lunes, 7 julio 2025

Marí continúa su guerra contra Cs mientras Punset guarda silencio desde Bruselas

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Alexis Marí, exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, sigue su particular cruzada dialéctica contra el que fue su partido política hasta hace un año, cuando fue destituido del cargo que ostentaba, mientras su esposa, la eurodiputada naranja Carolina Punset, guarda silencio desde Bruselas.

Aquella salida traumática de Marí en Valencia provocó que se diera de baja del partido junto a otros tres compañeros parlamentarios: Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García. Los cuatro se convirtieron en diputados no adscritos y se desmarcaron entonces por lo que consideraban un “viraje ideológico” hacia la derecha.

El daño que le hicieron a la formación naranja fue considerable. No solo la dejaron con cuatro escaños menos en la Cámara autonómica (de 13 a 9) al negarse a entregar sus actas, sino que el partido ha tenido que soportar desde entonces que lo critiquen abiertamente mientras en algunas cuestiones incluso alaban a sus rivales políticos.

El más deslenguado ha sido siempre Marí, que últimamente se ha soltado más si cabe, dedicando varios insultos a Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, a través de mensajes en Twitter. El motivo de su cabreo es el rechazo de Cs a la reforma de la ley Electoral Valenciana, que ha sorprendido a muchos esta semana.

La explicación de los diputados de la formación naranja es que lo que pretendían hacer los partidos que sustentan al Gobierno valenciano –PSPV, Compromís y Podemos– no era una reforma electoral, sino un “parche”. La consecuencia es que, al menos de momento, se mantendrá el umbral del 5% de los votos para poder obtener representación en las Cortes Valencianas, una barrera que Cs había prometido rebajar en su programa electoral.

A Marí, las explicaciones de la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, le parecen una mera excusa: “Donde dije digo, digo Diego y viceversa. Una falta de compromiso y de cumplimiento claro del programa electoral que se vendió en el 2015”. “Conociendo los vaivenes de esa política errática y dependiente de Madrid, tal cual una sucursal de Bankia, solo se puede decir ‘todo en orden. Un horror y un error”.

El diputado valenciano espera incluso que, en las próximas elecciones autonómicas, su antigua formación no llegue al 5% de los votos y se quede fuera de las Corts. “Votaría antes al diablo que a políticos que no cumplen porque piensan más en el partido que en sus conciudadanos”, aseguró en Twitter.

«Votaría antes al diablo que a políticos que no cumplen porque piensan más en el partido que en sus conciudadano»”

Albert Rivera y los diputados valencianos de Ciudadanos son para Marí unos “cínicos e hipócritas” que le producen “asco” y “vergüenza”. Estos sentimientos podrían ser complicados de gestionar ya que su esposa, la eurodiputada Carolina Punset, sigue formando parte de la formación naranja.

“Todo en orden. No quieren. No les salen los números. Así son, así van, así los verán más pronto que tarde. Y Carolina Punset sigue en esa gran mierda gigantesca que se llama Ciudadanos. Ver para creer”, afirmó en un tuit al recordar que la eurodiputada, que antes de irse a Bruselas también fue portavoz de Cs en el Parlamento valenciano, sigue militando en el partido.

LA ESTRATEGIA DE PUNSET DESDE BRUSELAS

Mientras tanto, Punset prefiere guardar silencio. Es igual o más crítica que Marí con Ciudadanos, pero sabe que si lo ataca públicamente, se arriesga a ser sancionada y, posiblemente, expulsada. La eurodiputada ya dejó claro lo que pensaba de la cúpula del partido en general y de Rivera en particular en enero de 2017, cuando convocó una rueda de prensa en Madrid para denunciar la “desmedida” ambición del líder y la derechización que constató en Ciudadanos.

Desde entonces no ha vuelto a hacer unas declaraciones similares y se ha centrado en su labor en el Parlamento Europeo. Aun así, lo más probable es que no se presente en las listas de Cs a las elecciones europeas de 2019, bien porque ella misma lo descarte, bien porque no sea elegida como candidata.

 

El currículum más desconocido del gurú político de Pedro Sánchez

En los últimos días varios medios han escudriñado el currículum del jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, el sociólogo Iván Redondo, para comprobar si se ajusta a la realidad. En concreto, su formación en seminarios de la Universidad George Washington (EEUU).

Nacido en 1981 en San Sebastián y fundador de la consultoría Redondo&Asociados, incluye en su currículum del Portal de Transparencia que es licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, especializado en Información Económica por la Universidad Complutense. Además, se ha formado en los seminarios sobre campañas electorales que la George Washington organiza por todo el mundo.

Así, participó en el curso que se celebró en Madrid en 2006 y y colaboró, además de estar, en la organización de la edición de 2007. Igualmente, fue profesor en el mismo seminario internacional de la George Washington que se celebró en Puebla (México) en 2010 junto a la universidad de esta ciudad mexicana.

EL PERFIL PROFESIONAL DE REDONDO

Como suele ser en estos casos, su currículum está ajustado «a un perfil estrictamente profesional», en el que no se incluye toda su actividad académica «para no aburrir».

Por ejemplo, el gurú político de Sánchez realizó un postgrado en dirección de campañas electorales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE en 2006, junto con un curso de economía en 2004 en el Colegio de Economistas de Madrid.

Además, cuenta en su haber con ocho ‘Pollie Awards’, los ‘óscar’ de la consultoría política que organiza la Asociación Americana de Consultores Políticos en EEUU, un dato que sólo sus más allegados conocen.

 

La llegada de Casado revoluciona el PP con cambios a todos los niveles

“Ha sido como si entrara un elefante en una cacharrería”, señalaba el pasado miércoles un diputado del PP a MONCLOA.com. La llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP se ha dejado notar en todos lo niveles del partido.

Ese cambio no se circunscribe a la cúpula, donde los cambios ya son conocidos: la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, preside la Comisión de Exteriores; el exportavoz del Ejecutivo Iñigo Méndez de Vigo está al frente de la Comisión de Educación; el extitular de Justicia Rafael Catalá quedó situado al frente de Interior, y el eximistro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preside la de Economía y Empresa.

