MoncloaPolítica Española

Vox facilitará con su abstención que el candidato del PRC, Miguel Ángel Revilla, sea reelegido como presidente de Cantabria en el Parlamento autonómico. El diputado del partido y portavoz del grupo mixto en el Parlamento autonómico, Cristóbal Palacio ha indicado, en el debate de investidura, que no va a poner «ningún inconveniente», aunque ambas formaciones están «en las antípodas ideológicas».

En su intervención en la segunda jornada de constitución parlamentaria, en la que el parlamentario Vox se ha estrenado en la tribuna, ha asegurado que le «encantaría votar a favor y no abstenerme», ha dicho, en proyectos, iniciativas y medidas del próximo Gobierno PRC-PSOE, ya que ha admitido que con algunas está «de acuerdo». En consecuencia, ha manifestado dirigiéndose a Revilla que «intentaré colaborar con usted en la medida de lo posible».

Para Palacio la «principal baza» de la Legislatura es el acuerdo firmado entre regionalistas y socialistas en Madrid

Palacio, que ha comenzado su alocución de manera anecdótica, al felicitar «en nombre del Grupo Parlamentario Popular» -en lugar del grupo mixto en el que se integra Vox- el resultado electoral del PRC, ha valorado el que la regionalista haya sido la lista más votada, extremo que ha achacado la «herencia personal» que Revilla ha recibido -según ha apuntado- de Podemos, que ha pasado de tener tres representantes a desaparecer de la Cámara.

Así, a su juicio, los votos morados habrían ido al PRC, partido que en opinión de Palacio carece de un programa «claro» y del que ha criticado que su «principal promesa» sea «coger un tren» que ya se ha «perdido cuatro veces».

En este sentido, ha considerado que la «principal baza» de la Legislatura que ahora comienza es el acuerdo firmado entre los regionalistas y socialistas en Madrid, para exigir el cumplimiento de las promesas pendientes, entre ellas las conexiones ferroviarias. Un documento que Palacio ve «muy difícil» que no se cumpla aunque, si sucediese, ha apuntado, «tampoco pasaría nada» porque «no sería la primera vez» y se «intentaría» rubricar de nuevo, ha indicado.

MEDIDAS Y ÁREAS DE ACUERDO

En cuanto a las líneas y medidas expuestas por Revilla en su discurso, el portavoz de Vox se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para sacarlo adelante. «Cuente con nuestra absoluta colaboración», ha expresado.

También se ha mostrado de acuerdo con líneas de actuación en el ámbito de la ganadería, aunque Palacio ha considerado que el presidente se limitó en su discurso a pronunciar «buenas palabras» sin aludir a medidas concretas.

De la financiación autonómica el representante en Cantabria del partido que a nivel nacional lidera Santiago Abascal ha admitido que es un asunto «esencial», aunque se ha mostrado «seguro» de que la negociación «ya se producido antes», según ha comentado.

En Sanidad, Palacio ha coincidido con Revilla en la idea de potenciar la industria sanitaria, pero ha precisado que tiene «mucha curiosidad» por saber cómo se va a hacer.

En Industria, el portavoz de Vox cree que no hay que «hacer nada» para que el PIB del sector siga incrementándose, como encomendó el jefe del Ejecutivo al consejero del ramo, sino que solo hay que dejar que las cosas «sigan como van» mientras continúe «cayendo» -ha contrapuesto- el PIB en el resto de actividades, también el turismo.

En este ámbito, sobre el polígono de La Pasiega, ha reiterado la postura alternativa de su partido de que se sitúe en Campoo, como ya defendió en campaña electoral.

En Educación, Palacio ha contrapuesto el «enorme» gasto por alumno en los centros públicos con el presupuesto destinado a la enseñanza concertada, por lo que ve «ineficacia» en el primer sistema, que precisa «el doble» de recursos que el segundo, según ha comparado.

Finalmente, en el terreno cultural, el diputado de Vox ha cuestionado que el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología se vaya a levantar en la zona de Puertochico de Santander, y ha planteado la posibilidad de que se hubiera proyectado en la cuenca del Besaya para «incentivar» este área de Cantabria.

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado la existencia de crisis internas dentro de su partido, tras las últimas voces discrepantes con la línea ideológica que se están manifestando, y ha arremetido contra las que sí considera crisis: las de Podemos o las del PP.

