañon aparecen anotados e identificados en los trabajos de control de llamadas de Vilarejo. Las llamadas de GREGO(Marañon) son abundantes en el tráfico de llamadas en poder ilegalmente del GIA (Grupo de Investigación y Análisis) que pilota el comisario.

Marañón se ha ganado tal espionaje porque “reúne la doble condición de exdirectivo de K y persona muy vinculada a banco de BOTE (Botín) y al grupo PRISA. Se muestra especialmente activo en todo momento informando de cualquier incidencia o nuevo acontecimiento, contactando de manera directa con CAIN (Jesús María Cainzos,  vicepresidente del BBVA destituido por FG)”.

Pero PRISA no podía ser malvada en solitario en el análisis elevado a FG: “La estrategia maquiavélica del Grupo Prisa, aunque fue supervisada por MAX (Matías Cortés), fue teledirigida por MICKY (Miguel Sebastián), que logró convencer a Zapatero de la necesidad de mantener el pulso. Con la denuncia y la posterior filtración a la SER, se buscaba obligar a Conthe (presidente de la CNMV) a que actuara contra el presidente de K”.

Tal actitud del grupo de Polanco debería tener un castigo: “Los agitadores de PRISA han actuado como meros creadores de montajes. La actitud impune con la que actuaron exigía que se les crease cierta inestabilidad, incluso la posibilidad de que pudiesen llegar a sentirse perseguidos por otros periodistas. Esto es lo lo conseguido a través de un medio digital”.

No sólo se hacen rastreos de encuentros o llamadas de periodistas o directivos de PRISA. Se analizan todas las sociedades y vínculos de PRISA y se enuncian “sociedades instrumentales manejadas por el propio Matías Cortés”.

El bufete del exjuez Baltasar Garzón ya monopoliza la defensa de los comisarios investigados en el caso Tándem, tanto en su vertiente de espionaje para clientes privados como por la actividad de la llamada policía patriótica. Su último fichaje como cliente es nada menos que Eugenio Pino, ex DAO (director adjunto operativo) de la Policía.

Por tanto, bajo el paraguas de su actuación letrada se encuentran Pino junto con los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Los tres son los agentes de mayor peso implicados en Tándem -al margen de José Manuel Villarejo– o en otros sumarios por unos hechos delictivos con una doble vertiente.

Los comisarios investigados han participado, por un lado, en unos supuestos servicios a la Patria (o al PP) realizados aparentemente sin la cobertura de un mandato judicial, pero ejecutados con el pretendido fin de combatir el independentismo catalán (robo del pendrive del caso Pujol) o destripar los secretos de Luis Bárcenas (operación Kitchen).

En esos terrenos, los altos mandos policiales se sienten más o menos cómodos, a tenor de sus versiones judiciales o privadas, ya que subrayan que el fin perseguido era bueno -«conocer los testaferros de Bárcenas», «obtener pruebas del pujolismo»- si bien han orillado formalismos legales.

Algunos comisarios ya han exhibido como coartada que todo lo que hicieron lo hicieron por las órdenes recibidas. Es el caso de Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, que ya ha defendido ante el juez del caso Tándem que le daba a Villarejo todos los teléfonos (identidades o tráfico de llamadas) que le pidiera… porque así se lo había ordenado Pino.

Pino, en privado, siempre ha negado haber dado tal orden. Pero ahora tendrá que matizar sus palabras ante el juez García-Castellón. O desmiente judicialmente a su antiguo subordinado o tiene que reconocer que permitió dar teléfonos sin cobertura legal. Y, en ese caso, o eleva la responsabilidad de la orden hacia sus superiores políticos del PP o se comerá la paternidad del presunto delito.

Dado que comparten abogado, el bufete de Garzón a través de sus diversos letrados, lo natural es que se les invite a que tiren de la manta y eleven la responsabilidad de los actos ilegales. Y esto apuntaría a una doble jefatura: la del Ministerio del Interior y la del PP en la etapa de Mariano Rajoy. Los audios difundidos por MONCLOA.COM en relación con la exsecretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ya apuntan qué moquetas pisaban los espías.