Esas cuatro presidencias de comisión estaban ocupadas hasta ahora por diputados que apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría en la carrera sucesoria (Pilar Rojo, Teófila Martínez, Rafael Merino y Arturo García-Tuzón), pero la ‘purga’ no ha quedado ahí.

También afecta a los segundos y terceros niveles, donde se han llevado a cabo renovaciones profundas y, sobre todo, se han dado directrices muy claras: no puede quedar nadie del anterior equipo, salvo los más próximos a Cospedal.

Donde más se han notado esos cambios ha sido en el Congreso de los Diputados. Además de los nuevos nombramientos en la dirección del Grupo Parlamentario, la ‘revolución Casado’ ha llegado también al nutrido grupo de asesores que trabajan para los distintos diputados y, sobre todo, a las órdenes de los portavoces parlamentarios.

El PP contaba hasta el cambio de gobierno con más de 300 asesores entre el Congreso y el Senado, y en estos días se están produciendo cambios que afectan a los principales miembros de los gabinetes de los portavoces.

Y no solo es que cambien de destino: las nuevas direcciones de los grupos en el Senado y en el Congreso están rescindiendo decenas de contratos de asesores para dar entrada a nuevas incorporaciones más próximas, al nuevo estilo que impera en Génova 13.

CASADO INTRODUCE CAMBIOS EN PRENSA

Por supuesto, en la Cámara baja el cambio más notable se producía, como ocurriera en Génova 13, al frente de la comunicación del PP: la que fuera jefa de prensa de María Dolores de Cospedal tanto en el partido como en el Gobierno, Isabel Gil, quedó al frente del gabinete de prensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Más drástico fue el cambio al frente de la comunicación del PP a finales de julio: la siempre alabada por los periodistas Marilar de Andrés dejaba la dirección de comunicación en manos de María Pelayo, que ha sido la mano derecha de Casado en la sombra durante todo el tiempo en el que el ahora líder del PP planeaba su asalto a la presidencia del partido.

La salida de Marilar de Andrés ha implicado cambios en el resto del equipo de prensa del partido. Con todo, lo más dramático que está ocurriendo en Génova 13 afecta a los cientos de trabajadores de este partido que pidieron excedencia hace siete años para irse al Gobierno, y que ahora están reclamando el reingreso en la sede del PP.

El problema es que se están encontrando las puertas cerradas porque, tras la moción de censura que desalojó del poder a Rajoy, el PP no tiene dinero para pagarles las nónimas y, además, no quiere hacerlo porque la mayoría tienen “síndrome de Estocolmo” con el marianismo.

Los gazapos de Celaá terminan con los tradicionales corrillos en La Moncloa

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha traído nuevos aires a La Moncloa, aunque uno en concreto bastante viciado: el hecho de que la portavoz, Isabel Celaá, se niegue a hablar con los periodistas al término de la rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros.

Curiosamente, desde esta semana se pueden visitar las instalaciones y jardines de La Moncloa en grupos reducidos de 25 personas, previa inscripción y en un recorrido guiado y gratuito. Los visitantes pueden entrar en la sala donde se reúne el Consejo de Ministros o se da la habitual rueda de prensa posterior está ya al alcance de cualquiera, pero pocos saben que esta “nueva época en la política española”, como le gusta destacar al presidente, también ha introducido otras novedades que suponen un paso atrás en transparencia.

A los visitantes de La Moncloa nadie les contará que en esa sala de prensa, donde cada viernes el Gobierno explica los acuerdos del Consejo de Ministros y se somete a las preguntas de los medios de comunicación, se ha puesto fin a una tradición de años: los corrillos al término de la conferencia donde, ya fuera de micrófono, los periodistas intentan sonsacar al compareciente aquello que se ha resistido a contar ante las cámaras.

El socialista Alfredo Perez Rubalcaba, que ejerció de portavoz del Gobierno tres años con Felipe González (entre 1993 y 1996) y uno con José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2010 y 2011, recuerda estos corrillos como el momento más peligroso de los viernes, cuando, pasado el examen de la rueda de prensa, los periodistas podían pillarle a uno en un renuncio.

Quien ejerce la función de Rubalcaba en el Gobierno de Sánchez es la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, cuya inseguridad a la hora de exponerse a los medios de comunicación se notó desde el primer día. En sus intervenciones tras los primeros Consejos de Ministros solía equivocarse en el momento de ofrecer el dato más clave. Aunque ha ido mejorando, los gazapos de Celaá siguen siendo la comidilla de los periodistas en las redacciones.

En el estreno de la portavoz el 8 de junio pasado, tras el primer Consejo de Ministros del Gobierno Sánchez, Celaá evidenció su desconocimiento sobre los controles a los que Hacienda somete a las cuentas catalanas.

Aunque tenía el encargo de presentar como un gesto de distensión con Cataluña el fin de una medida que debía desaparecer con el levantamiento del artículo 155 de la Constitución, la portavoz terminó confundiendo más a la prensa cuando fue incapaz de aclarar si el acuerdo del Consejo de Ministros afectaba al control reforzado que desde 2015 pesa sobre el presupuesto de la Generalitat.

LOS ÚLTIMOS ERRORES DE CELAÁ

Celaá también sembró el desconcierto entre la prensa cuando en la misma rueda de prensa fue variando el día de la llegada del buque ‘Aquarius’ al puerto de Valencia, pero más grave fue el día en que anunció un imposible: la posibilidad de que la Abogacía del Estado se personara en la causa contra los violadores de ‘La Manada’. Fuentes del Gobierno tuvieron que matizar después que en este caso concreto ya no sería posible la intervención de la Abogacía puesto que existía una condena.

La última frase memorable de Celaá en una rueda de prensa de los viernes se produjo en relación a la rectificación de la suspensión de la entrega a Arabia Saudí de 400 bombas guiadas con láser, una decisión adoptada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien tuvo que desautorizar el propio Pedro Sánchez, tras constatar que podía poner en peligro el contrato para que los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz construyan cinco corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes.