La inesperada dimisión del portavoz económico en el Congreso y miembro de la Ejecutiva permanente de la formación, Toni Roldán, a la que se sumaba, horas después, el abandono de la directiva naraja del eurodiputado Javier Nart, justificado en el giro a la derecha de la formación naranja desató la tormenta en forma de fractura interna.

«A cuatro de 35 personas de la Ejecutiva nacional no les gusta lo que prometimos en campaña»

Así lo ha indicado Aguado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las últimas bajas registras en las filas del partido, debido al viraje estratégico dado pactando con Vox.

«A mí no me parece una crisis, para crisis las de Podemos o las del PP. Me parece que ha habido cuatro personas de 35 que forma la Ejecutiva nacional que no les gusta lo que prometimos en campaña y han decidido cambiar de postura, son compañeros de partido por los que tengo respeto pero nosotros vamos a ir hasta el final por respeto a nuestros votantes», ha sostenido.

A su juicio, es legítimo cambiar de postura y que haya debate pero ha asegurado que hace dos meses ya se votó no investir a Pedro Sánchez y que es ahora cuando ha decidido ir por otros derroteros.

En cuanto a si se abstendrían en la investidura de Sánchez, Aguado ha reiterado que no, porque el candidato socialista ya «ha elegido socio, que es Podemos» y a veces «pacta con los nacionalistas, no solo con Podemos».

«Nosotros fuimos el partido más claro de todos, dijimos que no íbamos a investir a Sánchez y vamos a ser fieles a la palabra dada y vamos a estar en la oposición porque no nos gusta el modelo de privilegios de Sánchez», ha zanjado.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha eludido condenar los atentados de la banda terrorista ETA y ha advertido que no entregará un cheque en blanco al Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer su investidura. Así lo ha manifestado el líder abertzale durante una entrevista emitida anoche en ‘prime time’ en el Canal 24 Horas de RTVE.

En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, el dirigente abertzale ha eludido condenar explícitamente la violencia empleada por ETA durante los años de actividad armada y ha censurado en varias ocasiones el empeño en traer a la actualidad temas «del pasado» como la violencia terrorista cuando «se trata de una página que está pasada».

«Siento si alguna vez hemos generado más dolor del necesario o del que teníamos derechos a hacer»

«Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada, hemos contribuido a que desparezca. Me parece más significativo. Aporta más a la convivencia que una palabra», ha enfatizado el líder de EH Bildu.

En la misma línea, ha eludido referirse a los 307 crímenes cometidos por ETA que están pendientes de resolver al defender que no cuenta con información. En cualquier caso, ha reiterado la necesidad de conocer la verdad «de todas las víctimas», también las que han causado dolor por parte del Estado, y ha subrayado que no tendría «inconveniente» en que se creara una Comisión de la Verdad para investigar todo el dolor causado por las dos partes.

Toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia», ha hecho hincapié el dirigente abertzale, quien ha indicado que también le gustaría que el expresidente del Gobierno Felipe González dijera que está detrás de la ‘X’ de los GAL, no con el objetivo de su ingreso en prisión sino porque eso contribuiría a fomentar la paz.

«Se puede construir un escenario de paz en términos de confrontación o en términos constructivos»

En cuanto a una petición expresa de perdón, el dirigente abertzale se ha remitido a uno de sus libros para recordar que en el mismo ya lo pide. «Siento de todo corazón si alguna vez como portavoz habíamos generado más dolor del necesario a las víctimas o del que teníamos derechos a hacer», ha dicho remitiéndose a esta entrevista biográfica.

Así, ha cargado contra la «estrategia del reproche permanente» y ha señalado que si el «espacio de convivencia» se plantea para «buscar armas, sufrimiento o humillar a una de las partes» se convertirá en un ejercicio «estéril e irresponsable».

Aunque ha dicho que no reniega de su pasado, el dirigente abertzale ha reiterado que para construir un escenario de paz hay dos posibilidades: «hacerlo en términos de confrontación, de reproches mutuos, o lo hacerlo en términos constructivos». Así, ha defendido que este último escenario permitiría «ser mas eficaz».

LOS VETOS EN NAVARRA

Otegi ha querido «desmentir» que algún dirigente socialista se haya puesto en contacto con su partido para tratar de obtener un ‘sí’ en una eventual investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, el dirigente abertzale ha explicado que su formación mantiene reuniones «con cierta cadencia» con ERC para tener «una posición común». «Vamos a llegar a un acuerdo y a ser fieles a lo que dijimos en campaña: no vamos a permitir el acceso de la extrema derecha al gobierno», ha recordado.