Pero queda por desvelar qué superiores (director de la Policía, secretario de Estado o ministro) toleraron, ampararon u ordenaron tales labores de fontanería. En otros audios ya ha aflorado el amor que tenía el exministro Jorge Fernández por acabar con el nacionalismo catalán por cualquier vía. Los informes apócrifos policiales usados contra el pujolismo en plena campaña electoral ahora pueden adquirir autoría.

Es el sistema tradicional de proceder de Garzón como abogado y como juez. Nada más asumir la defensa de Ricardo Costa, exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y clave en las actividades de la trama Gürtel en esa región, dio un giro copernicano a su relato y acabó delatando el papel de sus jefes.

Y como juez, véase el caso GAL y cualquier otro, el proceder de Garzón era siempre el mismo: buscaba que los elementos menores implicados, José Amedo y Michel Domínguez, le permitieran escalar hasta la ‘X’ que presidía la estructura del terrorismo de Estado. La figura del arrepentido fue un recurso reiterado de sus éxitos.

El problema es que la segunda parte de la actividad de algunos de los elementos de esta trama de la policía tiene más que ver con el bolsillo que con la Patria: investigar los novios de Miguel Sebastián, la vida privada de un letrado malagueño o el tráfico de llamadas de una de las hermanas García Cereceda nada tiene que ver con el pujolismo corrupto, ni con Gürtel ni con objetivo policial alguno.

Y en eso ya hay suficientes indicios de que miembros de este equipo han cooperado alegremente al margen de la ley. Esto pone en un brete a los mentores y mandos de Villarejo. ¿Qué sabía Pino de lo que hacían sus chicos? Porque los agentes implicados, astutamente, usan el supuesto dejar hacer de Pino para sus actuaciones patrióticas para mezclarlas con otras más suculentas que ejercían para clientes del IBEX.

De tales investigaciones privadas, Pino siempre se ha mostrado ajeno y desconocedor. Y sobre las pesquisas patrióticas aduce que la Policía tiene derecho a investigar fuera de los cauces judiciales para buscar pruebas del delito.

Ahora Pino se lamenta en privado del uso que ha podido darse a su tolerancia hacia el hecho de que García Castaño prestase apoyo a Villarejo. Su versión de que él sólo se autorizó gestiones muy concretas y de interés policial queda embarrada por el uso masivo dado a tal cooperación Villarejo-Castaño, a tenor de los documentos del comisario.

Un ejemplo de ello son los papeles de Villarejo para BBVA en el caso Trampa, no desmentidos por su abogado en su reciente comparecencia, sino más bien al contrario. No sólo hay indicios ya publicados de la presunta implicación de García Castaño, también hay apuntes del supuesto espionaje colateral a letrados que hoy llevan la defensa de implicados en Tándem.

Por otro lado, la estrategia de Garzón de elevar la culpa a los mandos superiores nunca chocará con Villarejo. El comisario ya la practica desde prisión. El problema surgirá si la defensa de Garzón arremete contra Villarejo. Ambos han compartido mantel y secretos.

Entretanto, aunque el caché de Garzón está por encima de las posibilidades de todos los comisarios de la policía patriótica, la amistad de Garzón con alguno de ellos, especialmente con García Castaño, hace que en este caso el talonario no sea un problema.

Algunos agentes que cooperaron con Villarejo en sus espionajes o investigaciones, al saber la inmensidad de lo facturado, se revuelven al pensar que han sido implicados por unas migajas del botín de su amigo y, a veces, ni eso. Es la diferencia entre las investigaciones privadas y las patrióticas: a algunos les quedan coches de lujo, a otros la pensión.

GARZÓN NO ES UN BUEN RIVAL PARA EL JUEZ INSTRUCTOR

El efecto Baltasar Garzón, que logró iniciales desimputaciones de Salamanca y García Castaño, aunque luego revocadas por la Audiencia Nacional, eleva su cotización a la hora de ficharlo.

El exmagistrado no es buen rival para el juez García-Castellón y los fiscales: su experiencia del otro lado de la barrera y su red de contactos judiciales, policiales, mediáticos y políticos le dan un blindaje profesional que no todos los letrados poseen. Entretanto, el juez instructor ha preguntado a las partes sobre la conveniencia de acumular en la causa general de Tándem todas las piezas separadas que afectan a García Castaño, tal y como deseaban los fiscales para agilizar la investigación.