Robles quiso paralizar la entrega de las bombas por el temor de que los saudíes puedan emplear esas armas en el conflicto abierto en Yemen desde 2015, que enfrenta a una coalición de países árabes encabezada por Riad contra los rebeldes hutíes.

“Las bombas son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes”, razonó Celaá el viernes pasado empleando un argumento que sorprendió a propios y extraños. Con este historial de intervenciones, a la portavoz sus asesores se la llevan corriendo de la sala de prensa de Moncloa en cuanto termina la conferencia, no vaya a ser que algún periodista la pille en un nuevo gazapo.

 

El líder ‘chaquetero’ de Podemos en Burgos: cabeza de cartel por tres partidos diferentes

Encabezar una lista en tres elecciones municipales consecutivas es difícil de ver en los tiempos que corren. Pero ser cabeza de cartel por tres partidos diferentes es toda una proeza política… a riesgo de que te acusen de ser un chaquetero. Es el caso de Raúl Salinero, líder de Podemos en Burgos, y que en el pasado dirigió Izquierda Unida e Imagina Burgos antes de recalar en la formación morada.

Su trayectoria política comienza en 2011 con Izquierda Unida. El joven de 27 años y natural de Alicante logró un resultado positivo, al recuperar un acta para una coalición que había quedado fuera del consistorio burgalés cuatro años atrás. Sin embargo, la alcaldía recayó por mayoría absoluta en manos de Javier Lacalle (PP), cuya primera legislatura estuvo marcada por las revueltas y disturbios provocados en el barrio de Gamonal, que acabaron copando portadas de periódicos y arranques de telediarios.

El clima burgalés se tornó en irrespirable y el Ayuntamiento popular se vio obligado a dar marcha atrás en la construcción del Bulevar de Gamonal, «pelotazo urbanístico» según la oposición que contaba con un presupuesto de 14 millones de euros.

Este proyecto contó con la aguerrida defensa de Antonio Miguel ‘Míchel’ Méndez Pozo, conocido por todos como «el Rey de Burgos» por su poderío mediático a través del Diario de Burgos. El primer constructor encarcelado por corrupción, allá por el año 1994, tuvo que ver con frustración como la obra se guardaba en un cajón municipal gracias a la presión ciudadana.

SALINERO REPITE EN 2015 CON IMAGINA BURGOS

El PP de Javier Lacalle perdía su mayoría absoluta en Burgos en 2015 tras dejarse 12.000 votos, una cuarta parte de ellos en el barrio de Gamonal. Ciudadanos, sin embargo, no posibilitó un Gobierno alternativo y apoyó contra pronóstico su reelección para enfado del PSOE e Imagina Burgos, que gracias al apoyo de Podemos e Izquierda Unida se disparaba hasta los seis representantes. Al frente de ellos estuvo de nuevo Raúl Salinero, burgalés de adopción desde que decidió cursar a los 18 años sus estudios en la Escuela de Obras Públicas en esta ciudad.

Burgos
Raúl Salinero al frente de IU en Burgos en la legislatura 2011-15.

En los últimos meses, la imagen de Salinero se ha colocado en el centro de la diana de varias voces tras la ruptura de Imagina Burgos por la guerra de Podemos con la candidatura de unidad popular. El divorcio se formalizó este año después de que la formación morada explicase en un comunicado que los tres concejales de Imagina que militaban en el partido de Pablo Iglesias dejaban «de participar o formar parte de los distintos ámbitos de participación y decisión».

También se señaló que Raúl Salinero, Blanca Guinea y Marco Antonio Manjón «trabajarán de forma autónoma, defendiendo el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones de 2015». Finalmente, Manjón se mantuvo fiel a Imagina Burgos y abandonó Podemos.

PODEMOS APOYA LA RUPTURA DE IMAGINA BURGOS

Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León y portavoz de la formación morada en las Cortes castellano-leonesas, aplaudió la ruptura y se personó en Burgos en plena batalla de Imagina para dar su apoyo público a los concejales que dejaban la candidatura de unidad popular.

Podemos afirmó en un comunicado que «no se podía continuar en la dinámica de deterioro de una alternativa popular y progresista en la ciudad» y el propio Fernández, respaldado en rueda de prensa por Salinero y Guinea, señaló que ambos concejales no reconocían la legitimidad de la asamblea de Imagina Burgos, que pedía la devolución de ambas actas.

Imagina, por su parte, afirmó que la salida de ambos concejales era «turbia» y respondía a «intereses espurios», situación que suponía «una privatización de la toma de decisiones».

El culebrón político concluyó con la expulsión de ambos concejales por parte de Imagina, que votó con 137 votos a favor de un total de 156 personas que Salinero abandonase la portavocía del grupo y con 126 votos afirmativos a que ambos concejales devolviesen el acta, situación que no se dio porque ambos se mantienen como no adscritos dentro del consistorio burgalés.

FERNÁNDEZ CREE QUE PODEMOS MEJORARÁ EN BURGOS

El líder morado en Castilla y León subrayó que el trabajo realizado «a lo largo de los últimos tres años dará sus frutos en las elecciones de 2019» y afirmó que habrá gente que «echará de menos trabajar con dos personas de tanta valía como Raúl Salinero y Blanca Guinea».

Imagina respondió con pólvora: «Salinero y Guinea han incumplido los principios ético básicos de la formación, mostrando su voluntad de salir de los órganos de la formación porque el interés personal de ambos concejales ha estado y está por encima del bien general de toda la ciudadanía que eligió a IB para representarles en el Ayuntamiento.

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Raúl Salinero, candidato de Imagina Burgos, que logró seis representantes en 2015. Foto: ImaginaBurgos.es

Imagina denuncia que no podía «aceptar que dos personas que fueron elegidas por presentarse en las listas de Imagina, se apropien de unas acta de concejal que solo pertenecen a la organización que les presentó en sus listas y que quieren mantener faltando a su compromiso público», ya que creen en «la política hecha por la gente de Burgos y para la gente de Burgos, donde las decisiones se toman en nuestra ciudad sin atender a consignas de partido que vengan de Valladolid o Madrid.