Otegi critica la «estrategia de acoso y derribo» a la que se somete el PSOE por mantener contactos con EH Bildu

Así, ha asegurado que la posición particular de EH Bildu es de «no bloqueo y no cheques en blanco» y que todavía quedan «dos variables» por despejar. «Una es la posición de Podemos, y otra si Rivera aguantará la presión o no», ha añadido.

En cualquier caso, Otegi ha dejado claro que el «principio que regula» la posición final de EH Bildu de cara a la investidura pasa por la voluntad de Sánchez. «¿Va a ser el del 155? ¿El del juicio a los independentistas del ‘procés’? ¿O el que en el programa de Jordi Évole hablaba de presiones de las élites económicas? Hay que adoptar una posición u otra», ha avisado.

Por otro lado, Otegi se ha referido a la «estrategia de acoso y derribo» a la que a su juicio está siendo sometido el PSOE por mantener contactos con su partido. «El PP está muy alterado con esta entrevista, pero tengo guardado a buen recaudo las actas de mis negociaciones con ellos. No voy a tener mucho inconveniente en hacerlas públicas», ha apuntado.

El líder de EH Bildu lamenta que el homenaje del Congreso recuerde sólo a «una parte» de las víctimas

El líder de EH Bildu también ha hablado de la formación de gobierno en Navarra, y ha lamentado que los socialistas navarros hayan planteado un veto a su formación. «Estamos en fase de construir un clima sin vetos. La investidura puede salir o no, pero si se quiere una acción de gobierno no se puede sustentar sobre el veto», ha opinado.

En este contexto, ha reconocido que «es difícil» que el PSN «se siente» con EH Bildu por su lejanía «en términos políticos». «Pero aquí al final nos conocemos todos», ha manifestado, para después explicar que su partido ha llegado a acuerdos con el ‘popular’ Javier Maroto durante su etapa como alcalde de Vitoria.

«Esto es una dinámica muy normal y que aquí se ve con absoluta naturalidad. Hablar está bien. Otra cosa es acordar. Pero decimos con claridad que no aceptamos vetos«, ha zanjado.

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS

En cuanto al homenaje a las víctimas que el Congreso de los Diputados celebra anualmente, Otegi ha explicado que su formación no estará presente en el acto pero sí que tendrá representación en el minuto de silencio.

«Nosotros no queremos ir a ningún sitio donde no se nos quiera o piensen que tenemos una estrategia de provocación. Hemos decidido que al menos uno de esos diputados esté en el minuto de silencio», ha apuntado Otegi, para después asegurar que su formación respeta a «todas las víctimas».

En este sentido, ha lamentado que el homenaje que se celebrará en la Cámara Baja se recuerde a «una parte» de las víctimas y no a todas. «No estaremos en el acto porque no contemplamos un evento que no nos integre. Pero, para demostrar nuestro respeto, estaremos en el minuto de silencio», ha aseverado.

Estados Unidos ha pedido a Europa, y a España, reconocer a los emisarios de Guaidó como embajadores en plena crisis de Venezuela. El objetivo de Trump es meter presión a Maduro de esta forma, y con sanciones, hasta debilitarle.

«Sabemos que Maduro va a caer, eso está claro para Estados Unidos, la cuestión es cuándo», ha dicho la subsecretaria del Departamento de Estado norteamericano para Cuba y Venezuela, Carrie L. Filipetti, en un foro organizado este miércoles en Madrid por la Cámara de Comercio estadounidense en España.

Filipetti ha querido dejar claro que «Estados Unidos apoya una solución pacífica» como la que se ha planteado a raíz de los contactos iniciados el pasado mes de mayo en Oslo entre el Gobierno y la oposición con miras a emprender un nuevo diálogo para pactar una solución a la crisis política en Venezuela.

Sin embargo, ha reconocido que Washington es «escéptico» con Oslo debido al historial de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, que arroja tres fracasos en seis años, porque –según ha denunciado Filipetti– Maduro las usa «para socavar el proceso democrático».

Para garantizar que esta vez el diálogo político culmina con éxito, la responsable estadounidense para Cuba y Venezuela ha propuesto dotarlo de cuatro «herramientas básicas».

Así, ha instado a «trabajar con los representantes de Guaidó como el Gobierno legítimo de Venezuela», esto es, «que les demos las credenciales, que los sentemos en las embajadas y residencias (oficiales), que les demos participación en las instituciones».