La candidatura denunció también la «campaña de desprestigio destinada tanto a justificar su huida como a presionar y confundir con difamaciones a los participantes en Imagina, que Raúl Salinero ha vertido contra Imagina Burgos». Salinero por lo pronto afirma que seguirá trabajando «de forma autónoma», aunque en algunos foros locales ironizaban sobre el trabajo autónomo «porque no se le conoce trabajo fuera de la política a sus 33 años«.

UN VERANO GRIS PARA SALINERO EN BURGOS

No ha sido un verano plácido para el concejal no adscrito Salinero, que fue expulsado por el alcalde Javier Lacalle en el pleno del 27 de julio tras un choque en el turno de ruegos y preguntas. En agosto, Salinero también recibió algunas acusaciones por parte de su ex compañero Marco Antonio Manjón, que renunció en público en su militancia de Podemos porque no podía «seguir participando en una organización que ha dado un giro brusco a las expectativas».

El concejal de Imagina Burgos afirmó que la formación morada en Burgos, cuya secretaría política recae en Salinero, le negó la posibilidad de participar en las primarias de cara a las próximas municipales.

Con este ambiente tan enrarecido y de cara a 2019, Izquierda Unida concurrirá junto a Podemos a nivel autonómico y municipal en Burgos… excepto en su capital, ya que IU ha manifestado su intención de seguir apoyando a Imagina Burgos y el ex candidato de ambas listas, Raúl Salinero, es el claro favorito para rivalizar contra ellos desde Podemos.

 

España prepara el reconocimiento diplomático de Kosovo

Al despacho del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya han llegado varios informes sobre el proceso negociador al más alto nivel que han iniciado Serbia y Kosovo y que concluirá, previsiblemente, con un acuerdo histórico dentro de cuatro o seis meses. Si hay fumata blanca en los Balcanes, España efectuará el reconocimiento diplomático de Kosovo.

Fuentes diplomáticas consultadas por MONCLOA.com señalan que un acuerdo entre Serbia y la exprovincia albano-kosovar, en el que Belgrado reconozca la existencia de facto de Kosovo como sujeto autónomo, acabaría con el argumento de que la secesión de este territorio en febrero de 2008 no estaba amparada por el derecho internacional.

De ser así, España reconocería rápidamente a Kosovo. Más de un centenar de Estados ya amparan la independencia de este territorio balcánico -a destacar EEUU, Francia y Reino Unido-, aunque Kosovo sigue sin ser miembro de la ONU al haber grandes potencia –Rusia y China, sobre todo- que se oponen a su independencia.

España es uno de cinco países de la Unión Europea -junto a Rumanía, Eslovaquia, Grecia y Chipre- que no reconocen la secesión kosovar sucedida hace una década. Tampoco la vecina Bosnia, que aún no forma parte de la UE. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos españoles del PP y PSOE han sufrido enormes presiones de otras capitales europeas para sumarse a la corriente internacional.

Las citadas fuentes subrayan que el principal temor para España, más allá de que no le guste la fórmula del intercambio de territorios entre Serbia y Kosovo, es que el ejemplo kosovar sea aprovechado en su beneficio por los independentistas catalanes, quienes podrían tener la tentación de profundizar en la vía de la unilateralidad para buscar más adelante el reconocimiento internacional.

En medio del debate sobre un posible acuerdo entre Serbia y Kosovo, Borrell señaló a finales de agosto que aún existía un fuerte rechazo entre los países europeos a una solución que pase por un intercambio de territorios.

Europa no se ha construido para construir entidades monolíticamente homogéneas en lo cultural y en lo étnico

El jefe de la diplomacia española constató que existen “muchas reticencias” europeas a acuerdos que se basen “en una especie de delimitaciones étnicas de territorios» tras las informaciones de verano que hablan de un posible intercambio de territorio en el norte de Kosovo (habitado por serbios) a cambio de una zona en el sur de Serbia (donde viven sobre todo albaneses).

Europa no se ha construido para construir entidades monolíticamente homogéneas en lo cultural y en lo étnico. Se construyó para ayudar a vivir juntos a los diferentes. Eso de que vamos a redefinir fronteras no ha despertado ninguna simpatía”, aseveró el ministro.

Eso sí, Borrell reconoció que un eventual acuerdo ente Belgrado y Pristina facilitaría a los países que no han reconocido Kosovo -como España- tomar una decisión final. “No vamos a ser más papistas que el papa”, dijo.

Serbia, por su parte, tampoco reconoce la independencia de Kosovo, pero necesita llegar a un entendimiento con su ex provincia si quiere entrar en un horizonte cercano en la UE, con la que está negociando la adhesión.

BORRELL, A FAVOR DE UN ACUERDO SOBRE KOSOVO

Preguntado por si España corría el peligro de quedarse descolocada si no reconoce Kosovo y las partes del conflicto se reconcilian, Borrell destacó que España está a favor del acuerdo entre Belgrado y Prístina. “Nosotros no somos un obstáculo, al contrario», insistió antes de advertir que no le gusta la idea de que Serbia y Kosovo repitan el esquema de “una India grande y un Pakistán pequeño”, dos países que se separaron tras la independencia del Reino Unido en base a criterios religiosos y étnicos.

La guerra de Kosovo de 1998-99, entre Serbia y una guerrilla albanokosovar independentista, terminó con tres meses de bombardeos de la OTAN contra Serbia y Montenegro, las dos exrepúblicas yugoslavas que permanecían unidas. Tras ello, hubo casi una década de administración internacional de Kosovo, que terminó en febrero de 2008 con la proclamación unilateral de la independencia por parte de los albanokosovares.

 

Rivera saca pecho y acepta ahora un referéndum sobre el fin de los aforamientos

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La eliminación de los aforamientos políticos, uno de los principales objetivos de Ciudadanos dentro de su paquete de medidas de regeneración, se le estaba resistiendo al partido liderado por Albert Rivera, pero el escenario cambió ayer.

El desánimo empezaba a cundir ante la dificultad de obtener el apoyo del PP y el PSOE para retirar esta prerrogativa a senadores, diputados y miembros del Gobierno, que no se tienen que someter a los tribunales ordinarios, sino que son juzgados por órganos superiores.

Desde entonces, las cosas han cambiado y los últimos acontecimientos han resultado favorables para Cs, hasta tal punto que ahora el objetivo de eliminar los aforamientos parece alcanzable. Por un lado, Pedro Sánchez anuncia una reforma rápida de la Constitución para acabar con esta figura. Por otro, el PP ha decidido subirse al carro, después de haberle dado largas a la formación naranja durante todo el gobierno de Mariano Rajoy.

Ciudadanos logró incluir la supresión de los aforamientos políticos en el acuerdo de investidura que firmó con los populares en 2016, pero cuando intentó llevarlo a la práctica, el PP se dedicó a poner todo tipo de pegas y el PSOE tampoco se mostró entusiasmado con la idea. En cambio, los de Rivera encontraron un aliado en Unidos Podemos, decidido a poner fin a lo que considera un privilegio.

Sin embargo, lo que no gustó a Ciudadanos fue la exigencia del partido de Pablo Iglesias de que cualquier modificación de la Constitución se sometiese a un referéndum y de que la reforma no se limitase a la cuestión de los aforamientos, sino que fuese más amplia.

Según dijo entonces el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, el planteamiento de su partido era una reforma exprés de la Carta Magna, y la propuesta de Podemos podía retrasarla o incluso imposibilitarla.

Si bien Cs fue flexibilizando su postura poco a poco, después tuvo que hacer frente al rechazo del PP, que dijo que solo aceptaría retirar los aforamientos políticos de la Constitución si Cs le garantizaba que Unidos Podemos no forzaría un referéndum. Si las Cortes aprueban un cambio en la Carta Magna, la consulta a la ciudadanía es obligatoria en el caso de que lo soliciten al menos 35 diputados o senadores.

EL FIN DE LOS AFORAMIENTOS, SIN VOTOS EN CONTRA

Ahora, en cambio, el panorama es mucho más halagüeño para Ciudadanos, que se apuntó un tanto importante con la votación del martes pasado en el Pleno del Congreso. Consiguió que saliera adelante, sin ningún voto en contra, una moción en la que instaba al Gobierno a cambiar la Constitución en tres meses para suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, además de pedir a los Parlamentos regionales que desaforen también a sus parlamentarios.

A pesar de que tan solo era una moción -que en la práctica no obligan al Ejecutivo-, Rivera no podía ocultar su satisfacción, e incluso calificó la votación de “histórica”. Mientras tanto, la postura de Ciudadanos ha evolucionado respecto al tema del referéndum y ahora asegura no tener “ningún miedo” a que se le pregunte a los españoles sobre la supresión de los aforamientos porque, en palabras del diputado de Cs y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, esta reforma “atiende a la demanda de la ciudadanía”.

Eso sí, sigue sin aceptar la petición de Podemos de aprovechar la ocasión para tocar otros artículos de la Constitución. Llegados a este punto, el reto para los naranjas es lograr que la eliminación de los aforamientos que apruebe el Congreso no sea una reforma descafeinada, pues podría defraudar a sus votantes.

Para ello, tendrá que convencer al PSOE de la necesidad de desaforar a los cargos públicos también para asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones y no solo en el ámbito privado, ya que en caso contrario mantendrían el aforamiento al ser juzgados por casos de corrupción.

 

Las grietas en la izquierda abertzale complican el futuro político de EH Bildu

En octubre de 2011, 19 meses después de su último atentado mortal, ETA ponía fin a 43 años de violencia. En esos momentos el brazo político de la izquierda abertzale, EH Bildu, venía reclamando el cese definitivo de las acciones de la banda terrorista y pretendía rentabilizar electoralmente el proceso de paz con su retorno al Parlamento vasco tras tres años de ausencia.

El clima político parecía beneficiar a la coalición abertzale, que alcanzaba los 273.000 apoyos en las Juntas Generales del País Vasco de 2011, cifras que ponían en peligro la hegemonía del PNV, que solo disponía de 60.000 votos de diferencia. Las alegrías no venían solas porque su candidato Juan Carlos Izagirre se alzaba con la alcaldía de San Sebastián.

La dinámica positiva se mantuvo en las elecciones autonómicas de 2012, en las que Sortu, heredero de Batasuna, confeccionó de nuevo la coalición EH Bildu, que se convertía en la segunda fuerza de Euskadi tras mejorar en 127.000 votos los números de su antecesor, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El único lunar para la izquierda abertzale era Navarra, donde la desunión de sus fuerzas provocaba que Nafarroa Bai, coalición liderada por su escisión, Aralar, superaba a la matriz.

EH BILDU EN HORA DE COSTURAS

Los partidos que conformaban EH Bildu liderados por Sortu decidieron diluirse dentro de la coalición con la intención de unir fuerzas y dejar atrás matices. El final más traumático fue el protagonizado por Aralar, que cerraba su etapa política en diciembre de 2017 tras 16 años de trayectoria. Esta escisión liderada por Patxi Zabaleta cortó con Batasuna tras el fracaso del Pacto de Estella y la enésima tregua incumplida por ETA, consolidando una voz propia al margen de Sortu.

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Pello Urizar, último líder de EA y uno de las caras visibles de EH Bildu. Foto: Flickr

Tampoco fue fácil la disolución de Eusko Alkartasuna, escisión progresista del PNV, que contó con la negativa pública de varios fundadores liderados por su impulsor, el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea. Sin embargo los que apoyaban la fusión lograron una victoria por la mínima con el 52% de los votos y EA se integró en EH Bildu al igual que la minúscula escisión de Ezker Batua, Alternatiba.