Filipetti ha mencionado expresamente a los ‘embajadores’ designados por Guaidó para España, Antonio Ecarri, y Europa Oriental, William Dávila, que también han participado en el coloquio de AmChamSpain.

«Hago un llamamiento al reconocimiento porque, excepto Estados Unidos y algunos países de América Latina, el resto de países no reconocen como cargo oficial a los embajadores de Guaidó», ha reclamado Dávila.

A este respecto, ha explicado que «uno de los problemas» derivados de la falta de reconocimiento como auténticos embajadores es que no tienen acceso a la información sobre los activos con los que cuenta Venezuela en el país de destino. «Cuando me encargue de la Embajada que me toca en Viena, me tendré que llevar a un exorcista», ha bromeado.

En la misma línea se ha pronunciado el ex presidente boliviano Jorge Quiroga. «Se ha reconocido al Gobierno de Guaidó pero ¿dónde está la foto de Ecarri en la Cancillería (Ministerio de Exteriores)?», ha planteado.

MÁS SANCIONES

Como segunda herramienta, Filipetti ha defendido la necesidad de aumentar la «presión» sobre Maduro y los suyos mediante nuevas sanciones. La representante norteamericana ha recalcado que «funcionan», sugiriendo que sin ellas la vía de Oslo no se habría abierto.

En este sentido, ha reprochado a la Unión Europea que, mientras Estados Unidos ha dictado «cientos» de medidas punitivas contra la cúpula ‘chavista’, el bloque comunitario «solo» ha aprobado 18. «Hay mucho trabajo que hacer y urgimos a nuestros aliados a hacerlo», ha pedido.

Asimismo, ha abogado por expulsar de Venezuela a los agentes cubanos que forman parte del círculo político y militar más próximo a Maduro y que, conforme a la versión estadounidense, frenaron la ‘Operación Libertad’ el pasado 30 de abril.

Por último, ha considerado que «Maduro tiene que irse antes de que se celebren nuevas elecciones». Filipetti ha esgrimido que bajo su Gobierno «no ha habido nada parecido a unas elecciones libres y justas».

EL «PAPEL ESPECÍFICO» DE ESPAÑA

La subsecretaria estadounidense se ha mostrado convencida de que «esta es la forma más rápida y segura» de «dar una verdadera oportunidad de éxito» a las conversaciones en la capital noruega y «acabar con el sufrimiento del pueblo venezolano».

«Tenemos la obligación de no seguir esperando, sino de actuar», ha sostenido. En concreto, ha considerado que «España tiene un claro mandato para liderar» la solución a la crisis venezolana por su especial relación con el país iberoamericano. «España es un actor clave» y Estados Unidos le concede «un papel específico para facilitar la transición» democrática en Venezuela, ha recalcado.

Filpetti ha incidido así en lo expresado horas antes en el mismo evento por el embajador estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan III, que ha emplazado a España a hacer valer su posición de «liderazgo» dentro de la UE sobre Venezuela para endurecer las sanciones contra Maduro y su entorno.

«La UE está mirando a España», ha declarado el jefe de la misión norteamericana en Madrid, reclamando un «frente unido» que, para Estados Unidos, pasa por sancionar directamente a funcionarios ‘chavistas’ y cortar el grifo financiero al Gobierno de Maduro.

El ex presidente boliviano también ha exhortado a la comunidad internacional, ahora «dividida», en una especie de «ensalada» con el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y Oslo, a «hacer un solo grupo internacional para rescatar la democracia y la libertad en Venezuela.

«COLAPSO ECONÓMICO»

Por su parte, Ecarri ha hecho un llamamiento concreto a los empresarios españoles, «sobre todo al sector privado», para que apoyen a Venezuela en un futuro que ve con «optimismo» si se logra desahuciar a Maduro de Miraflores.

«El presente es de un gran pesimismo, pero el futuro es de mucho optimismo porque, afortunadamente, desde el punto de vista político la fuerza de la oposición está en torno a Guaidó y hemos creado por consenso un plan de desarrollo para Venezuela», ha señalado.

Para revertir lo que ha denominado un «colapso económico», que en cinco años se ha traducido en un 50 por ciento menos del PIB, la oposición venezolana ha diseñado una ‘hoja de ruta’ que, según ha expuesto José Manuel Puente, economista del IESA, pasa por recabar ayuda financiera, reestructurar la deuda, reducir la inflación y revitalizar la industria, especialmente la petrolera, entre otras medidas urgentes.

«No hay que inventar el agua tibia, puedes aprender de lo que se ha hecho en el resto de América Latina, pero una cosa está clara: sin un cambio político no habrá cambio económico», ha sentenciado Puente.