2015 y 2016: PASO ATRÁS PARA EH BILDU

Las elecciones de 2015 dejaron un regusto amargo en EH Bildu, que celebró la conquista de la vara de mando de Pamplona y participó en el cambio en Navarra, eso sí, sin liderarlo. En Euskadi los números fueron peores: en las Juntas Generales se dejaron 30.000 votos y la distancia con el PNV se duplicó y al año siguiente, en las elecciones autonómicas vascas, la irrupción de Podemos le dejó sin una quinta parte del electorado conquistado cuatro años atrás.

El desgaste del poder en San Sebastián (donde cayeron hasta la tercera posición), la problemática disolución de algunos de sus miembros y la entrada de nuevos actores políticos dejaron a EH Bildu sin sus fuerzas iniciales, situación que se agravó por la relajada hoja de ruta del Gobierno central respecto al acercamiento de los presos de ETA, las amenazas minoritarias de algunos pistoleros de refundar la banda terrorista y la frustración del proceso catalán en otoño del año pasado.

BILDU: OBJETIVO 2019

En Navarra hay cierta preocupación en el seno del partido por una carta abierta publicada hace unos días por algunos representantes de sus socios de Gobierno en la Comunidad Foral. Varios miembros de Geroa Bai y Batzarre firmaron una misiva en la que reprobaban la actitud del Gaztetxe Maravillas, colectivo okupa cercano a la izquierda abertzale que realizó unas actividades en las que relacionaban la violencia de ETA como respuesta a la represión de 1936.

Voces de «oportunismo y electoralismo» se deslizan desde EH Bildu, que temen que se esté cociendo de cara a 2019 un tripartito entre Geroa Bai, PSOE y Unidos Podemos que los lleve a la oposición. También hay muchas reservas públicas hacia el proyecto del PNV para conseguir un nuevo estatus para Euskadi. En abril del año pasado dos exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaoikoetxea encabezaron la nueva plataforma Demokrazia Bai, que ha sido el prólogo del nacionalismo más moderado para conseguir un nuevo Estatuto vasco.

BILDU MIRA CON ESCEPTICISMO AL PNV

Arnaldo Otegi, líder en la sombra de EH Bildu, ha aplaudido las pretensiones del partido «sin renunciar al derecho a decidir» y a la vez apostando por un frente soberanista de la mano del sindicato mayoritario en Euskadi, ELA. En la izquierda abertzale todavía resuenan cual trauma las palabras de Urkullu en El País.

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Acto de Bildu, que se suma con escepticismo de la hoja de ruta estatutaria del PNV. Foto. Flickr

El lehendakari aseguraba que «el concepto de independencia es del siglo XIX. Nuestro nacionalismo en el siglo XXI es solidario, pretende más autogobierno para desarrollar las potencialidades del país en una soberanía compartida. En un mundo globalizado, la independencia es prácticamente imposible«, por lo cual Otegi califica el plan del PNV de «base de mínimos» y se acerca en público hacia el independentismo catalán con la intención de recobrar fuerzas para EH Bildu, que deberá cicatrizar heridas internas antes de volver a trazar una hoja de ruta secesionista.

El Gobierno aflora 6.000 millones por un déficit inflado que atribuye a Montoro

Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha tocado la lotería sin ser Navidad, después de que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montoro haya descubierto una desviación al alza de tres décimas en la estimación del déficit público para este año, según desvelaron fuentes gubernamentales a MONCLOA.com.

El actual Ejecutivo sospecha que este desfase contable en el gasto del 0,3% -es decir unos 6.000 millones de euros- fue ocultado deliberadamente por el equipo predecesor de Cristóbal Montoro a la Comisión Europea, con el fin de decir luego que el déficit no era tan alto y dedicar estos fondos a medidas de impacto social antes de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo de 2019.

«Nos dejaron de más», confiesa un alto cargo del Ejecutivo de Sánchez mientras se frota las manos ante el colchón de dinero que dispondrá ahora el Gobierno para políticas sociales en los meses previos a los comicios.

Las citadas fuentes subrayan que este cálculo de más en la estimación del déficit ha provocado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, se haya mostrado tan tranquila ante los primeros síntomas de desaceleración en la economía y la posibilidad de que finalmente no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, lo que obligaría al Ejecutivo socialista a convivir con las cuentas diseñadas por Rajoy y Montoro.

«España se encuentra en una fase de crecimiento del ciclo económico y tiene bases sólidas»

Calviño advirtió la semana pasada que si no se aprobaba una nueva senda de déficit habría una subida de impuestos «muchísimo más importante», pero al mismo tiempo confirmó la intención del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit público pactados con Bruselas porque los actuales, basados en los presupuestos que están en vigor, son «poco realistas».

«Voy a ser meridianamente clara: España se encuentra en una fase de crecimiento del ciclo económico y tiene bases sólidas, con un crecimiento que se mueve en una horquilla de entre el 2,6% y el 2,8%, tasas elevadas y superiores a la media del conjunto de la zona euro», insistió.

EL DÉFICIT QUE ATRIBUÍA RAJOY PARA 2018

Esas palabras de la ministra de Economía sobre el objetivo del déficit para este año escondían, a juicio de las citadas fuentes, las tres décimas de más descubiertas en las estimaciones que Montoro envió en marzo a la Comisión Europea.

En aquel momento, el Gobierno de Rajoy reconoció que el Estado acabaría este año con un agujero de 14.712 millones de euros, del 1,21% del PIB, es decir 6.200 millones más frente a su objetivo del 0,7% pero Moncloa cree ahora que estas cifras están infladas.

Montoro, además, señaló que el Estado, pese a incumplir, sería la Administración que más se tendría que ajustar el cinturón, con una reducción de déficit de 7.421 millones en comparación con los datos cosechados en 2017.

La otra gran incumplidora sería la Seguridad Social, mientras que comunidades autónomas y el superávit de los ayuntamientos permitirían reducir el déficit público total al 2,2% apalabrado con Bruselas: 26.998 millones de euros, según el Ejecutivo popular. Ello supondría 9.235 millones menos que el 3,07% del PIB con el que acabó el año 2017.