Pedro Sánchez aún no ha fijado cuando será el debate de investidura, pero sí sabe que será en julio. El presidente del gobierno en funciones no debe fijar una fecha al azar, ya que en caso de no encontrar consenso ni siquiera en la segunda votación, la repetición de elecciones sería exactamente a los dos meses.

Y es que, para que los comicios caigan en domingo, como suele ser habitual, la primera votación de una investidura, en la que se requiere mayoría absoluta, debe tener lugar un miércoles; 48 horas después se produce una segunda votación, si la primera ha fracasado, en la que Sánchez ya sólo necesitaría conseguir más votos a favor que en contra.

EVITAR EL PUENTE DEL 1 DE NOVIEMBRE

De las tres fechas posibles para esa primera votación, una de ellas presenta un inconveniente claro para Sánchez, la del 17 de julio. En el caso de que la sesión plenaria se convoque la tercera semana de julio y corra el plazo de dos meses sin que prospere la elección del presidente del Gobierno, eso implicaría que la jornada electoral de los nuevos comicios coincida en pleno puente del 1 de noviembre, festivo en todo el país.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 99.5 que, «si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso».

Esa repetición ya se produjo en 2016 cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo de Ciudadanos de principios de marzo, pasaron los dos meses sin que prosperara ninguna candidatura y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año.

SE ACORTÓ EL PERIODO ELECTORAL A 47 DÍAS

Tras aquel episodio y ante el riesgo de una nueva repetición de las elecciones en plena Navidad, los partidos modificaron la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días.

«En el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, el real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de la expiración del plazo de dos meses, contados a partir de la primera votación de la investidura –se incluyó–. Dicho real decreto se publica el mismo día de su expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. El real decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria».

Así las cosas, si Pedro Sánchez y Meritxell Batet deciden situar la sesión de investidura los días 9 y 10 de julio y el candidato no logra el apoyo del Congreso, ese plazo ‘ultimatum’ de dos meses acabaría el 10 de septiembre y, si para entonces nadie hubiese logrado ser elegido presidente del Gobierno, se disolverían las Cortes y la repetición de las elecciones generales tendría lugar el domingo 27 de octubre.

Ahora bien, si el debate de investidura se pospone una semana más y se fija para los días 16 y 17 de julio, ese plazo de dos meses acabaría el 17 de septiembre y la repetición de los comicios pasaría al 3 de noviembre, en el puente de la Fiesta de Todos los Santos (primero de noviembre), lo que podría incidir en la participación.

Habitualmente, una baja participación ha perjudicado más a los partidos de izquierda. De hecho, la estrategia de la campaña que el PSOE desplegó en los comicios generales del 28 de abril estuvo centrada en alentar una alta participación agitando el fantasma de la irrupción de Vox.

La tercera alternativa, celebrar el debate de investidura los días 23 y 24 de julio, supondría prolongar la interinidad, llevaría al 24 de septiembre el plazo de los dos meses y conduciría a unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. En cambio, aportaría algo más de margen en el mes de septiembre para las negociaciones entre partidos.

Tras la polémica surgida en Madrid, Vox ha abierto otra brecha en Murcia. La formación de Abascal ha presentado un documento este miércoles en el que plantea sus exigencias para avalar un gobierno de PP y Ciudadanos. Exige, entre otras cosas, derogar la ley LGTBI y deportar a inmigrantes. El partido naranja ya ha mostrado su desacuerdo.

En concreto, la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal presenta este documento ante el acuerdo de gobernabilidad firmado este lunes por PP y Cs, en virtud del cual ambas formaciones se reparten las consejerías para los próximos cuatro años. En este sentido, Vox ha exigido ser incluido en una negociación «visible, transparente y simultanea» de los tres partidos, «si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura».

Nuestro objetivo es que se conforme un gobierno que permita la gobernabilidad y el avance económico y social de la Región», resalta Vox, que advierte que no admitirá «cordones sanitarios» ni apoyará «a nadie que insulte, margine o menosprecie» a sus votantes o que trate de marginarles en cualquier negociación para formar gobierno o en la participación en el mismo, «con proporcionalidad, en las mismas condiciones que los demás.

A este respeto, Vox ha exigido «respeto» para las personas que les votaron, y advierte que no renunciará a los fundamentos sobre los que se sustenta su partido.