 

La resurrección de Ciudadanos en Cantabria amenaza la mayoría de Revilla

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La mayoría de Miguel Ángel Revilla podría peligrar en las elecciones autonómicas de 2019 por el previsible crecimiento de Ciudadanos, que ha cosido sus heridas tras el bronco verano del año pasado. Por aquel entonces la formación naranja forzó la salida orgánica de su número dos en la región, Juan Ramón Carrancio, que mantuvo su acta de diputado y posibilitó que el presidente cántabro aprobase sus presupuestos para este año con toda la oposición en contra.

Carrancio fue acusado por la formación naranja de «falsedad documental» y José Manuel Villegas impuso desde Madrid que el diputado Félix Álvarez tomase el control y la portavocía de Ciudadanos Cantabria. El humorista fue acusado de dar de baja a dos tercios de los militantes para asegurarse su mayoría, pero Álvarez hizo oídos sordos y se apoyó en el candidato y único diputado naranja del Parlamento cántabro, Rubén Gómez, quien también ha sido acusado de falsificar su currículum.

Félix Álvarez ha visto con satisfacción como el efecto catalán provocaba que los afiliados creciesen en Cantabria, región donde Ciudadanos apunta a que puede triplicar sus resultados de 2015. El humorista afirma que no tiene decidido presentarse a las primarias de enero, donde el partido de Albert Rivera elegirá en Santander al candidato para competir contra Revilla.

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Miguel Ángel Revilla ha amenazado con dejar la política tras tres décadas liderando el PRC. Foto: Flickr PRC.

El portavoz de Ciudadanos Cantabria, por lo pronto, ha arrancado el curso anunciando que no apoyará los presupuestos del PRC porque Revilla tiene que «quitar la grasa adiposa a las instituciones públicas, eliminar duplicidades y equilibrar el presupuesto por la senda de los gastos y no de los ingresos«. El presidente por ahora no entra en guerra contra Álvarez, ya que su estrategia se está basando en insinuar que no repetirá como candidato.

«Revilla me dijo que se marchaba, que no se volvía a presentar a ninguna reelección». Con estas palabras Fernando Jáuregui, periodista cercano al presidente, afirmó en COPE que el emblemático político cerraba su carrera dejándolo «todo atado». Sus rivales, sin embargo, afirman que no es la primera vez que insinúa su adiós. Este amago podría tratarse de una nueva estrategia del hombre que controla Cantabria desde 1995 (con la excepción de la legislatura 2011-15) ante el previsible crecimiento de Ciudadanos, al que algunas encuestas le sitúan como principal apoyo de una mayoría liderada por el PP.

Entre los populares todavía no se ha decidido quién rivalizará con Revilla, aunque su presidenta regional María José Buruaga aparece como favorita en todas las quinielas tras conocerse que el ex ministro Íñigo de la Serna no volverá a la política regional.

REVILLA RECIBE CRÍTICAS TRAS AÑOS DE COMPLICIDADES

El PRC celebrará en noviembre un Congreso en el que elegirá a sus candidatos para las autonómicas y municipales de mayo. La formación regionalista había disfrutado en los últimos años de un gran confort mediático gracias a las giras madrileñas de Miguel Ángel Revilla, que rompe audímetros con las promociones de sus libros o del turismo cántabro para alegría de Pablo Motos, Bertín Osborne o Iñaki López.

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Miguel Ángel Revilla en una entrevista concedida a Pablo Motos para Antena 3. Foto: Flickr de El hormiguero.

Sin embargo, en los últimos tiempos algunos medios ideológicamente cercanos a Ciudadanos están complicando las plácidas aguas regionalistas. Es el caso de OK Diario, que destapó que el Gobierno gastó más de medio millón de euros en latas de anchoas durante dos legislaturas, yendo a parar más de la mitad de la cifra a los bolsillos de un empresario que figuró en una lista del PRC.

LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL PARTIDO DE REVILLA

El mismo medio también acusó al PRC de poner su campaña de 2011 en manos de Puzzle Producciones, que obtuvo adjudicaciones por valor de más de 10 millones de euros en las dos legislaturas anteriores gobernadas por Revilla. Pero Eduardo Inda no es el único quebradero de cabeza para el presidente, que también soporta los ataques del locutor cántabro Walter García, votante declarado de Ciudadanos en la región en las autonómicas de 2015.

La estrella de la emisora autonómica Cadena Mix acusa al presidente de ser «el mayor estafador social de España», pero Revilla no entra al trapo y este año en la Fiesta Regionalista del PRC anunció que su partido está ante «una oportunidad histórica» en 2019 porque su partido podría convertirse, por primera vez, en la primera fuerza de Cantabria.

 

Giro en el lenguaje de Sánchez: los independentistas son ahora simples nacionalistas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a introducir en los últimos días un matiz significativo en su discurso sobre Cataluña, evitando referirse a los independentistas con esta etiqueta.

Así, tanto el jefe del Ejecutivo como alguno de sus ministros han optado por convertir a los independentistas en simples «nacionalistas», con los que sería más sencillo lograr un acuerdo puesto que no perseguirían como única meta la independencia, sino que podrían conformarse con algo a medio camino, según el razonamiento —o deseo, más bien— del Gobierno.

“Hay que llegar al territorio que nos ponga de acuerdo entre la sociedad catalana, entre nacionalistas y no nacionalistas. Es lo que busca el Gobierno, que se dirige a la totalidad de la sociedad catalana, a nacionalistas y no nacionalistas”, defendía el viernes pasado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La ministra mostró incluso su convencimiento de que «esto que es deseable va a ser posible» porque, ni las movilizaciones en la calle ni ninguna otra vía que no sea la del diálogo y el pacto entre el Ejecutivo español y la Generalitat, traerán una solución al conflicto actual.

«El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. (…) podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no»

En esa intervención, Celáa dividió la sociedad catalana en nacionalistas y no nacionalistas, borrando de un plumazo a quienes sólo se conforman con la independencia, como si este colectivo ya no existiese o hubiese mutado de modo natural a un estado más moderado.

Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empleaba la misma fórmula que su portavoz en la entrevista que le hizo la periodista Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta.

“El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. En torno a la idea del autogobierno podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no”, dijo el presidente, que sí empleó el término independentista, pero no para incluirlos en un eventual acuerdo, sino para pedirles que hagan autocrítica y sean conscientes de que la mayoría de la sociedad catalana no apuesta por desgajarse de España.

El lenguaje empleado por el Gobierno dista mucho del que utiliza, por poner un ejemplo, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, para quien la sociedad catalana se divide entre “independentistas” y “autonomistas”, extremos desde los que resulta más difícil lograr un mínimo común denominador, que es en lo que está el Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de manera frontal autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña que permitiese a este territorio decidir de manera unilateral irse de España. Ofrece, en cambio, una reforma del Estatut -que tendrían que votar en última instancia los catalanes en referéndum- para darle a Cataluña aún más autogobierno del que ya tiene.

Sánchez cree que parte del problema actual viene provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010, y en respuesta a un recurso interpuesto por el PP, recortó parte del Estatut que los catalanes ya habían votado y aprobado en referéndum, aunque con una baja participación.

LA CONSULTA QUE IDEA PEDRO SÁNCHEZ

Por eso los socialistas piensan que el problema se resolvería si se permitiese a los catalanes votar un nuevo Estatuto de Autonomía con la garantía de que el Tribunal Constitucional no lo va a modificar después, ya que en 2015 se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, que establece la obligación de resolver los recursos antes de que el texto termine su tramitación en las Cortes.

De nuevo jugando con las palabras y envolviéndolas en un papel más atractivo, hace pocas semanas Sánchez presentó esa consulta legal y preceptiva como un “referéndum de autogobierno”.

 

Margallo acusa a Borrell de «rendirse» en la negociación de Gibraltar

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José Manuel García Margallo ha arremetido contra el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un escrito sobre Gibraltar, al que ha tenido acceso MONCLOA.com, cuando Madrid y Londres se encuentran cerca de lograr un acuerdo sobre el futuro de la colonia británica tras el Brexit.

«El actual Gobierno de España ha declarado que la cuestión de la soberanía no está sobre la mesa, lo que supone rendirse antes de empezar a jugar«, advierte Margallo ante la pretensión del Gobierno de Sánchez de negociar únicamente con el Reino Unido las reclamaciones en materia de contrabando de tabaco, fiscalidad, medio ambiente y estabilidad de los trabajadores que cruzan a diario la Verja.

«Es obvio que con negociación o sin negociación, el Reino Unido y las autoridades gibraltareñas, están obligadas a cumplir con las obligaciones que la legislación comunitaria impone en las tres primeras áreas. Como también es obvio que no es asumible que los trabajadores españoles no tengan las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores locales. En síntesis, las reclamaciones españolas son puro humo«, sentencia el exjefe de la diplomacia española.

A juicio de Margallo, «no se entiende» que el actual Gobierno no aproveche el Brexit para plantear reclamaciones que ya planteó el Gobierno de José María Aznar en el año 2002 y que fueron, en principio, favorablemente contempladas por el Gobierno del Reino Unido, «siendo así que entonces no peligraba la posición de Gibraltar respecto a la Unión Europea y que lo que hoy ofrecemos supone ofrecerles una salida a lo que parecía una salida imposible.

El actual presidente de la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados insiste en que la mejor solución para la colonia y la zona circundante española es una cosoberanía compartida como la que negoció Aznar en su momento. Sin embargo, sus argumentos han caído en saco roto, no sólo con Borrell, sino también con Alfonso Dastis, quien descartó incluir aspectos de cosoberanía en la negociación con Londres sobre el futuro de Gibraltar cuando abandone la UE.

El Gobierno socialista indicó esta semana que utilizará la negociación del Brexit y el futuro estatus de Gibraltar para obtener «las cosas más positivas posibles» para los españoles de la zona y los que trabajan en el Peñón. En este sentido, el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer efectivo el Brexit contará con un protocolo específico en el que quedarán recogidos los aspectos que afecten a Gibraltar, según anunció el Gobierno en un comunicado.

«España ha declarado que la cuestión de la soberanía no está sobre la mesa, lo que supone rendirse antes de empezar a jugar»

«Vamos a utilizar la negociación para obtener las cosas más positivas posibles para nuestra gente, para España y para los españoles que trabajan en Gibraltar», aseguró Borrell tras reunirse con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier.

El Brexit será uno de los principales asuntos en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el próximo Consejo Europeo, previsto para octubre, y en la reunión informal que todos ellos mantendrán mañana y el jueves en Salzburgo (Austria).

LA PRIORIDAD DE BORRELL EN LA NEGOCIACIÓN

La situación en la que quede Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la UE es uno de los puntos «importantes» que quedan abiertos en la negociación y que el propio Barnier explicó que deben quedar resueltos antes de octubrecuando Bruselas pretende finalizar la negociación sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido.

En su comparecencia del pasado día 13 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Borrell afirmó que España no utilizará las negociaciones para reclamar la soberanía del Peñón, ya que la prioridad es mejorar la situación de la zona del Campo de Gibraltar. Esta postura no supone «ninguna renuncia» sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero el diálogo sobre el Brexit no es el marco adecuado, explicó entonces el ministro.

Según el jefe de la diplomacia española, Gibraltar no puede ser «el último obstáculo en el camino hacia el acuerdo del Brexit, y el objetivo debería ser que fuese «el primer paso» para ese pacto.

Entre sus principales preocupaciones sobre el Peñón, Borrell citó la pesca, la aduana, el contrabando de tabaco, el aeropuerto o la salida y entrada de trabajadores españoles y la convicción de que la colonia británica «no puede ser el tercer territorio con la renta más alta del mundo rodeada de una planicie de subdesarrollo». Para evitarlo, el Gobierno prepara un Plan General para el Campo de Gibraltar, con políticas activas de empleo, que dinamice la economía de la zona.

 

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