MARCO DE NEGOCIACIÓN PARA APOYAR LA INVESTIDURA

Por ello, ha presentado un documento titulado ‘Marco de negociación para apoyar la investidura’ basado en tres principios acordes con su programa electoral que dice no poder «violar», consistente sen la «libertad; economía e impuestos; e inmigración.

La primera de las exigencias de Vox es la «libertad de elección de centros por parte de los padres e implementación del cheque escolar»; al tiempo que reclama un plan integral para la difusión en los centros educativos de los valores constitucionales y para el conocimiento de la aportación de España a la civilización «como elemento clave de la Historia Universal».

Asimismo, reclama «protección para los símbolos de la nación española», y «libertad de los padres para poder educar a sus hijos según sus convicciones». Igualmente, reivindica la instauración del ‘PIN parental’ y de la autorización expresa de los padres para «cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales».

En cuarto lugar, exige la «defensa de la libertad de expresión y comunicación«. Y, para el cumplimiento de los dos puntos anteriores, considera «preciso» la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, «por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros.

En quinto lugar, Vox exige la «defensa de la libertad de cátedra para mitigar los estragos de la ley de memoria histórica y derogación de todos los preceptos aprobados a nivel autonómico relacionados con esa ley que sólo vuelve a crear la división entre españoles».

De la misma forma, insta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los partidos que integren el hipotético pacto de gobierno en la Región de Murcia a la «derogación de la Ley de Memoria Histórica, nefasta para la convivencia por volver a la enfrentar España en bandos».

Igualmente, exige la protección especial de la caza y las actividades relacionadas con ella; el «fin de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y otras fundaciones o asociaciones partidistas»; así como el «fin de las subvenciones a chiringuitos dedicados al proselitismo ideológico».

ECONOMÍA E IMPUESTOS

En el ámbito de la economía e impuestos, Vox reclama la «reducción del gasto político y de cargos dependientes de la Comunidad y simplificación de normativas»; así como el «cierre de estructuras paralelas y de duplicidades que permita una rebaja sustancial de los impuestos recaudados por la administración autonómica sin mermar la calidad en los servicios esenciales».

Asimismo, reivindica un sistema de beneficios fiscales para las familias y en especial para las numerosas, con una reducción del 50 por ciento del IBI para las primeras y exención para las segundas. Además, exige extender la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a los colaterales.

De igual forma, pide la revisión de impuestos y tasas de carácter medioambiental, estableciendo «criterios ciertos que respondan exclusivamente a razones de sostenibilidad ambiental»; y pide «ayudas a las PYMES y a los trabajadores autónomos durante sus primeros años de implantación».

Vox también exige el apoyo a los agricultores y la «unidad de todas las fuerzas políticas de Murcia que suscriben este acuerdo para exigir la interconexión de las cuencas en el marco de un Plan Hidrológico Nacional».

También incluye en sus exigencias un programa de ayudas a mujeres embarazadas «para evitar abortos mediante la propuesta de alternativas y desarrollo de la Ley de Protección a la mujer embarazada y a la maternidad aprobada en 2009».

Igualmente, reclama la elaboración de una Ley de protección de la familia «que contenga expresamente el apoyo a la natalidad con el establecimiento de beneficios importantes de carácter económico, social, educativo, etc. y en especial para las familias numerosa, o en su caso, exigencia del cumplimiento de la ley actual Aumentar la deducción por hijo en el tramo autonómico del IRPF».

Además, exige el apoyo a la investigación, ampliación de los servicios y desarrollo sobre cuidados paliativos; la ampliación de las ayudas y apoyo a las familias con hijos con síndrome de Down; y la elaboración, en el plazo de seis meses, de un plan económico y de gestión «que haga efectiva la apertura de la totalidad de centros de salud por la tarde a partir de 2020 y la drástica reducción de las listas de espera sanitarias.

INMIGRACIÓN

En el ámbito de la inmigración, Vox exige «el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la ley de extranjería, en el control de nuestras fronteras», así como la «deportación de los inmigrantes ilegales y apoyo para quienes entran por vía legal».

En segundo lugar, exige «realizar las actuaciones pertinentes para la no implantación del centro de MENAS previsto en la pedanía de Santa Cruz (Murcia) de tan solo 1.500 habitantes, por no ser el lugar adecuado para albergarlo».

«Mientras no se alcance un acuerdo en el que se consideren estas propuestas no se debería hablar de estructura de gobierno, que deberá ajustarse a un planteamiento razonable y eficiente, con el foco en los intereses regionales», concluye la formación de Abascal.